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Carlos Lleras fue —según Albert Hirschman— un “maestro reformista”. Logró tender puentes que nadie creía se pudieran sostener y que lo hicieron durante mucho más tiempo de lo que esperaban los escépticos. A la vez, lanzó la que de lejos es la intentona más seria de reforma agraria en la historia del país.
Gustavo Petro podría estar transitando un camino análogo. Su reunión con Uribe es un logro político, pero también un avance civilizacional. Un mentís para los que predijeron —o se ilusionaron con— un gobierno izquierdista obsesionado con la venganza.
¿Cómo vamos en el frente de las reformas? Cambios reales positivos ya ha habido. Hay otros en perspectiva. Me inquieta, en cambio, el frente agrario, que sigue siendo crucial. He oído a mucha gente valiosa decir que la institucionalidad agraria en el país está bien y que sólo falta aplicar la ley y el Acuerdo de Paz. No creo que eso sea cierto. Permítanme explicar por qué.
Primero, ¿de dónde salimos? De una guerra que produjo cerca de ocho millones de desplazados y millones de campesinos despojados. En relación con la línea base —digamos 1985— el país vivió una brutal concentración de la tierra, a punta de sangre, fuego y uso sofisticado de la ley. Pero en esa fecha ya teníamos una concentración escandalosa y para nada resultado sólo de dinámicas pacíficas. Por eso, no debe extrañar que, según Oxfam, hoy el 1 % de los fundos concentren el 81 % de la tierra.
Hay sólo un parangón adecuado para estas cifras escandalosas: precisamente la evolución de la institucionalidad agraria en el país en las últimas décadas. Dos ministros de Agricultura fueron a la cárcel. Los últimos directores de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) —en su momento, el mayor poseedor de tierras del país y antecesor de la Sociedad de Activos Especiales— fueron sin falta condenados por corrupción. En estos 30 años ha habido una mortandad tremenda de agencias —Incora, Caja Agraria, Idema, entre muchas— y aparecieron otras que también tuvieron que ser cerradas porque hedían (verbigracia, DNE, Incoder). Santos, su ministro Restrepo y el Acuerdo de Paz incidieron para mejorar bastante la situación, pero sin ningún plan aparente y a menudo creando agencias a término fijo que terminaron atendiendo de manera muy parcial el problema del que estaban encargadas.
Como consecuencia, tenemos una institucionalidad agraria desordenadísima, concentradora y cómplice del despojo. Estas características se pueden sustentar fácilmente. Por ejemplo, el crédito rural en Colombia está brutalmente concentrado y el Banco Agrario (sucesor de la Caja) ha funcionado programática y públicamente como motor de grandes proyectos palmeros, de la mano de ministros palmeros (Murgas, Lizarralde, etc.). Es un instrumento de desigualdad. ¿Cómo va a prosperar una economía campesina en esas condiciones? Para no recordar ya que el Banco apoyó y financió, junto con el Incoder, Fondos Ganaderos, etc., el despojo de campesinos por diferentes unidades paramilitares. Hay mucha evidencia sobre todo esto. De hecho, en varios expedientes de restitución encuentro al Banco como opositor de las víctimas.
El despelote también es patente. ¿Por qué diablos la UPRA está fuera de la Agencia Nacional de Tierras?
Ni hablar de la asignación de los derechos de propiedad, la institución que está en el corazón del orden social. Muchos notarios fueron coprotagonistas del despojo. Desde las notarías se ha implementado un continuo drenaje de recursos del Estado, a través de la simple vía de una subestimación masiva de las propiedades en el papel. El propio presidente puso un ejemplo dramático: si se compran a valor de mercado las importantes pero modestas tres millones de hectáreas a distribuir entre los campesinos estipuladas en el Acuerdo de Paz, se abre un gran hueco fiscal. Otro gallo cantaría si se compraran al valor de los libros.
Hay muchísimo más. No: el planteamiento de que nuestra primorosa institucionalidad agraria basta para mejorar e incluir no se sostiene.
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