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Desde Guatemala, vía telefónica, Frank La Rue expresa su preocupación por las denuncias de represión a manos de militares y el uso de la justicia penal para intimidar a los ciudadanos.
¿En qué consiste su preocupación?
La manifestación pacífica es una parte inherente de la libertad de expresión y el uso de la fuerza debe estar reducido exclusivamente a limitar actos de violencia o de pillaje, si los hubiera. En el caso de Venezuela, nuestra preocupación tiene que ver con los niveles de violencia en las manifestaciones. Cabe hacer un llamado a los funcionarios encargados de mantener el orden, pues no es su función interrumpir o frenar la expresión de sectores sociales. Hemos visto muchas detenciones arbitrarias porque la reacción inmediata es detener a cualquiera que parezca sospechoso. Eso, en general, es una mala práctica que causa una reacción negativa entre la población. Las personas que estén en esas circunstancias deben ser liberadas a la mayor brevedad para que la detención no se convierta en un factor de intimidación a la expresión.
¿Qué valor tiene la libertad de expresión en momentos de crisis?
En los momentos más críticos de la vida de un país es muy importante que la prensa pueda operar con entera libertad. La sociedad tiene el derecho de estar plenamente informada, al igual que la comunidad internacional. Por supuesto que va a haber diferencias de opinión y de visión editorial, pero esas diferencias no permiten silenciar a nadie. En los momentos de crisis, por el contrario, es cuando debe darse fluidez total a la labor periodística, para que todo reportero y todo medio puedan cumplir con su misión. Yo diría que lo importante en estos momentos críticos es garantizar que exista la mayor diversidad de medios y pluralismo de ideas.
Han sido agredidos 76 periodistas y detenidos 19 de ellos durante la cobertura de las protestas…
Quienes más sufren son los camarógrafos y fotógrafos. Primero, porque se les identifica con mayor facilidad, y segundo, porque se les rompen o incautan las cámaras y equipos. En la comunicación social del siglo XXI la imagen visual cobra mayor relevancia. Es importante que los reporteros audiovisuales trabajen con entera libertad sin temor a sufrir daños físicos o a perder sus equipos.
Van 19 días de protesta en Venezuela y 18 personas muertas. ¿Qué significa que el derecho a la manifestación no esté plenamente garantizado en el país?
En un par de días se emitirá un pronunciamiento conjunto de varios relatores de la ONU, de diferentes mandatos, sobre la situación de Venezuela. Nos parece que 18 muertos es un número elevadísimo. Es absolutamente lamentable y apunta a una verdadera crisis de expresión que debe resolverse con un diálogo inmediato.
Específicamente, ¿qué relatores se pronunciarían de manera conjunta?
Por lo pronto, dos hemos estado de acuerdo: el relator sobre el Derecho a la Asociación, Maina Kiaia, y yo, en la Relatoría sobre la Libertad de Expresión. En materia de manifestaciones, ambas relatorías trabajamos en conjunto. Los demás están analizando el pronunciamiento para decidir si lo suscriben.
¿Ustedes han solicitado la autorización del gobierno para visitar Venezuela?
Lo queremos plantear en el comunicado conjunto que estamos preparando, como lo estoy planteando personalmente a través de esta entrevista. Claro está, nuestra intención es facilitar soluciones y no simplemente hacer comentarios.
En el entendido de que la manifestación es una forma de expresión, ¿qué protección le puede brindar la Relatoría de la ONU a los venezolanos que están saliendo a las calles a protestar?
La Relatoría envió una carta privada al gobierno venezolano en la que se le refieren las denuncias recibidas para escuchar sus respuestas. El propósito de esto es pedir explicaciones y entablar un diálogo. Esperamos que esta carta sea respondida a la mayor brevedad. Es la oportunidad para que las autoridades ofrezcan su versión de los hechos. Si en un momento dado la presencia de los relatores en Venezuela es oportuna para favorecer el diálogo en procura de soluciones, estoy seguro de que yo y cualquiera de mis colegas relatores estaríamos totalmente dispuestos a viajar al país con la anuencia de todas las partes.
El 11 de febrero, Conatel emitió una resolución en la que amenaza con sanciones a los medios audiovisuales y electrónicos por la cobertura que pudieran hacer de las protestas. Se les advirtió que podrían incurrir en apología del delito e incitación al odio, y que serían sancionados por ello…
Lo que se llama discurso del odio, que constituye una incitación a la discriminación y a la violencia, está clarísimamente proscrito en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero también está clarísimamente tipificado que se trata de incitar a un daño directo y real que conduzca a discriminación de sectores sociales o actos de violencia por razones de raza, religión o nacionalidad. Una cobertura periodística no puede ser confundida con ese tipo de hechos. Un periodista puede incitar al odio, como ocurrió en el caso de Ruanda, donde hubo incitación al genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo. Pero hay que ser muy claros en diferenciar la incitación al odio y la violencia de lo que es una cobertura noticiosa. Nunca se pueden confundir. La cobertura que se da a noticias reales, en tiempo real, nunca puede ser entendida como incitación al odio. Son acontecimientos sobre los cuales todos tienen derecho a estar enterados. Eso es un mal uso del concepto de incitación que tiende a generar autocensura.
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