El futuro de la CNTV

Pese a que la Constitución buscaba una entidad que estuviese por encima del Gobierno, los gremios, el Legislativo y los medios de comunicación, varias decisiones expedidas por la Comisión contradicen de tajo el revolucionario espíritu de la Carta Magna. En las determinaciones adoptadas recientemente, la cercanía al Gobierno y la presencia cuasipermanente de cuotas políticas y de personas ajenas por entero al mundo de la televisión y de las telecomunicaciones dan fe de la modificación del espíritu central con el que fue concebido el órgano.

Consecuencias inevitables, los descuidos administrativos registrados en los últimos meses no se hicieron esperar. La escandalosa improvisación en el proceso para fijar el precio de la prórroga de la licencia de funcionamiento de los canales privados movió al entonces procurador Edgardo Maya a retirar el acompañamiento que se venía haciendo. La actual Procuraduría, de paso, ordenó una indagación preliminar contra los miembros de la junta directiva. En adelante, la adjudicación de la licencia para el tercer canal requiere total claridad y transparencia.

Los perfiles de los comisionados, por otra parte, contradicen las reglas más obvias de aceptación. Antes que expertos en su área, dos de los cinco comisionados elegidos por el Gobierno carecen del perfil que supone la Constitución deberían tener. Los otros tres tampoco disponen de las capacidades técnicas que requieren y el manto de duda frente a si representan o no los sectores que dicen representar es absoluto. Es más, la elección de un nuevo comisionado, que representará a los gremios de la industria, ha sido el caldo de cultivo de todo tipo de anomalías. Un total de 75 de las 192 asociaciones inscritas para reemplazar el próximo 5 de marzo al comisionado Fernando Álvarez no cumplen con los requisitos. La auditoría realizada por 14 delegados del organismo electoral y la Dirección de Gestión Electoral confirma para el caso que la dimensión técnica de las asociaciones es insuficiente.

Por si ello fuera poco, el manejo administrativo de la CNTV no es el más sensato en términos económicos. Según cifras de la directora, María Carolina Hoyos Turbay, para el año 2008 se presupuestaron $166.737 millones y fueron ejecutados $151.639. No es claro en qué son invertidos los millonarios recursos que emanan del pago de licencias y retribuciones por concesiones. Ni qué decir de los frecuentes viajes de los comisionados, que más de uno critica y que en ocasiones dan la impresión de no tener un propósito claro.

Y mientras se mantiene un manejo poco austero, el fortalecimiento de la red pública de televisión sigue siendo una tarea sin realizar. Es más, salvo por algunas valiosas iniciativas individuales, la televisión pública sigue siendo virtualmente inexistente.

Con este oscuro panorama no es de extrañar que el presidente Álvaro Uribe haya retomado su propuesta de eliminar la CNTV. Razones hay muchas, pero no por ello todas válidas. Antes que pensar en su desaparición, habría que hacer un juicio de responsabilidades y reconsiderar la posibilidad de reformular los mecanismos de elección de los comisionados. La idea de hacer borrón y cuenta nueva para crear una comisión técnica que se encargue de la televisión y las telecomunicaciones, aunque sugestiva entre tantos desatinos, requiere de un mayor estudio y menos calentura mediática, no vaya a ser que resulte peor la cura que la enfermedad.

*Advertencia: Comunican S.A., empresa editora de este diario, hace parte del mismo grupo de medios al que pertenece Caracol Televisión.