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Germán Romero Sánchez es una de las personas que más conoce los pormenores del expediente del Palacio de Justicia. Está metido en sus carpetas desde diciembre de 2007 y ha visto cómo se ha transformado un caso que ha tenido como telón de fondo la desmedida respuesta de un Ejército que, como ya lo declaró la justicia nacional e internacional, cometió graves violaciones de derechos humanos. Romero defiende a la familia de Carlos Rodríguez y Marina Ferrer, dos desaparecidos del holocausto ocurrido en noviembre de 1985 y, por saberse de pe a pa hasta la letra menuda del caso, no le sobraron las palabras para criticar la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre este caso.
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La Sección de Revisión de esa justicia transicional aceptó revisar la condena del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, después de intentarlo dos veces. El alto oficial fue sentenciado a 35 años de prisión por cinco desapariciones ocurridas luego de la toma del Palacio de Justicia (por el M-19 y la retoma del edificio, a manos del Ejército que él dirigía. En entrevista con este diario, Romero señaló varias inconsistencias de las decisiones de la JEP, fue rotundo en denunciar que a esa justicia le estorban las víctimas y solo está beneficiando a militares, y que considera que es infame lo que está haciendo la jurisdicción especial de paz en un caso tan emblemático para la historia del país como el del Palacio de Justicia.
¿Cómo recibe la reciente decisión de la Sección de Revisión de la JEP?
Esta decisión tiene que verse en tres sentidos. Dos de ellos tiene que ver con temas puntuales del caso del Palacio de Justicia, y uno en sentido general sobre los derechos de las víctimas y los de los perpetradores ante la JEP. Lo primero y lo más grave es que nosotros intentamos acceder al procedimiento de revisión en su momento y nos fue negada la participación por parte de Sección de Revisión, desconociendo los propios estándares de reconocimiento de personería jurídica y acreditación de víctimas que la JEP ha venido creando.
¿A qué se refiere?
A que, si usted ya fue reconocido en la justicia ordinaria, no tienen que volverlo a reconocer ante la transicional. Si una de las salas o una de las secciones de JEP ya lo reconoció, no tiene usted que volver a presentar poder. Sin embargo, la Sección Revisión nos negó la participación. Fundamentalmente, lo que nosotros le dijimos es que no podía adelantar una práctica anticipada de pruebas en este trámite revisión, si el sometimiento de Arias Cabrales no estaba en firme, cosa que todavía sigue pasando. La JEP no ha confirmado que lo acepta y, aun así, le van a revisar su condena. La Sección de Revisión lo que hizo fue desconocer los derechos de participación de las víctimas. Además, con un agravante muy fuerte: esta sería la tercera oportunidad que le dan Arias Cabrales para que revisen su condena.
Y la tercera fue la vencida…
Y lo peor es, que dentro de esta decisión, le vuelven a dar pistas de qué tiene que hacer para que le acepten todas sus peticiones. Ya lo habían hecho en la decisiones pasadas y esto está generando que no haya un cierre de las etapas procesales, sino que les permiten arreglar sus errores para que vuelva a presentar recursos. Es una infinita posibilidad que le dan a él. Arias Cabrales cogió a la JEP como puerta giratoria.
¿Por qué?
Recordemos que cuando su caso todavía estaba en la Corte Suprema de Justicia y no se sabía si lo absolvían o no, nosotros, junto a los familiares de Carlos Augusto Rodríguez (desaparecido en la retoma del Palacio de Justicia), le dijimos a la JEP y a ese alto tribunal: “Oiga, si este señor quiere acogerse a la JEP, lo único que tiene que hacer es aportar a la verdad”. Eso incluía decir qué pasó con los desaparecidos, dónde están y cuál fue la estructura criminal que los desapareció. En ese momento, Arias Cabrales se dio cuenta que tenía que aportar y lo que hizo fue renunciar a JEP y quedarse en la Corte Suprema. Pero, como los magistrados mantuvieron la condena, de nuevo hizo puerta giratoria y trató de entrar a la jurisdicción especial. La JEP está permitiendo este tipo de cosas. Es verdaderamente infame lo que viene ocurriendo con él porque es una infinita posibilidad de que Arias Cabrales puede acogerse al procedimiento transicional, desconociendo los derechos de las víctimas.
