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Los puntos cardinales de la corrupción política y administrativa que se tejieron al más alto nivel en Córdoba en los tiempos del gobernador Alejandro Lyons Muskus, entre 2012 y 2015, fueron evidenciados una vez más en un voluminoso expediente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal, en un documento de 314 páginas en poder de El Espectador, acusó formalmente el 13 de julio pasado al senador John Moisés Besaile –hermano del condenado exsenador Musa Besaile– por el delito de falsedad ideológica en documento público por su rol como secretario de Gobierno de Lyons Muskus en este entramado ilegal y, en ese contexto, recapituló los tentáculos de la corrupción menuda que utilizó los convenios de ciencia y tecnología, financiados con el Sistema General de Regalías, para llenar los bolsillos del exgobernador y sus aliados políticos. Tres magistrados de la Corte se apartaron de la decisión mayoritaria de llamar a juicio a Besaile.
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La clave del caso es una resolución firmada por Besaile como secretario de Gobierno, en la que certificó que el Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), empresa a través de la cual se saquearon millonarios recursos públicos, contaba con mayor tiempo de antigüedad del que realmente tenía. Aunque la compañía fue creada en octubre de 2013 por el contratista Jesús Eugenio Henao Sarmiento –alfil estelar de la corrupción en Córdoba–, Besaile acreditó que ésta había sido fundada en septiembre de 2012. ¿El objetivo? Que dicha empresa pudiera mostrar más tiempo y experiencia y así resultara beneficiaria de los giros de la contratación irregular, tal como ocurrió. Según la Corte, de esa telaraña que defraudó a Córdoba en distintos frentes hicieron parte el exgobernador Lyons, el exsenador Musa Besaile y Mara Bechara, suegra de Edwin Besaile, quien sucedió a Lyons en la Gobernación en 2016 y quien es hermano de Musa y de John Moisés.
De acuerdo con la investigación, de ese circuito de contratos amarrados y coimas de hasta el 30 por ciento que pedía Alejandro Lyons participaron también el contratista Jesús Eugenio Henao, el entonces director de regalías de Córdoba Jairo Alberto Zapa –quien fue asesinado en 2014– y el segundo a bordo de esa oficina, Maximiliano García Bazanta. Fue Zapa, según declaró Henao, quien le dijo que tenían que crear una empresa que tuviera como mínimo más de un año de experiencia para canalizar por esa vía los dineros que se iban a robar. Para darle vida a esa “coartada empresarial”, la organización criminal necesitaba que John Moisés Besaile acreditara dicha mentira a través de una gestión oficial y “para cuyo efecto se alteró todo el procedimiento contemplado en la Secretaría del Interior para expedir la resolución de reconocimiento de personería jurídica en tales condiciones, sin solicitud alguna ni ninguno de los soportes documentales requeridos”.
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En dos declaraciones ante la justicia, en septiembre de 2017 y mayo de 2021, el exgobernador Lyons confesó la ruta de las comisiones, los contratos torcidos y sus enlaces para legalizar los sobornos. Para empezar, contó que el articulador de estos contratos fue Jairo Alberto Zapa, que había llegado a su administración de la mano de Mara Bechara; que a finales de 2012 Zapa le comentó “que había unas personas de Bogotá muy serias que querían proyectos de ciencia y tecnología” y que tras las gestiones necesarias se aprobaron en Colciencias cuatro proyectos en Córdoba: “carneros, hidrobiológicos, corredor y agroforestal”, cuyo valor ascendía a $80 mil millones. Lyons añadió: “Nos reunimos en Montería a principios de diciembre de 2013 para confirmar con un representante de esas empresas la comisión que me deberían entregar a mí para repartirla con mi socio Musa Besaile, con quien tenía un acuerdo para repartir por mitad las comisiones que se cobraran”.
Alejandro Lyons relató que ese día conoció al contratista Jesús Eugenio Henao, dueño de la firma Ceniagroecológico, y que él y Zapa habían estimado una utilidad de casi el 30 % en la ejecución de esos cuatro contratos, porcentaje que debía repartirse entre todos. “Al final quedamos en que nuestra comisión era un valor fijo. El mismo Henao me dijo que me daba $12 mil millones y resto lo repartía con sus socios, entre ellos Jairo Zapa y Maximiliano García. Ante esa propuesta yo quedé más que satisfecho y le pedí a Henao que me cancelaran (ese dinero) dentro de mi periodo, es decir, antes del 31 de diciembre de 2015”, sostuvo Lyons. Además, explicó que el primer pagó que recibió de esas coimas pactadas fue de $1.900 millones y que de ese dinero le entregó $350 millones a Musa Besaile –el senador más votado del partido de la U en 2014– “y le guardé el resto conforme a un acuerdo que teníamos para financiar la próxima campaña a la Gobernación”.
