Fiscalía: lo que está en juego

A 112 días de que llegue un nuevo gobierno, Colombia sigue deambulando en un escenario de polarización entre los poderes Ejecutivo y Judicial por cuenta de la elección del nuevo Fiscal General. Ocho meses y medio después de la salida de Mario Iguarán del ente acusador, la interinidad de Guillermo Mendoza Diago se mantiene y mientras el presidente Álvaro Uribe insiste en que dilatar la escogencia es “amenazar la institucionalidad del Estado de Derecho”, el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, responde que la función del alto tribunal “no es nombrar sino elegir”.

Una confrontación que se agudiza con el pasar de los días y de las votaciones en el interior de la Corte, donde ninguno de los tres candidatos —Camilo Ospina, Margarita Cabello y Marco Antonio Velilla— ha alcanzado los 16 votos que se requieren como mínimo para salir elegido. Paralelo a ese proceso, de una y otra orilla se escuchan acusaciones y voces enardecidas que hablan de conspiraciones, en el caso del Poder Judicial, y argucias para desprestigiar, por el lado del Ejecutivo, enrutando al país hacia el caos y, según algunos analistas, sentando un peligroso precedente.

Mientras tanto, la campaña política para elegir el sucesor de Álvaro Uribe avanza y hay quienes apuestan a que la Corte Suprema de Justicia está aguardando a que se defina en las urnas el nombre del nuevo primer mandatario para tomar una decisión o incluso va a esperar a que llegue el 7 de agosto, con la esperanza de que el nuevo inquilino de la Casa de Nariño cambie la terna. “No se cederá a presiones de ningún tipo frente a la elección del Fiscal”, ha dicho Arrubla.

¿A qué tipo de presiones se refiere? ¿Qué hay realmente detrás del pulso por la elección del Fiscal General de la Nación? “El Gobierno quiere un fiscal de su total y absoluta confianza, un fiscal de bolsillo (…) porque éste tendrá la última palabra en materia de la parapolítica”, dice el ex ministro Jaime Castro, poniendo el dedo en la llaga sobre una realidad inocultable en lo que tiene que ver con los procesos judiciales que Mario Iguarán dejó en el congelador y que tarde que temprano la Fiscalía tendrá que resolver.

Además de la parapolítica, el ente acusador tiene en sus manos procesos como el de la yidispolítica, los falsos positivos, el escándalo por el programa Agro Ingreso Seguro, las acusaciones de algunos jefes paramilitares contra el vicepresidente Francisco Santos, el montaje contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez en el caso Tazmania y las chuzadas del DAS, en el que ya se han comenzado a tomar decisiones involucrando a personas cercanas a la Presidencia.

Mario Aranguren, director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda; su segundo en esa entidad, Luis Eduardo Daza, y Martha Inés Leal, directora de inteligencia del DAS, tendrán que asistir a una audiencia de imputación de cargos el próximo 26 de mayo, por el caso del espionaje telefónico y financiero de que fueron objeto algunos magistrados de las altas cortes y otros personajes políticos del país.

Este hecho provocó la reacción del presidente Uribe, quien se paseó durante los últimos días por varias emisoras defendiendo a sus funcionarios: “Este es un gobierno que no apela a procedimientos turbios. Es un gobierno que procede de frente. Eso de mandar a hacer interceptaciones es ajeno a la manera de pensar y de obrar de este gobierno…”, le dijo a Radio Santa Fe.

Y fue en una de esas declaraciones, ante Radio Súper, donde el Jefe de Estado volvió a alborotar el avispero al afirmar que “dilatar la elección de Fiscal es amenazar a la institucionalidad del Estado de Derecho”, lanzándole de paso pullas al ex presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, a quien tiene demandado por calumnia desde que dijo que él lo había llamado a preguntarle por el caso contra su primo Mario Uribe, procesado por parapolítica.

No cabe duda de que en el marco del actual proceso electoral, donde el uribismo se juega su continuidad en el poder, las decisiones que tome la Fiscalía en contra de funcionarios o ex funcionarios del Alto Gobierno resultan trascendentales. “La Corte está esperando que se resuelvan casos como el de Sabas Pretel dentro de la yidispolítica para proceder a elegir. La salida es que se falle lo que se tenga que fallar, pero las presiones deben ser inmensas y allí está la verdadera lucha de poderes. ¿Se imagina una decisión de esas en vísperas de la elección presidencial?”, opinó un congresista cercano al Gobierno, quien pidió la reserva de su nombre.

En lo que tiene que ver con quien podría ser el nuevo Fiscal General, el legislador cree que la favorita es Margarita Cabello, quien hasta ahora ha tenido las más altas votaciones, considerada la candidata del procurador Alejandro Ordóñez, a quien la Fiscalía le abrió investigación penal, por solicitud de la Corte Suprema. La decisión se tomó a raíz de la denuncia del representante Germán Navas por el fallo disciplinario en el que Ordóñez absolvió a Sabas Pretelt y a Diego Palacio, ministro de Protección Social, por la misma yidispolítica. “Le están quitando autoridad moral al Procurador, que es el juez disciplinario de todos los funcionarios públicos”, es la lectura que hace el congresista.

Un asunto en el que el presidente Uribe también entró a terciar: “Uno no puedo presumir que la discrepancia es delictual. Entonces, porque el Procurador tiene una apreciación diferente de la Sala Penal de la Corte Suprema ¿hay que entrar a presumir que el Procurador prevaricó? Eso es gravísimo. ¿O hay que hacerle un enjuiciamiento al Procurador por omisión en cumplimiento de sus deberes? Eso es gravísimo, eso desvertebra el Estado de Derecho”, enfatizó.

Así las cosas, el panorama a futuro no luce despejado y todo indica que las cosas seguirán igual: Presidencia y Corte Suprema enfrentados y sin Fiscal General en propiedad. El ex senador y constitucionalista Darío Martínez advierte además que se está dejando un precedente peligroso para la democracia y es el hecho de que otras instituciones del Estado, en todos los niveles, acudan a la tesis de la “inviabilidad” para no cumplir con la obligación de elegir a alguien en un determinado cargo, hasta tanto no les candidaticen una persona que les convenga por razones políticas, así se desconozca un deber constitucional.