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Las calles del centro fueron escenario de la protesta de algunos vivanderos de las plazas distritales de mercado contra el Instituto para la Economía Social (IPES), quienes gritando consignas y portando pancartas exigían cobros justos por el uso y aprovechamiento económico de bienes públicos, así como la firma de contratos de largo plazo, que elimine la incertidumbre cada que hay cambio de alcalde.
Algunos casos tienen rostro. Patricia Tovar trabaja hace 25 años vendiendo plantas y esotéricos en la plaza del Quirigua, en Engativá. Asegura que el IPES ha incrementado sin razón el costo de lo que ella conoce como arriendo. “Son tarifas que no podemos pagar. Firmé contrato con ellos y me ha tocado solicitar créditos, porque si me atraso me embargan”, dice. Por su parte, Pilar Bogotá, comerciante en la plaza de Las Ferias, presenta recibos que demuestran cómo pasó de pagar $243.744 en julio de 2022 a $3.639.948 en diciembre de 2024, o el de otra comerciante de Las Ferias, quien mostró seis recibos, cada uno por $928.612, para una deuda total de más de $5 millones, con plazo máximo de pago el 31 de marzo.
El concepto de pago está discriminado por derechos de aprovechamiento económico, acueducto, aseo y energía. La entrega de estas facturas quedó consignada en un acta del pasado 7 de enero, tras una reunión que tenía por objeto regular los pagos, actualizar documentos e invitar a formalizar el contrato de su local. “Hubo un tiempo que no nos volvió a llegar recibo, porque nos dijeron que el contrato estaba vencido. Pasamos los papeles de renovación, pero por negligencia de la administración los dejaban vencer. Ahora nos envían estas seis facturas, cada una por más de $3 millones. Lo normal es que suba el IPC. Que nos cobren, pero la tarifa justa”, reclama Pilar Bogotá.
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El Distrito tiene una explicación: “Teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría, referentes al cobro de la cartera vencida y por el uso y aprovechamiento económico del espacio público, y en cumplimiento de las disposiciones administrativas, el IPES reactivó los recaudos, toda vez que a los comerciantes no formalizados no se les hacía el cobro hace más de tres años. Por esta razón se han generado los recibos del último semestre de 2024, incluyendo una tarifa básica por los servicios públicos de $7.000, la cual será ajustada”.
Firme aquí
La Resolución 267 de 2020 fija el reglamento administrativo, operativo y de mantenimiento de las plazas de mercado. Sin embargo, al haber sido expedida en pleno año de pandemia, los vivanderos y comerciantes se quejaron por no haber sido socializados 100 %. Hoy transcurre una demanda que fue admitida el 16 de enero por el Juzgado 68 Administrativo de Bogotá.
En esta resolución, entre otros, se determina que los contratos de aprovechamiento económico “se podrán pactar hasta por cuatro años, conforme a la solicitud del postulante y al resultado del análisis del Comité de Asignación”. A pesar de ello, Ciro Vega, presidente de la Asociación de Vivanderos y Comerciantes de la Plaza de Mercado Quirigua, aseguró que algunas personas tienen contratos por un año, situación que termina en que otros desistan de firmar. “Claro que da terror firmarlos, porque en el momento que ellos decidan no renovarlos, pues ponen a las personas en la calle”.
Entre los requisitos para la asignación de locales o bodegas en las plazas (donde el IPES asigna máximo tres espacios por postulante) se encuentran un formato de hoja de vida, documento de identidad, RUT, RIT, libreta militar, formato de propuesta de negocio, experiencia en Cámara de Comercio, entre otros documentos en una larga lista, que depende de la capacidad financiera del postulante.
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Además, para firmar el contrato y quedar regularizados ante el Distrito deberán estar a paz y salvo con los pagos o saldos en mora. Según la misma resolución, el documento estratégico PE01-DE-004 versión 6 estableció la ecuación para el cálculo de tarifas, entre estas, divididas en tres grupos, desde los cinco hasta igual o más a los 17 salarios mínimos. Así lo explica Vega, quien resalta que dentro de sus exigencias está ajustar estos valores, teniendo en cuenta a la población vulnerable. “En las plazas hay adultos mayores, discapacitados, reincorporados y más, y debe haber una tarifa diferencial. Somos una economía social y no comercial, y esta administración tiene la oportunidad de incluirla. Estamos esperando reunirnos para llevarles esa tabla hecha por abogados y economistas”.
El IPES
Las protestas les sirvieron a los vivanderos y comerciantes para que se abriera una mesa de diálogo, en la que el IPES se comprometió a suspender temporalmente el cobro del último semestre de 2024, hasta que se emita el Protocolo de Uso y Aprovechamiento, y a revisarla, junto con la Veeduría Distrital de Plazas de Mercado, donde cada proceso de pago que cuente con embargos en curso, bien sea para levantarlos o suscribir acuerdos de pago. Finalmente, el lunes 27 de enero se reunirán de nuevo para tratar la tarifa por el uso de un bien público.
Su director, Wilfredo Grajales, reconoció que los cobros excesivos es una situación generalizada, “pero cuando les dijimos que íbamos a revisar caso por caso decían que no, que cualquier decisión debía ser para todos. Y uno sabe el interés de algunos, que pese a tener cinco o diez locales, quieren que se les cobre lo mismo que a una comerciante con un local pequeño en la plaza de los Luceros (…)”.
Detalló que para los recientes cobros tienen en cuenta variables, como en qué plaza están, cuánto produce esa plaza, cuántos metros cuadrados están aprovechando y cuántos puestos tienen. Luego, una variable sobre la persona, “sobre todo con índices de vulnerabilidad. Y hay otra que es la actividad y ganancia económica para ver cuánto pueden pagar”.
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Finalmente, sobre los contratos, reconoció que “esos requisitos asustan a la gente y terminan siendo excluyentes”. “Yo he venido diciendo, entreguemos un acta y firmemos, pero no es tan posible (…). Esa discusión (sobre la fijación de tiempo del contrato) se está dando con el protocolo. Empecé con la idea de que la gente se moviera, pero en este punto veo que debemos trabajar en que la gente quiera independizarse. Esa es la mentalidad que debemos formar”, agrega Grajales.
El Decreto 315 de 2024 establece que el IPES debe emitir un Protocolo de Uso y Aprovechamiento que reemplazaría la Resolución 267 de 2020. Por ello, la Veeduría Distrital de Plazas de Mercado hace un llamado para que en los siguientes dos meses, antes de su expedición el 31 de marzo, se sigan teniendo mesas de diálogo y en conjunto se construya ese Protocolo, para no repetir errores del pasado que nuevamente terminen en demandas.
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Por María Angélica García Puerto
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