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Además de no tener en cuenta los derechos de las víctimas, la JEP está desconociendo verdades que ya la justicia ordinaria e internacional habían aclarado. ¿Qué opina de este reversazo?
La Sección de Revisión dice, palabras más palabras menos, que el hecho de que hayan aparecido restos de Luz Mary Portela y Bernardo Beltrán es suficiente elemento de trascendencia, como hecho nuevo, para estudiar la revisión. Pero lo que no conoce y lo que se le olvida a la JEP es que la realidad es otra. Hay un profundo desconocimiento del expediente del Palacio de Justicia y es que no se ha desvirtuado, bajo ninguna razón, la salida con vida de ellos dos. Que aparezcan restos significa que ellos murieron, pero bajo ninguna circunstancia significa que ahora haya dudas de que salieron con vida, bajo la custodia del Ejército que comandaba Arias Cabrales.
Esa certeza ya la dio la justicia ordinaria. ¿Por qué la JEP está poniendo en duda este asunto?
No solo eso: ahora la JEP está poniendo en duda si pudo haber un error de identificación. Lo que se le olvida a esta justicia transicional es que, desde el 7 de noviembre y en adelante, el Ejército Nacional y los jueces penales militares controlaron Medicina Legal, la identificación y la entrega de cuerpos y controlaron cuáles cuerpos podían ser clasificados como “especiales” y no podían ser entregados. Es decir, lo que ha sido un mecanismo de ocultamiento de los crímenes, ahora la JEP lo quiere hacer presentar como un mecanismo de revisión y de dudas razonables. Con otro agravante: la Sección de Revisión confiesa en su memorial que tuvo que bajar su propio estándar de exigencia.
¿Cómo así?
Para que en esta ocasión a Arias Cabrales le hayan aceptado su petición, la misma Sección dice que tuvo que rebajar su estándar de análisis. El documento dice que no puede tener el mismo estándar de análisis de las decisiones de junio y enero (en las que rechazaron la petición del oficial retirado), sino que las tienen que bajar. Esto permite que su caso sea revisado. La Sección dice que fue muy rigurosa en los análisis de las prueba y de los hechos y, por eso, le baja a su propia rigurosidad y así terminan aceptando el recurso de Arias Cabrales.
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Es la primera vez que la JEP acepta revisar verdades del Palacio de Justicia. Sin embargo, ya son muchas las ocasiones en las que otras instancias ponen en entredicho el hecho de que hayan existido desaparecidos. ¿Qué opinión le merece esta situación?
Exacto. Esto no es nuevo. Esta situación existe desde el primer día en el que las familias de los desaparecidos reclamaron a sus seres queridos. Para ellos, la respuesta siempre ha sido: ellos murieron en el incendio del tercer y cuarto piso, quedaron calcinados y son irreconocibles. Esa es la versión que siempre ha mantenido el Ejército y el pacto de silencio que siempre ha tenido este caso. Esta decisión de la JEP, que conocimos a través de medios de comunicación, y no porque se lo comunicaran a las víctimas, se alinea con ese pacto de silencio creado desde 1985. Su tesis es: los desaparecidos no están desaparecidos, sino que fueron calcinados y mal identificados.
Esa tesis también la ha sostenido la Fiscalía en años recientes. El episodio más reciente ocurrió en 2019 y causó revuelo. Sin embargo, terminó retractándose. ¿Qué ha hecho el ente investigador desde entonces?
La Fiscalía ha tratado de reactivar el caso a partir de la sombrilla que genera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero las hipótesis que ya habían sido delimitadas por parte de la de las víctimas, la parte civil y de los anteriores responsables de la Fiscalía, fueron abandonadas completamente. Es decir, se han dedicado a tratar de ampliar esta idea de las malas identificaciones y han tomado algunos testimonios adicionales. Pero las hipótesis de responsabilidad y de búsqueda de las personas desaparecidas, ya no están en firmes.
