Andrés Felipe Arias dice estar muy tranquilo

Falencias en la elaboración de estudios previos que dieron origen a la celebración de tres convenios por $287 mil millones; probados fraccionamientos de tierras por parte de beneficiarios para acumular mayores subsidios; supuesta omisión del Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura al no detectar estas fallas y la concentración de millonarios recursos estatales en clanes familiares con ascendencia política en la Costa o el Valle; y anomalías que no justificaron cómo proyectos que habían sido declarados inviables terminaron recibiendo dineros, constituyen la columna vertebral del pliego de cargos que profirió el procurador Alejando Ordóñez Maldonado por el cuestionado programa Agro Ingreso Seguro.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, los ex ministros Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, el ex viceministro Juan Camilo Salazar, el ex gerente del Instituto de Desarrollo Rural, Rodolfo Campo Soto, y los funcionarios del Ministerio de Agricultura Camila Reyes del Toro, en su calidad de directora de Financiamiento y Comercio de esa cartera, Javier Romero Mercado, como director del programa de Desarrollo Rural, Juan David Castaño, Edelmira Rivero o Alba Sánchez, esta última referenciada como directora de planeación y seguimiento presupuestal del Ministerio, tuvieron responsabilidades en múltiples irregularidades de tipo administrativo detectadas por el organismo de control.

La decisión se conoce 14 meses después de que la desaparecida revista Cambio denunciara que acaudaladas familias de la Costa Atlántica, como los Vives, Dangond, Lacouture, Dávila y otras, así como ex reinas de belleza y firmas que terminaron aportando dineros al referendo reeleccionista que buscaba un tercer mandato consecutivo de Álvaro Uribe, recibieron millonarios dineros estatales, aparentemente de forma irregular del programa AIS. Por esta razón 41 personas, entre representantes legales o beneficiarios, fueron llamados a interrogatorio en la Fiscalía y, paralelamente, en la Procuraduría se adelantó un proceso de conciliación para que se devuelvan todos los recursos que el Estado les giró a estas familias entre 2007 y 2009. Se calcula que unos $13 mil millones podrían recuperarse así.

El ex ministro Arias dijo sentirse tranquilo con la decisión y reiteró que demostrará su inocencia. En su versión libre ante la Procuraduría, dijo que este proceso tenía un trasfondo político y que “no puede existir responsabilidad mía en la ejecución, implementación operativa y falta de control del modus operandi del fraccionamiento de tierras y simulación de contratos de arrendamiento que condujo a una concentración anómala de recursos de riesgo de AIS en manos de algunas personas”.