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Uno de los principales problemas del país, si no el más importante, es la disfunción y la inconsecuencia que existe entre las necesidades de la sociedad y el funcionamiento de la política.
Como está operando, la política no está ayudando a resolver los grandes problemas que enfrentamos y, por el contrario, parecería que se está tornando en su impedimento.
Por un lado, nuestro país requiere con urgencia implementar unas reformas estructurales que son imprescindibles para incrementar la productividad, eliminar la miseria, la desigualdad y hacer que, finalmente, podamos unirnos al mundo desarrollado, que tiene altos ingresos y bajos coeficientes de Gini. Durante años, por ejemplo, un grupo de analistas hemos argumentado que la informalidad es la causante de muchos de los problemas del campo e influye en la violencia, porque no existe un adecuado sistema de catastro y de registros públicos, lo cual genera conflictos muy difíciles de resolver. Es también la causante de los problemas fiscales, porque son muy pocas las personas naturales y las empresas que pagan impuestos, razón por la cual, ante las necesidades de financiamiento, se han elevado demasiado las tasas impositivas para las pocas que lo hacen. Sabemos también que, por lo menos, dos terceras partes de las construcciones y viviendas de nuestras ciudades son informales y, por lo tanto, muchas no pagan ni contribuciones ni servicios, pero sí consumen y utilizan bienes públicos que tienen que ser financiados por los pocos que sí contribuyen.
Por estas razones hay que resaltar que, en una entrevista en La República, el ministro de Hacienda haya reconocido, precisamente, que la informalidad es un grave problema estructural y causa de múltiples males de la sociedad. También argumenta que, al reducir en una medida los costos no salariales, su reforma tributaria de diciembre de 2012 ha ayudado a formalizar desde entonces la creación de empleo. Pero también sabemos que la enfermedad es tan grande y ha estado desde hace tanto tiempo que, hoy en día, alcanza un 66 por ciento de los ocupados de todo el país, dos puntos menos que en 2012.
Ante ese panorama, uno esperaría que el país político, el de los elegidos y el de los aspirantes a ser elegidos, estuviese planteando planes de choque contra la informalidad, plasmados en documentos, artículos o proyectos de ley. No hay tal. No hay ni planes de choque ni propuestas contra informalidad, ni contra la opacidad en el Estado, que es la fuente principal de la corrupción; ni contra el aterrador desbarajuste institucional de Colombia, que planteó el profesor Javier Sala-i-Martin, de la Universidad de Columbia, en el congreso de Asobancaria, hace un par de semanas, en Cartagena.
Por el contrario, el sistema político les da la espalda a los verdaderos problemas del país y se preocupa sólo por mantener su poder. Una muestra es el vergonzoso acuerdo de los parlamentarios de prácticamente todos los partidos con el candidato que puntea en las encuestas a la Gobernación en mi departamento, Nariño. Los mismos que fueron samperistas, después pastranistas, más tarde uribistas y en 2010 se tornaron santistas, están ahora con un candidato de la izquierda. No hay programas, ni principios, ni ideologías. Pareciera que la política en nuestro país se redujo al mantenimiento de la burocracia y de los contratos y a la reelección de los mismos y las mismas. Esto es una vergüenza. Pareciera que no hay con quién.