¿La Fiscalía ya formalizó con ustedes su determinación de no seguir buscando a los desaparecidos?
La misma Fiscalía reconoce que el trabajo forense del buscar en los restos que todavía estaban en cajas que fueron extraídas de la fosa del Cementerio del Sur y de las inhumaciones particulares, ya se agotó. Es decir, todo ese procedimiento de ir a buscar en las cajas y en otras tumbas, ya culminó. Ya nos dijeron que no tienen en dónde más buscar.
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Y en cuanto a decisiones jurídicas del caso, ¿ha pasado algo más?
Todo el proceso quedó abandonado. Hace unos años, la Fiscalía ya tenía identificados unos integrantes del Ejército, de DAS y de la Policía para avanzar en su proceso de rendición de cuentas, pero todo eso quedó absolutamente abandonado. Eso fue desde los cambios más fuertes de fiscales, es decir, hace unos seis o siete años.
Si la JEP se supone que es una jurisdicción que tiene, como premisa principal, tener a las víctimas en el centro, ¿por qué cree que suceden en este tipo de decisiones?
Porque eso no es verdad. La centralidad de las víctimas, dentro de procedimiento de la JEP, no es verdad. Si eso fuera así, hoy los familiares de las ejecuciones extrajudiciales podrían estar escuchando la versión voluntaria de Mario Montoya de manera directa. Si fuera así, en el caso de Palacio de Justicia, las víctimas habrían sido convocadas al proceso de revisión y hubieran sido escuchadas antes de que le hubieran dado ningún beneficio. Es tan grave esto que, por los recursos que presentamos nosotros, dos años después le revocaron la libertad. Esa premisa de las víctimas como el centro, solo le sirve a la JEP para desconocer derechos de las víctimas y favorecer a perpetradores.
¿Cuál ha sido la explicación formal de la JEP para negarles ese tipo de participación?
Hemos recibido varios argumentos. Uno es que, para otorgar beneficios, no es necesaria la participación de las víctimas. Dos, que las víctimas no están preparadas para escuchar a los perpetradores. Pero aquí, en el caso de Palacio Justicia, se le olvida a la JEP, que las víctimas llevan casi 37 años escuchando a sus victimarios, luchando por justicia y han estado en juicios, en juzgados penales militares y en la Corte Interamericana. Creo que hoy en día, en estos casos de altos oficiales del Ejército, a la JEP le molestan las víctimas que están de manera activa y solo le gusta que participen pasivamente, de forma marginal y siempre a través de abogados.
¿Cree que a la JEP le estorban las víctimas?
Sí, claro. Yo creo que en un escenario restaurativo y de centralidad de las víctimas, como pretende ser la JEP, antes de aceptar cualquier asunto en relación con el caso del Palacio de Justicia, lo mínimo que ha debido hacer la Sección es haber hecho el esfuerzo de buscar a los familiares y haberlos escuchado antes de tomar decisiones. Lo mínimo.
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En este caso de Arias Cabrales y el Palacio de Justicia hay otro ejemplo que llama la atención y es el de Iván Ramírez Quintero, otro alto oficial investigado por su participación en el holocausto del Palacio de Justicia. La JEP ya lo expulsó por haber faltado a la verdad, una actitud muy similar a la que ha tenido Arias Cabrales durante todo su caso. ¿Qué está pasando en estos casos?
Si ya la JEP tomó la decisión de expulsar a Iván Ramírez Quintero porque no aportó en nada a la verdad, uno no entiende por qué no expulsa a Arias Cabrales, bajo los mismos argumentos, si él ha cometido las mismas faltas que Ramírez Quintero. Ninguno fue a la Comisión de la Verdad, ni a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y no han aportado en verdad ni han satisfecho los derechos de las víctimas. ¿A uno lo expulsan y al otro no y ahora le van a revisar la condena?
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