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La Red de Veedurías le solicitó al Consejo de Estado para que intervenga en el propósito de que la Contraloría reabra el proceso fiscal que adelantaba contra las Empresas Públicas de Medellín, EPM, por presuntas irregularidades en la compra de la mitad del paquete accionario de la antigua Orbitel, cuyo valor habría sido sobredimensionado en más de 100 millones de pesos.
Según Libardo Espitia, vocero de la organización, Inverlink, la banca de inversión elegida para efectuar las proyecciones económicas que sugerían el monto a cancelar por parte de EPM asesoraba por la misma época a Steag y Vattenfall en la venta del 49% de la participación accionaria de Compañía Eléctrica de Sochagota, cuando se trataba de uno de los ex propietarios que terminaron favorecidos con la venta; la Contraloría General de la República archivó la actuación, pese al estudio de la seccional de Medellín, que certificaba la disparidad en los valores.
“Para el ente fiscalizador, el valor más probable por el paquete accionario era de US$33.1 millones y no US$85 millones como finalmente se había concretado el negocio; con base en sus análisis dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal No. 002-2007 por la cuantía de $108.683.000.000”, señaló la Red en su petición al Consejo de Estado.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín, tanto como el Tribunal Administrativo de Antioquia, negaron la demanda de nulidad de la determinación de la Contraloría General de la República de archivar el proceso, sin tener en cuenta algunos de los resultados de los estudios adelantados por el mismo organismo.
“(…) Llama la atención que la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva quien fuera en todo momento la responsable de adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y que al conocer que el tema era de índole técnico, solicitara el apoyo de otra delegada dentro de la Contraloría: la Contraloría Delegada sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones y cuyo dictamen de apoyo fuera desconocido a la hora de cesar la acción fiscal y archivar el proceso”, concluyó la Red.
Insistió en que el proceso final de adquisición del paquete accionario había sido aprobado por la Junta Directiva de las EPM, también integrada por el entonces alcalde de Medellín Sergio Fajardo; la decisión se basaba en la proyección de ventas que entre 2006 y 2013 auguraba Inverlink dentro de la incursión en el mercado de Internet banda ancha, haciendo uso de la tecnología Wimax, novedosa para la época.
Los estudios adelantados por la Red de Veedurías coincidieron con las observaciones de la Contraloría de Medellín, que evidenciaban una diferencia de más de 100 millones de pesos en el valor global de las acciones.