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Durante una visita al municipio de Inírida (Guainía), la Contraloría afirmó que en el país hay 1.050 elefantes blancos u obras inconclusas. En ese departamento, por ejemplo, se han identificado 25 proyectos que entran en esa categoría o que están en riesgo. Una de las metas de la entidad es reducir esa cifra y, de ese modo, garantizar que no se pierdan los recursos públicos.
En conversación con este diario, Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones, además de hablar de las obras inconclusas, hizo un balance de la gestión del órgano de control, anunció que la próxima semana se conocerán los resultados de una investigación a las EPS y dijo que “si volvemos a tener un contralor como Carlos Hernán Rodríguez, la Contraloría va a seguir en buenas manos”.
¿Cuál es el panorama de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos en el país?
La Contraloría General de la República adelanta en todo el territorio nacional la tarea de disminuir el número de elefantes blancos u obras inconclusas que sumaban al inicio de esta administración, hace once meses, casi $15 billones. Gracias a 67 proyectos que se han logrado recuperar en todo el territorio nacional, la cifra se redujo a $14,5 billones. Específicamente, en el departamento de Guainía hay 25 elefantes blancos, obras críticas y obras inconclusa que suman $113.000 millones. Ya hemos logrado que tres de ellas se entreguen, pero aspiramos a que 15 que están en el inventario de Compromiso Colombia se pongan al servicio de la ciudadanía, sobre todo en este departamento, donde hay grandes brechas de desigualdad en comparación a los indicadores del resto del país.
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¿Cuál es el balance de estos once meses de administración en cuanto a apertura de procesos y recuperación de recursos?
El recaudo fue una de las principales tareas que nos propusimos al iniciar hace once meses esta gestión de la Contraloría. Al ciudadano no le interesa que la Contraloría visite las regiones o adelante procesos, sino que los recursos que se determinan como daño al patrimonio puedan ser reincorporados al presupuesto de la nación. En once meses hemos recaudado $422.000 millones vía cobro coactivo, en los cuatro años anteriores se habían recaudado $240.000 millones. También hemos abierto o proferido procesos de responsabilidad fiscal por el orden de los $4,9 billones.
Estas cifras iniciales significan que durante un año hemos adelantado investigaciones y procesos que superan otras administraciones y que ponen al servicio de manera eficiente la gestión de la Contraloría. Encontramos que en más de una década de investigación de los recursos de regalías se abrieron procesos por el orden de los $1,3 billones; nosotros en once meses no solamente hemos abierto nuevos procesos por $254.000 millones, sino que en este cierre de la auditoría del primer semestre del año 2023 encontramos hallazgos por $222.000 millones solo en regalías, de estos $100.000 corresponden a OCAD PAZ. En casi un año de gestión, llevamos el 40 % de lo que ha hecho históricamente la Contraloría.
Contamos estas cifras no con el ánimo de generar más vanidades alrededor del ejercicio de la función pública, sino para que los ciudadanos sepan que todo el equipo (directivos, funcionarios, auditores) está comprometido con garantizar vigilancia de los recursos.
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En el Congreso hay varias propuestas para eliminar la Contraloría o para crear tribunales de cuentas. ¿Qué opina?
Hemos señalado que lo que hay que resolver con las reformas legislativas tiene que ver más con el concepto de la convencionalidad, ese principio que debería administrar de manera jurisdiccional otra rama del poder. La Contraloría, una entidad que tiene 100 años de existencia, que no solamente ha vigilado, sino que también ha permitido una mejor gestión de los recursos públicos, no puede desaparecer.
Necesitamos complementar y armonizar ese ejercicio de competencias que hay alrededor de la responsabilidad que le asiste a la Contraloría de investigar a todos los servidores públicos (independientemente de que tengan cargos de elección popular) que hayan administrado recursos públicos, que sean gestores fiscales. La controversia es si deberían o no aparecer en el boletín de responsables fiscales, lo que no puede estar en discusión es que la Contraloría pueda involucrar a un proceso de responsabilidad fiscal a un alcalde o a un gobernador que haya ejecutado mal los recursos del Estado.