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Sobre la gestión de su secretario de Gobierno, John Moisés Besaile, de certificarle mayor tiempo de antigüedad a la empresa de Jesús Eugenio Henao, Lyons añadió que no habló con Besaile para que hiciera eso, pero que su director de regalías sí lo hizo. “El doctor Zapa me comentó que le había pedido un favor a Johnny Besaile para efectos de un trámite de una empresa”, aseguró. Según dijo, todo lo cuadraron directamente con Besaile, pues Lyons se desentendió del mecanismo que usarían para garantizarle la comisión. De eso se encargaron Zapa y Henao. No obstante, en su testimonio Alejandro Lyons sí refirió que el propio Zapa le contó que Besaile le había hecho un par de favores claves. Así recordó esa conversación con Zapa: “Él me dijo: ‘Mire, gober –él me decía gober–, le iba a pedir un favor para que hablara con Johnny, pero no se preocupe, ya me hizo un favor que le estaba pidiendo pa un tema de unas fundaciones para un registro y el hombre se portó bien conmigo’”.
Esa vuelta sería la misma que hoy tiene ad portas de un juicio ante la Corte Suprema de Justicia al actual senador John Besaile, heredero político de su hermano Musa, condenado por parapolítica y procesado por el llamado cartel de la toga. En ese sentido, Alejandro Lyons fue categórico: “Johnny y Edwin (Besaile), que fue a la postre candidato (a la Gobernación), tenían conocimiento de que yo tenía una sociedad con Musa, de pronto no al detalle, pero sí tenían conocimiento de lo que yo recibía a título de comisión, que he confesado y por lo cual estoy condenado, pues tenían conocimiento, quizás no puntual”. El exasesor de Zapa, Maximiliano García Bazanta –detenido desde abril de 2014 por la corrupción en Córdoba e investigado por el crimen del propio Zapa–, le dijo a la Corte que entre ellos había mucha preocupación porque Ceniagroecológico tenía muy poco tiempo de creada para ejecutar los proyectos y que por tanto debían corregir eso cuanto antes en papeles.
En esa misma línea declaró Jesús Eugenio Henao, también investigado por el crimen de Zapa. Según dijo, en febrero de 2014 para darle apariencia de legalidad a una firma recién creada como Ceniagroecológico –fundada en octubre de 2013– necesitaban que se le otorgara mayor tiempo de experiencia y por esa razón, a través de la resolución de John Moisés Besaile se alteró esa realidad asegurando que había sido creada en septiembre de 2012. Henao relató que Carlos Alberto Pérez Escobar, abogado y primo de Zapa, se encargó de esa vuelta en la Secretaría de Gobierno. Henao sostuvo que Zapa le aseguró que se encargaría de viabilizar estos trámites y le pidió unas actas de Ceniagroecológico. “Yo conseguí los documentos, se los entregué y a los ocho días (Zapa) me mostró complacido que ya tenía la resolución del reconocimiento de la personería jurídica firmada por el doctor John Besaile”, contó Henao.
Henao añadió que en total se le entregaron al gobernador Lyons $8.000 millones por esos contratos de ciencia y tecnología y que Carlos Cristóbal Causil Cuadrado, funcionario de la secretaria de Gobierno, fue la ‘ficha’ que usó el abogado Carlos Alberto Pérez para lograr la expedición de la resolución de Ceniagroecológico. Justamente, Causil Cuadrado, quien le proyectó la resolución mentirosa a su jefe John Besaile, fue condenado por falsedad en documento público por estos hechos. Aún más, se probó que un hijo de Causil Cuadrado trabajó en Ceniagroecológico, la firma beneficiaria de la resolución espuria. Como anécdota final, Jesús Eugenio Henao –hoy en detención domiciliaria y quien tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía– relató que una vez fue detenido por estos hechos en 2014, el gobernador Lyons le envió un emisario a la cárcel para proponerle que le cediera los contratos a testaferros suyos a cambio de ayudarlo a quedar en libertad, pero aquello no se pudo porque los contratos habían sido otorgados por Colciencias.
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En su indagatoria, John Moisés Besaile se declaró inocente y aseguró ser “un hombre de familia con cuatro hijos que no es capaz de hacer nada en contra de las personas y tampoco contra el erario”. Reconoció que sí firmó la cuestionada resolución 0334 de 2012, pero que ésta fue alterada después de su firma pues, según él, el documento en el que le reconoció personería a Ceniagroecológico era del año 2014. Sostuvo que fue Carlos Cristóbal Causil, uno de sus funcionarios de confianza, quien realizó este ilícito y que el propio Causil así lo confesó ante las autoridades. Es más, recordó que Causil declaró ante la justicia que hizo todo eso a espaldas suyas. Al final, insistió en que siempre ha actuado de buena fe confiando en sus subalternos encargados de revisar estos procedimientos. La Corte, sin embargo, no le creyó y determinó a través de inspecciones judiciales que sin su aprobación no habría sido posible obtener la resolución falsa en tan poco tiempo. Por eso lo llamó a juicio.
