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Del proyecto que se cocina para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales faltan muchas cosas por definir, pero hay dos aspectos claros. En la propuesta que ya le presentaron expertos en justicia transicional, penalistas y criminólogos al Gobierno se destaca, por un lado, que se va a trabajar con las instituciones que ya existen. No se van a crear nuevos tribunales, como ocurrió en el Acuerdo de Paz con las Farc. Y, de otro lado, que quienes se acojan, sí o sí, deben pasar un período de tiempo privados de su libertad. Es decir, habrá más responsabilidades sobre la Rama Judicial y sobre el sistema penitenciario, ya congestionados.
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Esos pilares tienen razón de ser. La “paz total” incluye a todos los grupos que someten a la ciudadanía con violencia, como grupos narcotraficantes, extorsivos o de minería ilegal. Es un punto de honor para los asesores del Gobierno no producir un tribunal transicional para narcotraficantes puros, pues hacerlo implicaría reconocerles un estatus político, como explicó una fuente. Fue entonces que idearon un sistema que desescale la violencia, desmovilice a la mayor cantidad de la tropa posible y que abogue por buscar verdad. Además, tomaron como base la ley RICO, que permitió a Estados Unidos desarticular mafias italianas e irlandesas en los años setenta.
Ahora, aterrizando el borrador a la realidad, las consecuencias directas del proyecto de “paz total” de Petro serán soportadas, en su gran mayoría, por el sistema penitenciario y de justicia. Sin importar cuál sea la banda criminal sometida y la gravedad de los delitos a confesar, todos los postulados deberán responder ante un juez y estar privados de su libertad entre cuatro y 20 años. Como los asesores del Gobierno optaron por trabajar sobre lo construido en las leyes, el posible sometimiento masivo será asumido por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y la entidad que administra sus recursos desde 2011: la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Sobre la ejecución de las penas está previsto, para criminales de alto perfil, destinar espacios en las 132 prisiones del Inpec, así como crear o adecuar centros de arraigo: espacios donde estarían recluidos y a disposición de la justicia, pero con un énfasis claro en la reinserción laboral y económica, así como en acercarlos a sus familias. Asimismo, se proyecta la utilización de cárceles comunitarias, cuyo objeto es la resocialización a través de labores que aporten a la sociedad. Los beneficios previstos incluyen permisos para salir del lugar de reclusión hasta por 72 horas, pero dependen de su colaboración eficaz y tras cumplirse un cuarto de la pena.
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Norberto Hernández, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, ve con buenos ojos estas propuestas, pues, por ejemplo, el construir centros de arraigo se ha debatido por años sin que se hayan materializado aún. “Adicionalmente, en términos de penas alternativas, se pueden acuñar experiencias, por ejemplo, del Acuerdo de Paz, que ha demostrado que estas sanciones pueden ser mucho más útiles que la pena privativa de la libertad. Incluso las víctimas pueden tener un resarcimiento de los perjuicios a través de estas penas restaurativas o trabajos comunitarios. Tiene el efecto práctico de: vamos a tener menos personas privadas de la libertad”, explicó Hernández.
La propuesta prevé que, una vez acepten cargos, los miembros de los grupos armados deben entregar nombres, desnudar sus métodos criminales, develar su financiación, comprometerse a no reincidir y entregar bienes, sobre los cuales podrían quedarse con hasta el 10 %. Hernández cree que esto es problemático y podría ser hasta inconstitucional. Además, se propone que haya un año desde el sentido de fallo -cuando el juez los declara responsables- y la sentencia, para verificar su compromiso con el proceso. Dependiendo de la gravedad del delito, se tasará la pena, pero lo máximo que pasarían tras las rejas los máximos responsables sería 20 años.
El caos carcelario
Mientras el Gobierno le da forma a este rompecabezas, sigue a la deriva la entidad que soportará los efectos más directos de la “paz total”: los jefes criminales que terminarían en las cárceles. El pasado 13 de septiembre, el presidente aceptó la renuncia del general Tito Castellanos, quien duró escasos meses al frente del Inpec. El Espectador conoció que, hasta la fecha, Petro ha revisado varios perfiles, pero no encuentra a la persona y tampoco le aceptan el encargo. “El Gobierno está evaluando hojas de vida de personas civiles, criminólogos o sociólogos que pudieran asumir esa función”, dijo a este diario el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
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Y agregó que hasta la próxima semana se nombrará al director de Política Criminal del Ministerio. “En cuanto a la Uspec, el presidente ha examinado varias hojas de vida. Hemos estado en contacto con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para diseñar una política anticorrupción específica para esa entidad, ya que los índices de lo que viene ocurriendo allí no son satisfactorios”, señaló el ministro. Por ejemplo, ya hay una exdirectora en juicio por corrupción y, en una de sus últimas decisiones, el director saliente emitió una sanción contra contratistas de alimentos que ascendía a $1.000 millones.
Estas personas, además, entran a un contexto ya preocupante. “El Inpec y la Uspec no están preparados para un aumento importante de internos, el sistema no tiene la capacidad de brindar suficiente atención en salud, se reciben muchas tutelas, hay falencias en seguridad y en muchos establecimientos la regulación interna la hacen grupos criminales”, explicó el investigador de Eafit Santiago Tobón. Daniela López, abogada penalista, agregó en ese sentido que los criminales de alto perfil o personajes del conflicto armado “generalmente influyen en el autogobierno” de la cárcel. Es decir, es cuando “definitivamente la guardia pierde el control total del establecimiento”.