¿Se espera una investigación por la caída del puente en la Transversal del Cusiana (ruta alterna a la vía al Llano)?
Estamos terminando un informe de todas las obras de infraestructura de mayor envergadura en el país, sobre todo aquellas que están relacionados con los puentes. En menos de dos años hemos tenido colapso de muchos de ellos y ya existen varios procesos de responsabilidad fiscal de proyectos de infraestructura vial relacionados con puentes que tienen vinculados a funcionarios, incluso del Fondo de Adaptación, de la Agencia Nacional de Infraestructura, que eran responsables de administrar las obras y que adelantaron todo el proceso de planeación o de ejecución del contrato.
En los próximos días estaremos publicando un balance del estado de estos proyectos, de cuáles tienen pólizas vigentes y cuál será el requerimiento en virtud de las falencias o los riesgos que puedan presentar algunos de los que están habilitados, para que así el Gobierno Nacional adopte las medidas que considere necesarias para proteger estos recursos a través de las pólizas.
La Contraloría tenía la lupa, puntualmente, ¿sobre la Transversal del Cusiana?
Adelantamos auditorías regulares a las vigencias anteriores, estos proyectos ya se habían vigilado; tenemos que revisar en detalle el informe que había proferido la delegada de infraestructura. Nosotros le hemos pedido al doctor Luis Fernando Mejía que presente un informe en el próximo comité directivo donde detalle cada uno de estos proyectos, sobre todo aquellos que están en la interconexión de departamentos o en zonas atrasadas porque el colapso de un puente que resolvía un problema de conectividad, no solamente significa la afectación al patrimonio por los recursos invertidos, sino que tiene implicaciones para el comercio, la comunicación y la conectividad de millones de habitantes.
Entonces, ¿seguramente sí habrá investigación?
Así debe ser.
¿Cómo va la investigación por la licitación de pasaportes?
La semana pasada realizamos una advertencia al Ministerio de Relaciones Exteriores en la que comunicamos dos asuntos esenciales: la importancia que tiene la continuidad en la prestación del servicio de pasaportes para colombianos residentes y para nacionales que están en el extranjero, es un servicio que no se puede interrumpir; los riesgos que existen en un proceso de licitación y los riesgos a futuro en controversias que puedan generarse entre los proponentes y el Ministerio en contra de los intereses de la nación.
¿La Contraloría investiga a las EPS? ¿De qué se trata la investigación?
Son dos asuntos. El primero es una actuación especial de fiscalización que tiene como objeto revisar los traslados y giros que se hicieron durante la pandemia a todo el sistema de salud en el país y que, por concepto de pago único o de capitación por beneficiario, pudieron o no haberse invertido en una temporada en la que los usuarios no asistían ni recibían atención para los fines que pagaban.
Lo segundo es que, a raíz de las declaraciones del Gobierno Nacional, estamos verificando en qué estado real se encuentran las cuentas por cobrar de la EPS que les gira el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y por pagar de las EPS a las IPS, que son las que concentran la protección del derecho a la salud primaria de los millones de afiliados en todo el territorio nacional. Este cruce de cuenta nos tiene que arrojar como resultado el nivel de eficiencia de giros y de sostenimiento del propio sistema de salud en el país y las demoras o deficiencias que pueden tener las EPS para cumplir las obligaciones derivadas de cuentas auditadas (de la EPS con las IPS).
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¿Cuáles son las posibles sanciones?
Los incumplimientos contractuales frente a la protección de un derecho fundamental no solamente tienen implicaciones fiscales cuando existe un detrimento, sino también disciplinarias para aquellos que puedan estar incurriendo en violaciones u omisiones de sus obligaciones. Los resultados se conocerán la próxima semana.
En medio de la elección de nuevo contralor, ¿considera que Carlos Hernán Rodríguez podría volver a ocupar el cargo?
Ese es un asunto que tiene que resolver directamente él. Lo que sí puedo decir es que si volvemos a tener un contralor como Carlos Hernán Rodríguez, la Contraloría va a seguir en buenas manos.
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