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Hace 30 años se expidió la ley que hizo obligatoria expresamente la publicidad de los actos y documentos oficiales, lo cual en su momento fue una significativa conquista para la trasparencia, después de tantos años de injustificada reserva estatal.
Sin embargo, tres décadas después el acceso a la información pública continúa siendo demorado y engorroso, como si aún no existieran internet ni los documentos electrónicos y viviéramos todavía en el siglo XIX, cuando dependíamos de los amanuenses.
Actualmente, las normas aplicables al derecho de petición a la administración pública establecen un plazo inexplicable e injustificadamente extenso para obtener copia de los documentos: ¡10 días hábiles! ¿Acaso no vivimos en la era digital y éstos se podrían obtener en línea sin mayores dilaciones?
La Ley de Transparencia (1712 de 2014), aún a pesar de ser tan permisiva y tolerante en muchos aspectos, consagra varios principios, como el de máxima publicidad para titular universal y el de divulgación proactiva de la información. Si de verdad se aplicaran tales principios no deberían existir tantas trabas injustificadas ni tanta falencia en la información disponible en las páginas web de las entidades públicas. Muchas parecen ser más propaganda oficial que medios expeditos de acceso al ciudadano a la información estatal.
Hace pocos días se expidió la Ley 1755, que regula otra vez el derecho de petición, ahora en su condición de derecho fundamental. El Congreso de la República, en lugar de aprovechar esta oportunidad para hacer más acorde este derecho a la realidad del mundo digital, se limitó a replicar las normas existentes, apenas para cumplir la orden de la Corte Constitucional.
Muchas veces hay que recurrir a la acción de tutela para obtener una atención efectiva del derecho de petición, con todo y que se supone que la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, por parte de los funcionarios públicos, constituye una falta disciplinaria que puede llevar a su destitución. Infortunadamente, en la Procuraduría General de la Nación duermen muchas denuncias por esta conducta. Esta tolerancia propicia que todavía estemos muy lejos de contar con una administración pública transparente, a pesar de tantas leyes.
@jcgomez_j
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