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El término “fuego amigo” se ha convertido en tendencia en los últimos días. Y no precisamente por un asunto bélico sino, más bien, por posibles acusaciones entre miembros del alto gobierno. Ese concepto lo puso en primer lugar Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, quien envió una denuncia a la Fiscalía asegurando que funcionarios del Ejecutivo estarían buscando dañar su imagen ante la opinión pública. Algo similar ha sucedido con Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien también ha estado en el centro de otros señalamientos, junto a su hermano, Andrés Sarabia. El “fuego amigo” ha llegado tan lejos que, desde hace un tiempo, se rompió la confianza de Sarabia y Alcocer con uno de los más fieles escuderos del presidente Petro.
El asunto se concretó cuando ambas pidieron que en su esquema de seguridad ya no estuviera la Unidad Nacional de Protección (UNP), al mando de Augusto Rodríguez. Este diario conoció que Sarabia pidió hace dos meses que la unidad la dejara de proteger y, por eso, solicitó que los carros que hacen parte de su esquema de seguridad no sean de la Unidad, sino del propio Dapre que, a su vez, son gestionados por la Policía. Es más, la mayoría de las personas que la protegen hacen parte de esa institución y no de la UNP. No es para nada un asunto sencillo, pues a la cabeza de esa entidad está Rodríguez, quien es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro. No solo lo ha acompañado los últimos 30 años de vida política, sino que militaron juntos en la desmovilizada guerrilla del M-19.
Graduado en Ingeniería Química de la Universidad Nacional, Rodríguez ha trabajado de la mano con el actual presidente en todas sus facetas políticas: como congresista, como alcalde y ahora como presidente. Fue su hombre de confianza cuando resultó elegido como representante a la Cámara, en 1998; su asesor en las investigaciones de la parapolítica, en 2006, cuando Petro tenía un asiento en el Senado y su mano derecha, en 2011, durante la gestión del ahora presidente en la Alcaldía de Bogotá. Aunque el recorrido de Rodríguez junto a Petro es extenso, en los últimos días se ha mencionado su nombre como uno de los presuntos artífices de la campaña de desprestigio contra el gobierno, señalamientos que el mismo director de la UNP ha negado tajantemente.
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No obstante, las grietas de un posible rompimiento de las relaciones internas del gobierno parecen estar abriéndose más. Hace apenas 15 días, la primera dama Verónica Alcocer, antes de un viaje oficial a Suiza, pidió que nadie de la UNP estuviera en su esquema de seguridad. Consultada por este diario, la Unidad respondió: “Hasta este momento no hay solicitud expresa de retiro de los esquemas de protección de la primera dama Verónica Alcocer y de la doctora Laura Sarabia. El esquema de protección de la primera dama está en cabeza de su esposo, el jefe del Estado. En el esquema de la primera dama se han presentado cambios en las personas de protección, que son novedades normales, sobre todo cuando ella sale del país (…) Cuando ella está fuera del país, el esquema se queda en Colombia”.
Sin embargo, fuentes del alto gobierno que conocen los pormenores de este tema le confirmaron a este diario que ni Sarabia ni Alcocer hicieron una solicitud expresa a la UNP, “precisamente porque sabían que se trataba de un asunto de muchísima sensibilidad para el presidente, pues quien dirige la Unidad ha sido uno de sus alfiles y desde hace muchos años. Pero lo que es cierto es que ambas han tratado de desligarse de la Unidad. Se perdió la confianza”. Entretanto, la UNP ha sido enfática en señalar que no ha recibido ningún tipo de solicitud para retirar ambos esquemas de protección, aunque en los pasillos de la Casa de Nariño es claro que los hombres de Augusto Rodríguez ya no se acercan igual que antes a Laura Sarabia y Verónica Alcocer. La tensión de este asunto se suma a uno igual de delicado.
Al menos tres magistrados de las altas cortes han expresado su preocupación porque, al parecer, estarían siendo seguidos y sus comunicaciones interceptadas por entidades del Ejecutivo. El caso más reciente se conoció el jueves pasado, cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional le entregó a la fiscal Luz Adriana Camargo una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la que asegura que sería el objetivo de tareas de inteligencia desde la propia Presidencia. A esto se le suma que al menos dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia ya le dijeron a la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González -otro alfil del presidente Petro en materia de seguridad- que algunos magistrados también estarían siendo objeto de seguimientos e interceptaciones a sus comunicaciones.
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En respuesta, los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado “rechazaron con vehemencia” las posibles chuzadas y seguimientos ilegales a los magistrados de las altas cortes. “De verificarse esos hechos ponen en riesgo la independencia de la rama judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y de la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado. El tema ya está sobre el escritorio de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien este mismo lunes se reunió con el magistrado Ibáñez, con el fin de ampliar su denuncia. Por su parte, el presidente Petro escribió en su cuenta de X: “Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen”.
El presidente agregó: “En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”. Así las cosas, las cartas para conocer los artífices del supuesto “fuego amigo” que impacta al gobierno nacional estarían por destaparse, pues Verónica Alcocer dijo explícitamente que estaba dispuesta a entregar los nombres de quienes, al parecer, la estarían relacionando con el caso corrupción de la Unidad de Gestión para el Riesgo (Ungrd). Por ahora, lo cierto es que la confianza entre la mano derecha de presidente y la primera dama, con la cabeza de la UNP, parece estar desgastada y desde ya esta historia se convierte en un capítulo más de una maraña política y judicial que ya golpea internamente el organigrama del presidente Petro.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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