Obama y la tortura

En defensa de minorías que son constantemente víctimas de dicha práctica, Estados Unidos ha adoptado posturas internacionales fuertes que hasta se han tornado en intervencionismo puro. Para no ir más lejos, la administración Bush justificó su invasión a Irak, en parte porque el régimen de Saddam Hussein estaba reprimiendo minorías étnicas y políticas a través de la intimidación y la tortura. Por tanto, para la sociedad estadounidense no ha sido fácil enfrentarse abiertamente a un escenario donde sus más altos líderes le dieron el visto bueno y promovieron el uso de métodos de interrogación no aceptados ni por el derecho doméstico ni por el internacional.

Por eso justamente el presidente Obama asumió inicialmente una postura tal vez excesivamente pragmática al sugerir que era mejor dejar el asunto en el pasado y mirar hacia delante. El problema es que en materia de derechos humanos no solamente es recomendable, sino que es una obligación, usar el espejo retrovisor. Tan fuerte ha sido la presión, que la semana pasada el presidente cambió su posición y anunció que les dará vía libre a la investigación y a los procesos judiciales que sean necesarios.

Muy a pesar de que el mundo estaba enterado de que el gobierno estadounidense venía autorizando, practicando y promoviendo el uso de la tortura desde 2004, el escenario político hoy es muy distinto. Los demócratas están en el poder y el gobierno desde su primer día anunció que no iba a sacrificar las libertades fundamentales de nadie en aras de mayor seguridad.

Y es que las acusaciones son fuertes. Los nuevos memorandos dejan entrever que parte de lo que motivó la intensificación en el uso de la tortura por parte del gobierno fue la necesidad de obtener información de inteligencia que probara los vínculos entre Al Qaeda y sectores radicales y del gobierno en Irak. En otras palabras, con la intención de presentar un caso más sólido para poder invadir Irak, el gobierno aumentó los abusos hacia los prisioneros para obligarlos a decir lo que quería escuchar. Ello definitivamente hace aún más escandalosa la falta.

Como si el ambiente político no estuviera lo suficientemente turbio, la Comisión Internacional de la Cruz Roja finalmente decidió hacer público un informe que sólo confirma las sospechas de muchos: los casos de tortura no fueron aislados y, por el contrario, fueron el resultado de expresas órdenes llegadas desde arriba. Si los incidentes en Abu Grahib alguna vez fueron justificados con el argumento de que se trataba de prácticas llevadas a cabo por miembros ‘problemáticos’ de las fuerzas estadounidenses actuando bajo su propio criterio, la Comisión de la Cruz Roja ya dejó en claro que allí había más planeación y premeditación de lo que algunos funcionarios están dispuestos a admitir.

De la decisión que el presidente Obama tome sobre este tema y de las garantías que le otorgue a la investigación que seguirá, dependerá el contenido del mensaje que le envíe este líder al resto del mundo. Tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que la era de la política estadounidense del doble estándar, de usar duros criterios para medir el comportamiento de los otros e ignorar las faltas propias, puede estar llegando a su final. Si el nuevo presidente quiere hacer del tema de los derechos humanos una bandera de su política exterior, tendrá que empezar por dar ejemplo en su propia casa.