La moral de la tropa

Estas acusaciones, estas mentiras ideadas para vapulear el honor y la legitimidad del Ejército y la Policía, merecerían, en criterio del Primer Mandatario, la solidaridad de todos los colombianos comprometidos con la construcción de un país más seguro. Es hora de estudiar la posibilidad, sostuvo, de que el Estado se haga cargo de la defensa judicial de aquellos militares a quienes se les acusa de estar relacionados con violaciones a los derechos humanos. Y es el momento, en síntesis, de prever que las inculpaciones tienen por propósito “acomplejar” a las fuerzas del orden.

De la existencia de una serie de preclusiones, abstenciones de medidas de aseguramiento y sentencias absolutorias, de la presencia de 85 casos devueltos por falta de mérito a la justicia militar, hemos transitado a la aparente necesidad de relativizar la gravedad de las faltas cometidas por el Ejército en su lucha contra la insurgencia. De la mirada a los falsos positivos, aun borrosa, se nos pide que nos enfoquemos en las falsas acusaciones.

Razón tiene el Gobierno en que es preciso ser contundentes a la hora de rechazar denuncias contra el accionar de las Fuerzas Armadas que, a la postre, resultan completamente injuriosas. Denuncias que lo que buscan, con seguridad, es pescar en río revuelto ahora que el tema de las ejecuciones extrajudiciales, más antiguo de lo que se cree, ha prendido las alarmas de los observadores, en Colombia como en el exterior. Si nuestros soldados ponen la cara y los cuerpos, y tanto más cuando se discute quién hace la guerra en Colombia, justo es decir que el apoyo de la población —y ya no sólo del Estado— a su tropa debe ser completo e irrestricto. Lo requiere.

Pero de acá a sugerir que los falsos positivos, práctica sobre la que aún persiste un manto de dudas, son hechos que puedan ser debatibles hay un gran paso que el Gobierno debería cuidarse de no dar. El mensaje para la sociedad no puede ser el de que, en aras del compromiso con las Fuerzas Armadas, sus conductas reprobables serán matizadas. Las ejecuciones extrajudiciales revisten una gravedad inaudita y son el vivo reflejo de una grave fisura en los lineamientos estatales para hacer la guerra, la prueba fehaciente de que en la guerra contra la subversión se han cometido errores graves que precisan un rechazo social y una sanción jurídica.

Cualquiera sea el motivo, nada justifica la violación a los derechos humanos. Es sobre esa base, y ninguna otra, que la actividad de las Fuerzas Armadas debe ser evaluada. Las falsas denuncias, interesadas y peligrosas, habrán de ser evaluadas por la propia Rama Judicial, como es de rigor en un Estado social de derecho. Y como ocurre con aquellas que, probada la culpa, se nos revelan tristemente verídicas.

No hay lugar, entonces, para argumentar que la moral de la tropa se verá afectada con cada episodio en que alguno de sus miembros es auscultado por los órganos de control, en atención a una denuncia. Grave sería que la horrible práctica de las ejecuciones extrajudiciales continuase agazapada, en el silencio y la impunidad, a la espera de la siguiente víctima. El mensaje, en últimas, no puede ser el de que las falsas denuncias merecen más atención, de parte del Gobierno, que los casos en que se comprueba que los derechos humanos han sido violados.