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La transformación de barrios enteros; construcción de colegios y hospitales (como parte de las cargas urbanísticas), y la creación de microciudades hacen parte de una de las herramientas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que expidió por decreto la alcaldesa Claudia López. Se trata de las denominadas “actuaciones estratégicas”, similares a los planes parciales, pero con mayor alcance y trámites menos engorrosos. La idea es facilitar la intervención de 6.899 hectáreas, en zonas de renovación, pero con una vocación clara, para impulsar el desarrollo.
Al frente de esta estrategia estará la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (Renobo), que tendrá la tarea de reconfigurar y definir la vocación de cada zona El plan va más allá de solo construir. La idea es mejorar la generación de empleo y la calidad de vida de los vecinos con cada proyecto. Para explicar mejor el espíritu de la norma, Felipé Jiménez, secretario de Planeación, expone un hipotético escenario: “Si el señor Jeff Bezos nos llama y nos dice que quiere construir el hub de Amazon en Bogotá, no sabríamos dónde ubicarlo. Con estas actuaciones tendríamos una herramienta para definir la zona más conveniente para él y para la ciudad”.
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En total, la estrategia permitirá intervenir el 16 % del área urbana de la capital, pero en seis zonas priorizadas: Distrito Aeroportuario-Fontibón, Distrito Aeroportuario-Engativá, Pieza Reencuentro, Reverdecer Sur, Ciudadela Educativa y del Cuidado, 20 de Julio, Borde Usme, Calle 72 y ZIBO.
La problemática que intenta atacar la herramienta es clara. Así lo resalta Andrés Felipe Giraldo, experto en economía de la Universidad Javeriana, quien destaca la mala distribución espacial y segregada de la capital, “en donde personas que viven en el extremo sur trabajan en el norte, lo que genera un alto costo para la ciudad, en productividad, y para los ciudadanos, en términos de calidad de vida”. Lo cierto es que el intento de “revitalizar” el espacio urbano es un proceso complejo, debido a que estos esfuerzos los reciben los vecinos con desconfianza, pues reviven el fantasma de la expropiación. Pero, realmente, ¿qué está en juego?
Reglas, aún por definir
En los últimos meses, el Distrito parece estar en una carrera contrarreloj para definir las reglas de lo que serán estas zonas especiales para la renovación urbana. En algo se ha avanzado: entre enero y marzo de 2023, la Secretaría de Planeación firmó cuatro resoluciones, que dictan las directrices para cuatro actuaciones estrategias priorizadas: Chucha La Vaca (Corabastos), Calle 72, Distrito Aeroportuario y Ciudadela Educativa.
Con su aprobación, los constructores pueden, entre otras cosas, acceder a mayores alturas e índices de construcción a cambio de mayores cargas urbanas, que se pueden pagar con equipamientos diseñados por el Distrito en las zonas de influencia. No obstante, hay elementos por definirse, como los detalles de la política moradores, que busca compensar a quienes tienen predios en zonas priorizadas.
“Bogotá tuvo una política de expropiación fuerte, para renovar. Ahora vamos a expedir el decreto del Plan de Moradores, que impone cargas más duras a los privados. Se establecen tres opciones: entregar otro predio de igual tamaño, pagar el valor comercial o la oportunidad de vincularse al negocio”, precisó Jiménez. De no llegar a un alguna de estas opciones, será finalmente Renobo la que defina.
Ante esto, Edwin Chirivi, gerente de Camacol Bogotá (gremio de la construcción), indica que aún faltan claridades sobre esa política, que busca proteger a los moradores y evitar un proceso de gentrificación. “Hemos radicado una serie de comentarios para que queden claros los elementos y definir, por ejemplo, quién es morador, cuáles son sus derechos y cuál será el régimen de transitoriedad para adaptar esta reglamentación”.
En ese sentido, en los últimos meses, en las mesas de diálogo entre constructores y Distrito hay diferencias sobre la transferencia de derechos de construcción, el aumento de las cargas y las compensaciones de los desarrolladores.
Por su parte, expertos señalan que, pese al entusiasmo de la administración, el sistema deja aún sin una protección real a los moradores, por lo que deberían agregarse más especificidades. “Si llegan a entregar al dueño la misma área del predio original, puede que sea un lugar con inferiores condiciones. Por otro lado, la idea de convertirse en socio de una empresa inmobiliaria pondría en una situación de desventaja a un ciudadano”, expresa Mario Noriega, experto en urbanismo.
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Por ahora están por definirse más detalles de las cargas urbanas en las áreas estratégicas, con las que esperan el desarrollo de 300 equipamientos sociales (hospitales, colegios, centros de discapacidad). “Es claro que con estas actuaciones se va a presentar una modificación en el valor del suelo, por las nuevas infraestructuras. Por tal razón es importante ver cómo queda la reglamentación de esa lógica de captura de valor, que permita una mayor edificabilidad en la ciudad”, agrega Chirivi.
De esta manera, el Distrito asegura que empieza a concretar la visión de la ciudad de 20 minutos con la redistribución de los bienes y servicios en el área urbana. Está por verse si las propuestas para proteger a las comunidades en sus zonas de influencia se concretan.
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Por Fernán Fortich
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