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La conmemoración del Bicentenario de la Independencia se convirtió en la coyuntura para solicitar la reducción en las penas de los presos que hoy están en las cárceles del país.
La idea es de Andrés Fernández, director nacional de la Pastoral Penitenciaria, quien empezó a hacer lobby ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, aclarando que faltan por dilucidar algunos detalles, como quiénes serían los beneficiados y en cuánto tiempo se les reducirían sus penas.
“Es una cosa simbólica, con el fin de que podamos trabajar en la reconciliación. La idea es conseguir una rebaja para los internos. El porcentaje de tiempo lo pondrán en el Congreso y no todas las personas podrán gozar del beneficio”, explicó.
El sacerdote, quien lleva 40 años trabajando con la Pastoral Penitenciaria, aseguró que cuenta con el apoyo de las autoridades eclesiásticas y que los presos beneficiados también deberán comprometerse a cumplir determinadas condiciones. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), hasta este jueves había en el país 69.908 detenidos en 141 cárceles, mientras que en detención domiciliaria hay 21.000.
Hace un siglo, cuando Colombia conmemoró los 100 años de su independencia, el Congreso de la época otorgó una reducción de las penas a los presos. Los únicos presidiarios que no obtuvieron la rebaja fueron los imputados con delitos relacionados con la pérdida de Panamá.
Pero además del Bicentenario, la propuesta de la Iglesia se fundamenta en la celebración del Jubileo, una conmemoración que se da cada 25 años y cuya más reciente edición fue en 2000, cuando el papa Juan Pablo II solicitó la reducción de una sexta parte de las penas de los presos. En Colombia, la petición papal fue objetada por el presidente Andrés Pastrana, quien argumentó que si se aplicaba dicha norma, “la pena efectiva sería prácticamente insignificante para la mayoría de los delitos, amenazando con desdibujar la función del Estado de garantizar el orden social, el cumplimiento de la ley y la seguridad”.
Algunos de los congresistas que iniciarán su legislatura en julio próximo, como Gilma Jiménez, del Partido Verde, creen que la iniciativa no tiene futuro: “Cuando una sociedad establece un ordenamiento sancionatorio y envía a alguien a la cárcel, se debe cumplir esa pena. Obviamente, hay delitos de delitos, unos más graves que otros, pero sin conocer el proyecto no me parece apropiado y ni hablar si allí están metidos delincuentes acusados de delitos con menores”, dijo Gilma Jiménez, elegida senadora por el Partido Verde.
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