Contratocracia

Sin embargo, el ejercicio de esos cargos adolece de intersecciones, vicios y desviaciones que el Legislador tendrá que corregir. Varios de estos gobernantes pasan desapercibidos al acatamiento debido de los principios básicos de la moral pública, poniendo distancia con los innegociables atributos que deben caracterizar la función pública, como transparencia, imparcialidad y eficiencia, entre otros. En la presente campaña electoral, la ciudadanía observa, con fundada indignación, cómo un número importante de alcaldes y gobernadores se dedican de manera arbitraria a imponer sus sucesores, sin miramientos legales ni éticos, manipulando el poder, las ventajas que otorgan el manejo del presupuesto, los contratos, nombramientos y demás prebendas. A la indebida intervención en política utilizando los dineros públicos se suma en forma escandalosa la cofinanciación de algunas candidaturas por parte de los contratistas, quienes siendo beneficiarios de jugosos contratos entregan soslayadamente dineros para garantizar la elección de ciertos mandatarios seccionales y así asegurar el disfrute de contratos millonarios los próximos cuatro años. De esta manera, el bien común y el interés general dejan de ser categorías constitucionales prevalentes como fines esenciales del Estado y el interés particular de unos pocos se impone, accediendo a la construcción y el ejercicio del poder político local, a través de la compra del voto y de otros mecanismos que contradicen el libre juego democrático y la limpieza que debe tener el proceso electoral. Por ello no es exagerado afirmar que estamos y estaremos en presencia de los gobiernos territoriales de los contratistas y para los contratistas. Es la nueva versión de la plutocracia: la contratocracia, nociva para la legitimidad de nuestras instituciones y constitutiva, además, de una afrenta a la libre expresión del ciudadano. Presenciamos impávidos una nueva forma de hacer la política, con causa y objeto ilícitos.  *Darío Martínez Betancourt, Exsenador de la República.