La corrupción nostra

La ciudadanía calificada considera que el principal problema de Colombia no es la guerrilla, como nos hicieron creer en el gobierno de Uribe, sino la corrupción rampante y sonante que impide el progreso en equidad del país. Hay que ver cómo los políticos tramitan las demandas de los ciudadanos a través de la corrupción y, también lo que significa este fenómeno en las regiones, en un momento coyuntural como este, ad portas de un proceso electoral donde se juegan y se definen los intereses territoriales que se supone le dan sentido al sistema democrático. Lo primero que hacen nuestros políticos es corromper al elector, mediante la compra del voto: se les pide dinero a los contratistas del Estado (grandes y pequeños) para financiar las campañas políticas y, de paso, embolsillarse los dineros públicos cuando se llegue a la conquista del poder y sostenerse en él. No se puede entonces decir que la corrupción en Colombia tiene un nivel medio, cuando la eficacia del Estado es desastrosa en términos generales, no existe la meritocracia y las rendiciones de cuentas de las instituciones (especialmente las de las gobernaciones y alcaldías) dan risa porque convocan a la gente justamente en los horarios que no pueden asistir y por lo general las convierten en los comités de aplausos de los gobernantes, donde solamente van los que reciben directamente los beneficios de la corrupción, congregan a los mismos empleados públicos, a los contratistas intimidados y amenazados y les dicen que si no acompañan al gobernante , les quitan los contratos para el próximo trimestre y unos cuantos líderes comunitarios que son las cajas de resonancia de los mandatarios y con quienes se negocian los votos en época electoral, que son a su vez la otra pata de la corrupción a través de la cual el sistema se reproduce y se mantiene inmodificable. Mientras tanto  los pacientes se mueren a las puertas de las clínicas y hospitales, porque no se les presta un servicio adecuado; los niños de la Guajira se mueren de desnutrición porque los contratistas del ICBF no operan adecuadamente; las cárceles están en emergencia carcelaria por sobrepoblación; las universidades de garaje estafan a los estudiantes; las vías tienen sobrecostos y las multinacionales del petróleo sobornan a funcionarios públicos para hacerse a los contratos. Ni hablar del sector privado donde hay cartel de los pañales, de los cuadernos, del arroz y  del azúcar. Ante un panorama como este, ¿qué podemos pensar los colombianos sobre la corrupción y su relación con los valores del sistema democrático? Betty Martínez