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El líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, preso en un penal militar desde el 18 de febrero pasado, insistió en que «el cambio político y social» que reclama en su lucha contra el presidente Nicolás Maduro, debe ser en paz, «pero en la calle».
«El cambio solo puede llegar de la mano de millones de personas en la calle, en paz y sin violencia, pero en la calle», remarcó en un cuestionario que publicó este domingo el diario caraqueño El Nacional.
El economista, alcalde entre 2000 y 2008 del municipio caraqueño de Chacao, epicentro de las protestas que se repiten desde el 12 de febrero pasado, dijo que no se arrepiente de haberse entregado voluntariamente tras haber sido acusado de hechos de violencia registrados en una marcha pacífica que derivó en incidentes.
Reveló que en la penitenciaria reservada para jefes militares acusados de delitos solo puede ser visitado por su esposa, padres y abogados, y que se le impide tener contacto con otros presos.
«Soy un preso político, un preso de conciencia de Maduro y su institucionalidad manipulada», indicó.
En su declaración a El Nacional, que afirma que López está consciente de haber contribuido «con la chispa que encendió la llama» de las protestas, el dirigente político insistió en que la oposición debe mantenerse en la calle y también extender la protesta a sus lugares de estudio y trabajo, entre otros ámbitos.
«No basta con la conducción, es necesaria la organización de la lucha no violenta (…). La calle es el principal escenario de lucha, pero no el único. El aula de clase, el lugar de trabajo, el carrito en las colas para comprar alimentos y la familia tienen también que ser escenarios de protesta no violenta», sostuvo.
Como objetivo de corto plazo, López enumeró «exigir justicia» por las 18 muertes y decenas de heridos y detenidos que hasta ahora han dejado las protestas, un desfalco de divisas admitido por el Gobierno y «que se recompongan los poderes públicos».
Esto último, explicó, pasa por la sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los titulares del Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
También exigió «que se destituya a Miguel Rodríguez, ministro del Interior, quien ha sido responsable de la impunidad», así como a la fiscal general, Luisa Ortega, y la contralora, Adelina González.
Sobre las jornadas de «paz y diálogo» que el Gobierno de Maduro inició la semana pasada y en las cuales logró reunir como interlocutores a otros líderes opositores políticos y empresariales, López subrayó: «no se puede hablar de paz si no hay justicia».
«La justicia tiene que dar señales claras en la determinación de responsabilidades por los muertos, heridos, reprimidos y presos», dijo, en tanto que sobre el diálogo reclamó resultados prácticos.
«El diálogo tiene que aterrizar en acciones concretas, apegadas a la Constitución. Hasta ahora es un libreto repetido de lo ocurrido en episodios anteriores de diálogo frustrado. El diálogo tiene que hablar con hechos», declaró.
Venezuela se mantiene desde el 12 de febrero pasado en un escenario de marchas y protestas a favor y en contra del Gobierno de Maduro, quien denuncia un «golpe de Estado prolongado» en su contra.
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