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La fórmula que se emplea para designar a los rectores de las universidades públicas ha generado un intenso debate en el sector educativo durante el último año. Después del proceso en la Universidad Nacional y en otras instituciones, ha habido actores que han mostrado su inconformismo con el camino que se ha utilizado hasta ahora, donde el Consejo Superior Universitario (CSU), el organismo máximo de dirección y gobierno de las universidades públicas, es el encargado de tomar esa decisión.
Ahora, un proyecto de ley, radicado en diciembre en la Cámara de Representantes e impulsado por diez congresistas, entre ellos, Gabriel Becerra (Pacto Histórico), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Erick Adrián Velasco (Pacto Histórico), Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde) y Andrés Cancimance (Pacto Histórico), quiere que se cambien las reglas de juego.
El objetivo de este proyecto de ley, que será debatido cuando arranque la nueva legislatura, es “fortalecer la democracia en la elección de rectores y directores de Instituciones de Educación Superior (IES) de carácter público”. Lo que pretende es que el CSU, en su función de entidad encargada de designar al rector, se acoja a los resultados obtenidos en las consultas a la comunidad educativa, donde participan estudiantes, egresados, docentes y trabajadores. En la actualidad, no son vinculantes, sino que se emplean como un índice de opinión.
En caso de ser aprobado, las universidades, señala el documento de 30 páginas, deberán modificar sus estatutos y tendrán 18 meses para incorporar un mecanismo que “garantice la participación democrática de los estamentos que componen la comunidad universitaria”. Estas herramientas deberán garantizar la autonomía universitaria, pues “el objetivo es que los resultados sean vinculantes, pero que cada institución defina cómo será el proceso”.
El proyecto empezará a debatirse, cuando arranque la legislatura, en la Comisión Sexta de la Cámara y luego pasará a la misma comisión en el Senado. Sin embargo, la idea no le suena a todos en el sector, pues creen que sería “contraproducente”, como dice Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), quien recuerda que esa idea no es nueva.
La elección popular se ha planteado en otros momentos y, añade Torres, “desde el mundo académico hemos sido claros en el sentido de que las universidades gozan de una autonomía universitaria”. Esto, a su parecer, les ha permitido definir su funcionamiento académico, administrativo, responsabilidad misional y la elección de directivos. “Someter la designación a una forma popular es un retroceso universitario”, reitera.
El representante Gabriel Becerra, uno de los ponentes del proyecto, cuenta que esta iniciativa surgió para responder a una problemática que se ha agudizado en el último año y que ha copado el interés de la opinión pública, sobre todo, dice, después de “los conflictos que generaron las elecciones en la Universidad Nacional o la Universidad Tecnológica de Pereira, solo por nombrar algunas”. En su opinión, que las consultas no sean vinculantes “es una burla a la democracia. La gente participa y al final ese voto no es considerado en la decisión”.
En la actualidad, si bien cada universidad define cómo es el mecanismo de designación, en la mayoría se repite la fórmula: se postulan los interesados, revisan que cumplan los parámetros y se oficializa su candidatura. Luego, se lleva a cabo la consulta, que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional sirve para definir a los cinco finalistas. Finalmente, el CSU, después de revisar las hojas de vida y hacer unas entrevistas, define al ganador. La de Nariño es la única que cuenta con una elección popular, donde el voto de los docentes tiene un mayor porcentaje.
Esta fórmula, de acuerdo con el representante Becerra, ha permitido que en algunas instituciones los rectores estén más tiempo del estimado en los puestos. Incluso, anota, hay algunos que llevan tres períodos consecutivos. El problema, dice, es que “muchos de ellos están ligados a sectores políticos tradicionales y convierten a las universidades en escenarios diferentes y alejados de la academia. Por eso, este proyecto quiere incorporar la democracia y el carácter vinculante de la participación de la comunidad en la selección de estos cargos”.
Sin embargo, como Torres, del SUE y ahora también presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), hay quienes están en desacuerdo con el propósito del proyecto de ley. Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y doctor en bioquímica, por ejemplo, lo cataloga de “bizarro” y asegura que, desde el comienzo, es contradictorio, pues “se basa en el principio de autonomía, pero se deriva de la imposición de una obligatoriedad”. Además, comenta, podría introducir la politiquería y el clientelismo en la universidad y “lo que sí garantizaría es que no va a llegar la persona más preparada a los cargos, sino la de más popularidad”.
Una opinión similar comparte Ignacio Mantilla, matemático y también exrector de la Universidad Nacional. A sus ojos, “esta iniciativa es pésima, porque se estaría cambiando un mecanismo que está basado en el mérito académico y propone buscar otras fórmulas que permitirían que se introduzcan los vicios de la política”. Por ejemplo, sugiere, se podría plantear una designación que se lleve a cabo por un senado profesoral, que, básicamente, consiste en formar un grupo de “profesores de la más alta calidad académica para que voten y designen el rector”.
Las dudas, además de centrarse en la poca claridad que hay en el documento sobre la definición de autonomía, también surgen por la forma en la que se introducirá la democracia en las universidades. Para Mantilla, “una elección en una universidad no garantiza el aumento de la democracia” y recuerda que son pocos los casos de las instituciones que eligen a sus rectores de forma popular y, por el contrario, el “sistema más usado es el análisis del mérito personal, de su experiencia y conocimiento y, por supuesto, de sus propuestas”.
Para Wasserman, en el proyecto de ley hay además una “interpretación extraña de leyes y jurisprudencias”, pues, aunque el artículo 69 de la Constitución es explícito al hablar de autonomía universitaria y no incluye a otras instituciones de educación superior públicas, el documento quiere que se lleve a cabo una elección popular tanto en universidades como en instituciones técnicas y tecnológicas.
“Las consecuencias de que esto se apruebe es que reforzaría más la politiquería en las universidades. Sería inconstitucional”, señala Torres, quien también es rector de la Universidad de Córdoba, y recuerda que la democracia universitaria tiene otras características. Por ejemplo, “las consultas son funciones democráticas, porque allí puede participar toda la comunidad universitaria”. Admite que, de todas maneras, este es un tema en el que no hay consenso en el sector.
Algunos rectores, como Helberth Choachí, de la Universidad Pedagógica, no obstante, ven esta iniciativa como algo positivo y sugiere que puede ser un ejercicio interesante de democracia, el cual, incluso, podría ayudar “en un ejercicio formativo, que permite que se genere una identidad institucional y que toda la comunidad pueda participar en las decisiones”. En la institución, afirma, este ejercicio de elección popular no es nuevo, pues, desde hace un par de años, los decanos y los directores de departamento son elegidos por la comunidad universitaria.
Incluir este ejercicio democrático, asegura Choachí, implicó unos ajustes, como una reforma al Estatuto General, que es la guía del funcionamiento de la institución, y un fortalecimiento a los requisitos para acceder a estos cargos. Pero, para él, hay también unos puntos que no quedan claros en el proyecto de ley como, por ejemplo, quiénes integran la comunidad universitaria. “¿Se tendrán en cuenta a trabajadores como los de mantenimiento y aseo? ¿Los profesores de cátedra están incluidos?”, se pregunta.
Por lo pronto, el representante Becerra cree que, cuando se discuta, tendrá una alta posibilidad de pasar sin contratiempos. Se avecina, al parecer, otro intenso debate educativo en el país.
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