Un acuerdo por las víctimas

En un primer momento se logró el compromiso de la mayoría de precandidatos y posteriormente el acuerdo se presentó a las principales campañas para su consideración. De ellas, cinco adhirieron con su firma. Juan Manuel Santos aún se encuentra estudiándolo, pues aunque lo comparte en su sentido general, considera que algunos puntos del mismo pueden tener diversas interpretaciones, según la forma en que se aborden.

Para la Fundación Social, el acuerdo, como toda búsqueda de consenso, se basa en unos mínimos comunes y, por ello, dista mucho de reflejar las aspiraciones de las víctimas y de las organizaciones sociales que acompañaron el trámite de la iniciativa en el Congreso. Sin embargo, a partir de él resulta posible desarrollar el contenido de cada uno de los diez puntos para formular planes de gobierno conforme a los estándares internacionales, la normatividad y la jurisprudencia nacionales y las demandas de las víctimas.

Es de celebrar que varios candidatos tengan propuestas concretas que superan el acuerdo. Muchos de ellos han asumido posturas claras frente a temas como el reconocimiento de las víctimas de agentes estatales, la diferencia entre asistencia humanitaria y reparación y la responsabilidad del Estado como concepto justificador de la reparación. La invitación es, entonces, a congregar alrededor de estos mínimos a las fuerzas políticas y partidos para que, por fin, el Estado en su conjunto asuma como eje de su legitimidad el respeto y la dignidad de las víctimas.

Los puntos del acuerdo

Los candidatos presidenciales Antanas Mockus, Rafael  Pardo, Gustavo Petro, Germán Vargas y Noemí Sanín  se comprometieron, por iniciativa de la Fundación Social, con un plan de verdad, justicia y reparación para  las víctimas del conflicto. Juan M. Santos, del partido de la U, no lo firmó. El acuerdo contempla: 

1. Reconocer a las víctimas como ciudadanos plenos y valorar su participación en la vida nacional.

2. Aceptar que las víctimas requieren políticas públicas para la realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

3. Incorporar a nuestros planes de gobierno políticas de atención dirigidas a ellas, con enfoque diferencial para grupos específicos.

4. Enfatizar la urgencia de adoptar mecanismos para  una pronta y efectiva restitución de tierras.

5. Garantizar la no-regresividad normativa en relación con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

6. Adoptar correctivos sobre los mecanismos de descubrimiento de la verdad judicial y promover la construcción y preservación de la memoria histórica.

7. Buscar   recursos para  la atención a las víctimas y  garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

8. Exigir rigor en el cumplimiento de los compromisos de los desmovilizados con la verdad y la paz.

9. Diseñar una política de fomento y respeto de los DD.HH., conforme a los convenios suscritos por el país.

10. Dignificar a  víctimas de homicidios y a  personas desaparecidas.

*Área de Incidencia en política pública