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Después de prohibir por casi veinte años las ventas ambulantes, la Universidad de Antioquia ha dado su brazo a torcer. En diciembre, una propuesta del grupo de trabajo sobre comercio informal y convivencia vio la luz. Se trata de un documento de 78 páginas basado en estudios de mercado sobre la “situación problemática” de las chazas (puestos ambulantes) dentro del campus. Sus 18 autores, que ocupan cargos en el alma mater, fueron convocados por la Vicerrectoría. ¿El objetivo? Ponerle fin a un tire y afloje entre los estudiantes vendedores y las directivas que ha hecho que los primeros sean evacuados, cuenten con un reporte disciplinario o accedan a alternativas para que, bajo su condición de vulnerabilidad, no tengan que decidir entre seguir en la universidad o abandonar su formación en busca de ingresos. (Lea: El desafío de comunicar la homosexualidad en la familia)
La propuesta, que no pretende ni “imponerse desde arriba”, ni concretarse “de espaldas a los universitarios”, está dirigida a los jóvenes que atienden los setenta puntos de venta instalados en el campus durante la última década. A veces son hasta 120 chazas cuando comienza el semestre y disminuyen al final del periodo académico a cincuenta puestos en los que se ofrece mecato, minutos, café orgánico, empanadas, libros, CD, etc. El 20 % de ellos vende alimentos preparados como hamburguesas, sándwiches y butifarras que amortiguan el hambre de los 25.000 habitantes de la Universidad de Antioquia, donde las cafeterías no dan abasto.
Esa información permitió que el lío se desenredara, aunque tardaran años en ello. Primero se suprimió el imaginario institucional de vincular a los chaceros con delincuentes. Luego se incrementaron subsidios y programas dirigidos a ellos como Domo, gracias al que más de una docena de venteros fueron reubicados en quioscos con contrato de trabajo, seguridad social y flexibilidad horaria. Y ahora, dispuestos a debatir e incluir observaciones a lo largo de este año, la creación del Programa Módulos Iniciativas Comerciales Estudiantiles (Mi-C).
En palabras de William Freddy Pérez, esto significa “regulación y formalización. Les ofreceremos una asesoría, que será voluntaria, a través de la Unidad de Innovación con el fin de que desarrollen su marca. Se firmará un acta de compromiso para pactar el domo que ocuparán, estos estarán ubicados en los containers que construiremos sin ocupar parqueaderos ni zonas verdes. Allí podrán estar un año más después de que terminen la carrera, luego el puesto será ofrecido por convocatoria pública a otro joven de pregrado en condiciones de vulnerabilidad o con ideas innovadoras”, aseguró él director del Instituto de Estudios Políticos de la U. de A., agregando que el proyecto no valdrá más de $2.000 millones y que la primera fase, en caso de concertarse, estaría lista el próximo año.
El otro lado de la moneda Desde hace años uno de los temas protagonistas del Encuentro de Seguridad y Convivencia en los Campus Universitarios Colombianos es el comercio informal. Esta actividad, que representó el 48 % de los empleos generados en 2018 en todo el país según el DANE, no es ajena a los jóvenes, especialmente aquellos de bajos recursos económicos. Ese es el caso de Érika Yulieth Clavijo, quien se sostuvo por tres años trabajando en la Cooperativa de Estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Coopesing UD), mientras estudiaba ingeniería catastral y geodesta.(Puede leer: Esta es la estrategia del Ministerio de Educación para que ningún niño se quede sin estudiar)
Esta cooperativa surgió después de que en 2010, Inocencio Bahamón, rector de la época, les propusiera a los venteros organizarse. A cambio, él les cedería un espacio en el campus para que pudieran trabajar formalmente: la cafetería. De manera que, inspirados en la cooperativa que ya existía en la Facultad Tecnológica, se constituyeron en cámara de comercio. La palabra se cumplió y alrededor de treinta personas, todas estudiantes, han dependido de las ganancias que se reparten desde entonces bajo la economía solidaria.
En esa cafetería Clavijo atendió la caja ganando por hora $3.500, con pagos quincenales. Luego se desempeñó como administradora, uno de los dos cargos que reciben sueldos fijos dentro de Coopesing UD. Con un total de $300.000 pagaba arriendo en una habitación cerca a la universidad, compraba materiales que necesitaba y mercado, secundada por el subsidio de alimentación y el apoyo alimentario ofrecido por la Distrital. Su graduación fue en septiembre y desde entonces está desempleada.
Como el contrato de la cafetería nunca fue pactado en papel, desde hace cuatro años las nuevas administraciones de la Universidad Distrital han reclamado un canon de arrendamiento de $2’200.000 que los estudiantes han ido concertando. Una incertidumbre similar reina en la Universidad Pedagógica, donde 200 jóvenes sortean sus ingresos con chazas a pesar de que está prohibido. Una propuesta del Consejo Superior para la ubicación, campañas de salubridad y la organización de una cooperativa está en vilo desde que a mitad de 2018 los estudiantes se declararon en paro.
El caso de la Nacional, sede Bogotá. (Le puede interesar: “La educación es un acto de amor y de transformación”: Alexánder Rubio, nuevo director del IDEP)
Son las siete de la mañana, hora en que los chaceros de la Universidad Nacional entran al campus por la portería de la calle 26, en Bogotá. Solo tendrán hasta las ocho para ingresar a través de una puerta esquinera, sujetada en lo alto con cadenas, por donde hacen malabares para meter carros de mercado, cajas sostenidas por ruedas, toldos y carpas. Cargan naranjas, ropa, pan, libros y hasta lechona. Un vigilante los anota sin mucha finalidad. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son: mientras los directivos estiman ochenta chazas, cada una puede ser administrada hasta por tres personas, los vendedores calculan hasta 120.
El caso de esta sede, donde estudian 25.000 estudiantes de pregrado y 6.400 de posgrado, se traduce en un diálogo de sordos. Aunque hace dos años, cuando tronaban las propuestas de los candidatos a rectores, se puso sobre la mesa una estrategia para registrar las chazas y organizarlas bajo una economía solidaria, la administración elegida sentó de nuevo la prohibición sobre los vendedores, pese a abrirles la puerta todas las mañanas.
La alternativa que ofrecen son convocatorias para que los estudiantes sean auxiliares en investigaciones, monitores, promotores de convivencia y becas. Porque “la vinculación a ventas no autorizadas en el campus distorsiona el sentido real de la formación académica”, de acuerdo con Jaime Franky Rodríguez, vicerrector de la sede. Un total de $5.376 millones han invertido en estas vinculaciones que ofrecen, en su mayoría, un salario mínimo por semestre.
El problema es que estas ofertas cubren por mucho al 40 % de la comunidad universitaria. Los estudiantes, que se ganan desde $2.500 hasta $10.000 por montar chazas o atender por horas, reclaman “canales de comunicación más abiertos con los directivos y eso no se puede hacer si no se tiene un censo de quiénes somos. Ser reconocidos como algo que hace parte de la cultura universitaria”, asegura uno de los tantos venteros que por temor a un proceso disciplinario se negó a dar su nombre. (Podría leer: Gobierno avala la primera universidad indígena pública de Colombia)
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