“Este comportamiento atentatorio de la fe pública debe ser atribuido jurídicamente a título de dolo a John Moisés Besaile Fayad”, quien “con pleno conocimiento, voluntad y en ejercicio de su facultad certificadora, consignó hechos contrarios a la realidad”, concluyó la Corte en su acusación. Así mismo, al alto tribunal reprochó que una de las justificaciones de Besaile fue que debido a su carga laboral no tenía el tiempo suficiente para revisar las resoluciones que salían de su despacho, argumento “absolutamente inadmisible, máxime cuando aduce que en algunas oportunidades no leía o en el mejor de los casos que lo hacía someramente”. Para la Corte, “el deber de veracidad” y control sobre las resoluciones expedidas en esa oficina pública le correspondía exclusivamente a Besaile y no a sus subalternos, en quienes el hoy senador descarga toda la responsabilidad. Esta actitud fue calificada por la Corte como “deleznable”.
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La Sala de Instrucción, además, determinó que el caso de Ceniagroecológico no había sido el único en el que se alterara la realidad de las resoluciones para favorecer contratistas, pues ya habían sido denunciadas varias irregularidades en el mismo sentido cometidas por Carlos Cristóbal Causil, quien alcanzó a trabajar por casi 30 años en la Secretaría de Gobierno de Córdoba. A propósito de Causil, para la Corte su aceptación de responsabilidad en este caso, así como de total exculpación de Besaile, no resultan creíbles, no sólo porque existen pruebas de que Besaile, al parecer, sí sabía que estaba firmando una resolución falsa, sino porque la condena de Causil a 32 meses de prisión parecería ser la constatación de que la justicia sólo llegó “al eslabón más débil de la cadena”. Es más, la Corte calificó a Causil como “inseguro y temeroso” durante su versión a la justicia. Con otra gravedad: el juez que lo condenó no verificó si su aceptación de cargos pudo deberse a otros motivos.
La Corte le dio toda credibilidad al testimonio del exgobernador Lyons, cabeza de esta organización ilegal, y quien todavía continúa en Estados Unidos sin pagar su pena en Colombia. A pesar de que la defensa de Besaile tildó al exgobernador como testigo de oídas, para el alto tribunal resulta evidente que se trata del hombre que, ni más ni menos, desde la cúspide del poder en Córdoba, ideó y resultó beneficiario del saqueo a los recursos de la región, y que, por tanto, supo de primera mano los entretelones que tuvieron que tejerse para materializarlo. “Los testimonios de Alejandro Lyons y las exculpaciones de John Moisés Besaile Fayad, procurando por todos los medios desmarcarse de la cercanía con éste, hacen razonable inferir que podría conocer los acuerdos ilícitos de su hermano Musa con el gobernador”, resaltó la Corte en su acusación. Es más, Besaile fue nombrado secretario del Interior de la administración de Lyons como parte de los acuerdos entre éste y Musa Besaile.
La Corte añadió con vehemencia: “A partir de estos hechos debidamente comprobados puede inferirse el conocimiento que pudo tener John Moisés Besaile del papel que jugaba la corporación Ceniagroecológico en este escenario ilícito (…) Lo esencial y trascendente en este asunto es que en verdad se ocasionó una afrenta al interés colectivo que resguarda la veracidad de los documentos públicos y en la que deben estar empeñados los agentes del Estado”. En todo caso, más allá de las alianzas políticas del pasado, la familia Besaile comenzó a tener enfrentamientos con Alejandro Lyons a los tres meses de haber llegado al poder. “Lyons eran un don nadie en política, en 2007 era mi abogado suplente en el caso de parapolítica. (Pero) desde que se monta al poder empieza a armar grupo político (…) entonces se imaginará, señora magistrada, que uno elija un gobernador para que nos ponga competencia”, declaró ante la Corte el detenido exsenador Musa Besaile.
Lejos de la controversia alrededor de los pleitos entre dos familias cordobesas protagonistas de la corrupción regional y el cartel de la toga –que torció expedientes y engavetó pruebas de parapolíticos que por años pasaron de agache–, lo cierto es que el senador John Moisés Besaile está en apuros judiciales. Tal como antes lo estuvieron sus hermanos Musa y Edwin Besaile, este último por su paso como gobernador de Córdoba, pues fue suspendido de su cargo en 2018 y luego terminó inhabilitado. El Espectador consultó al senador John Moisés Besaile, pero señaló que por prudencia procesal prefería no pronunciarse. Quien sí lo hizo fue su abogado, el exviceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Para él, se trata de “una acusación basada en meras conjeturas sin fundamento probatorio alguno, por lo que tres de siete magistrados salvan voto con unas críticas muy fuertes a lo dispuesto por los otros cuatro”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Juan David Laverde Palma
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