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Antes de terminar el mandato de Álvaro Uribe Vélez, en cien días exactamente, su administración deberá concesionar, adjudicar o vender activos por más de $14,4 billones. Tercer canal de televisión, primer satélite colombiano, la venta de Isagén, el tramo III de la Ruta del Sol, la Autopista de Las Américas… La lista es larga.
Empezando por las telecomunicaciones, los planes apuntan a que en la última semana de julio se conocerá al dueño del tercer canal privado de televisión, una atropellada licitación que tiene de por medio $103.000 millones, precio base de la concesión que será adjudicada por subasta pública.
El lanzamiento del primer satélite colombiano también está en la lista. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó que hoy se publican prepliegos y, según ha dicho, en junio se adjudicaría. Este proyecto cuesta $500.000 millones.
En infraestructura vial, el reto del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) es adjudicar el tramo III de la Ruta del Sol, entre San Roque-Bosconia; Carmén de Bolívar-Bosconia; Bosconia-Ye de Ciénaga y Bosconia-Valledupar, que tendrá un costo de $1,8 billones.
También está el tramo de la Autopista de Las Américas, que conectará a Paraguachón, en La Guajira, con Palo de Letras, en la frontera con Panamá. Este proyecto, que unirá las capitales de la Costa Atlántica, tendrá un valor de $1,6 billones.
En corredores férreos, está pendiente el ferroviario central, el cual tiene un costo de $1,3 billones, proceso que ocasionó la salida del director del Inco Álvaro José Soto y que se suspendió por falta de garantías.
Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene previsto entregar en concesión la operación de las estaciones de peaje, valorada en $2,5 billones. Este proceso estaba en marcha, pero por solicitud de la Procuraduría fue suspendido.
Por los lados del sector energético, el Gobierno le apuesta a vender Isagén, un proceso que viene desde 2008, con el fin de ajustar el déficit estatal. La generadora está valorada en $6,4 billones y el Ejecutivo está buscando fórmulas para que el 57,6% quede en poder de los fondos de pensiones.