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Cerca de seis años —desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adquirió funciones jurisdiccionales— es el tiempo que las víctimas de secuestro han esperado para que los máximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC reciban una sanción. Luego de varias audiencias de reconocimiento y verdad, en las que miembros del antiguo secretariado de esa guerrilla reconocieron su responsabilidad en estos crímenes, investigados en el macrocaso 01, el cronómetro para conocer las primeras sanciones estaba próximo a detenerse. Según esa instancia de justicia transicional, a finales de este año podría emitirse la primera sentencia. Sin embargo, la Jurisdicción estudia tres recursos judiciales que extenderán, al menos por ocho meses más, el tiempo para conocer ese esperado fallo.
Este diario conoció que tanto en el Tribunal para la Paz de la JEP, así como en la Sección de Apelación, magistrados se dan a la tarea de resolver los recursos interpuestos por la defensa del antiguo secretariado de las FARC en contra de algunas decisiones recientes. Quienes conocen los pormenores de esos procesos de revisión aseguran que la audiencia de verificación —etapa en la que se evalúan los compromisos de verdad y reparación de los firmantes, con miras a emitir las primeras sentencias— ya tenía una fecha en el calendario: entre agosto y septiembre de este año. Esos plazos, asegura una fuente que conoce el caso y que prefiere mantener su nombre bajo reserva, se vinieron abajo, pues se espera que estos recursos sean resueltos a finales de 2024, demorando, a su vez, la etapa de verificación y dejando las sanciones para 2025.
El primer obstáculo que revisa la JEP tiene que ver con el hecho de que a los miembros del secretariado les hayan imputado el delito de esclavitud. El pasado 29 de abril, el Tribunal para la Paz, mediante la Sección de Verdad y Responsabilidad, confirmó que este crimen sí habría estado enmarcado en la política de secuestros que se instauró en las FARC como método de intimidación. “Son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad de esclavitud, derivadas de la política general de secuestros que adelantó la organización, pues ellos tuvieron conocimiento de que los trabajos forzados impuestos fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático”, se lee en el auto de la JEP. Ante esa decisión, los máximos dirigentes de las FARC no se quedaron callados.
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A principios de junio, la defensa del antiguo secretariado presentó un recurso de reposición, en el que solicitó corregir varios asuntos. No obstante, el punto más grueso de su petición pide tumbar de tajo todo el auto, pues argumenta que, cuando se ratificó la imputación por esclavitud, en la Jurisdicción estaba embolatada una recusación en contra del magistrado del Tribunal para la Paz, Camilo Suárez Aldana, quien participó de la decisión de imputarles crímenes de esclavitud. El meollo está en que esa recusación fue presentada por Rodrigo Granda, miembro del secretariado, el 26 de abril pasado y solo se estudió el 9 de mayo, cuando esa instancia ya había tomado una decisión, que incluyó el voto de Suárez. Lo que sostiene las FARC es que el Tribunal no podía estudiar nada del asunto sin antes resolver la recusación de Suárez.
En ese recurso judicial, además, recordaron los motivos para presentar una recusación contra el togado: según los integrantes del secretariado, Suárez Aldana habría formado parte del Ejército como magistrado del Tribunal Superior Militar. “Pertenecí orgánica y funcionalmente a la justicia penal militar, entidad judicial autónoma, independiente y separada del mando militar; por lo que fui encargado de investigar, juzgar y sancionar exclusivamente a los miembros de la fuerza pública que en servicio activo hubieren cometido delitos en relación directa con el servicio”, respondió Suárez en su momento. Además, dejó en claro que no ejerció sus labores como magistrado basándose en “sentimientos de odio, venganza o persecución”.
La recusación contra Suárez fue tramitada días después de que la JEP le cerrara las puertas al propio Rodrigo Granda por un tema puntual: acoger el caso del homicidio de Cecilia Cubas Gusinky, hija de Raúl Cubas Grau, expresidente de Paraguay, ocurrido en diciembre de 2004. Por eso, el exjefe guerrillero presentó dos recursos para reversar el portazo en su contra. El crimen fue perpetrado por el brazo armado del movimiento político Patria Libre, que después se convertiría en un grupo ilegal conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Granda, también denominado como “canciller de las FARC”, ha sido señalado como colaborador de la guerrilla guaraní en ese crimen y, aunque intentó que el caso fuese juzgado en Colombia, la JEP se lo negó, por lo que interpuso un recurso de reposición y otro de apelación.
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Entre los argumentos de la Sección de Verdad y Responsabilidad para negar la competencia en el caso de Cecilia Cubas está, principalmente, que estos hechos no ocurrieron en el marco del conflicto armado colombiano. Además, detalla la JEP, es competencia de la justicia paraguaya llevar a cabo la investigación del secuestro y homicidio de Cubas Gusinky, pues es un hecho que ocurrió en ese país. Ante esta decisión, la familia Cubas ha solicitado en extradición, de nuevo, a Rodrigo Granda. De hecho, Rodrigo Londoño, Timochenko, ha calificado este episodio como “un gravísimo incumplimiento de la JEP”. Para él, el caso tiene todo que ver con las dinámicas del conflicto armado colombiano. “El Tribunal ya resolvió y se mantiene en lo decidido. Ahora se va para apelación”, señala una fuente cercana al proceso.
En la carpeta de recursos por resolver también se encuentra una nulidad presentada por la defensa de los miembros del antiguo secretariado en contra de una decisión de 2023 que buscaba que las víctimas tuvieran mayor participación en los procesos de justicia restaurativa de la JEP. Para las FARC, las víctimas no podían tener un espacio en los encuentros en los que los integrantes de la guerrilla y la JEP han avanzado en consolidar cuáles serán esas actividades o tareas de reparación. Sin embargo, al tratarse de un derecho de las víctimas de participar en la determinación de esa justicia restaurativa, que precisamente es para ellas, la jurisdicción tiene todo listo para rechazar la nulidad.
Así las cosas, los magistrados tienen una tarea extensa para agilizar el tráfico que han generado los diferentes mecanismos interpuestos por los abogados de quienes componen el antiguo secretariado de las FARC. Eso sí, las víctimas siguen esperando que las primeras sanciones sean una realidad, pues la espera se ha extendido más de lo pensado. El reloj sigue corriendo, mientras las apelaciones, reposiciones y nulidades siguen llegando y la promesa de la JEP de tener sanciones este año se quedó en la palabra.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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