Según Tobón, se estima que solo en Medellín hay entre 8.000 y 12.000 miembros de estructuras criminales. ¿Dónde entrarían, con una sobrepoblación penitenciaria del 20 %? Hoy hay más de 97.000 internos en 81.000 cupos a nivel nacional. El problema, incluso, se trasladó a las URI y estaciones de Policía. La Defensoría del Pueblo, en su conteo más actualizado, evidenció hacinamientos de hasta el 2.087 %, en ciudades como Riohacha. “Tenemos más de 20.000 detenidos en estaciones de Policía. Y si esta crisis no ha generado la respuesta del Estado para crear mecanismos de detención distintos, no veo razones para que ocurra dadas estas nuevas ideas de ‘paz total’”, concluyó Tobón.
Hernández consideró que esto requiere leyes adicionales. “Esa norma podría incluir que los jueces de ejecución de penas ya no tengan que hacer la valoración de la conducta (que hoy es una talanquera para que personas presas por graves delitos alcancen su libertad). Podrían eliminarse requisitos para la libertad condicional dependiendo de los delitos. Podrían ampliarse los montos para suspensión de la pena: actualmente la gente condenada a tres años de prisión no va a la cárcel, podríamos aumentarlo a cinco”, sugirió el profesor. En últimas, se pueden barajar muchas posibilidades, pero a su juicio depende de la valentía que tengan los tomadores de decisión.
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De otro lado, una fuente de la dirección del Inpec señaló que no sería la primera vez que a esa entidad se le encarga participar de un proceso de justicia transicional. “Tenemos la experiencia”, afirmó, refiriéndose, primero, a lo que ocurrió con los paramilitares en Justicia y Paz y, posteriormente, con las extintas Farc en el Acuerdo de Paz. En el primer caso, explicó la fuente, sí generó un “impacto tremendo” en las cárceles porque las autodefensas negociaron con el Gobierno condiciones especiales de reclusión que luego la guardia tuvo que garantizar, lo que dio pie a tensiones y a corrupción.
En el caso del Acuerdo de Paz, el Inpec tuvo una función mucho más limitada: trasladar a los excombatientes presos a las Zonas Veredales Transitorias. Para ese momento, explicó la fuente, hubo mayor organización, porque la acreditación que hizo el Gobierno de quiénes pertenecían a las Farc fue mucho más rigurosa, lo que facilitó la labor de los guardias y evitó que hubiera colados. Y si bien la fuente reconoce que este proyecto significará que personas con un poderío criminal tremendo pasarían a estar bajo custodia del Estado, considera que los dos procesos de paz anteriores les han permitido hacer avances.
Por lo tanto, según el proyecto conocido por El Espectador, hay un énfasis en la creación o adecuación de centros especiales de reclusión. Para Óscar Ramírez, presidente del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, representarían un mecanismo para garantizarles sus derechos a quienes se sometan. “El gobierno Petro tendría que redireccionar los recursos para nuevas cárceles a centros especiales de reclusión. Escenarios propicios para la resocialización, para que los presos puedan aprender y producir mientras están privados de la libertad. Debe cambiar el paradigma, sin dejar de lado que habrá presos que ameriten un monitoreo más fuerte”, aseguró.
A esa consideración adhirió el penalista Marlon Díaz, miembro del Centro de Estudios Socio-Jurídicos Latinoamericanos: “Soy un convencido de que cualquier alternativa a la prisión intramural debe ser bienvenida. Aquí el Congreso crea más delitos y aumenta las penas, cohíbe beneficios y cierra la puerta a soluciones alternativas. Por esa razón, cada vez vamos a necesitar más cárceles y el mantenimiento de las personas privadas de la libertad va a ser más costoso, mientras están en situaciones más indignas”. Según dijo el ministro Osuna a este diario, al país le cuesta aproximadamente $2’500.000 mensuales tener a una persona privada de su libertad.
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El rol de la Fiscalía
A pesar de que el rol de la Fiscalía tiene tanto peso en esta propuesta, la participación del fiscal Francisco Barbosa en estas discusiones está marcada por la ausencia. Predecesores suyos, como Néstor Humberto Martínez y Eduardo Montealegre, o para ir más atrás, Gustavo de Greiff en los 90, tuvieron un rol activo en la elaboración de propuestas de sometimiento a la justicia. Una fuente, que lleva meses intentando tender puentes entre el búnker y los autores del proyecto, señaló que la participación de la Fiscalía es central: es la entidad con más información de cada grupo armado y, a fin de cuentas, la única que puede llevar a los criminales ante un juez.
El fiscal poco había expresado su opinión, en público o en privado. Según personas cercanas a la construcción de este proyecto, no ha ido a varias reuniones y ha delegado esta responsabilidad en subordinados. Dos fuentes, incluso, aseguraron que el equipo que elaboró esta propuesta le pidió información muy precisa a la Fiscalía sobre el estado de algunos procesos y no recibió respuesta. Hasta que, luego de la filtración del borrador del proyecto de ley, Barbosa concedió una entrevista a Noticias RCN, donde reconoció que su entidad recibió “un proyecto de ley”, que continúa analizando, pero él cree que va “por buen camino”.
“Es que es acá en la Fiscalía donde tienen que someterse esas personas, sobre la base no de justicia transicional, sino de justicia ordinaria con elementos restaurativos”, dijo Barbosa, rompiendo lo que muchos veían como un silencio. En la misma entrevista criticó algunos aspectos del borrador que se conoce, como el porcentaje de bienes que no entrarían a extinción de dominio, o que se llame ley de acogimiento, en lugar de sometimiento. El Espectador buscó insistentemente al fiscal Barbosa para preguntarle por estas propuestas y por el rol de la entidad que dirige en el proceso, pero se negó a concedernos la entrevista, como ha hecho a lo largo de su administración.
Así como Barbosa, otras figuras claves, como el ministro de Justicia; el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el propio presidente Petro continúan analizando esta propuesta antes de que se radique formalmente en el Congreso. Es decir, todavía no es claro qué tanto de este camino, menos costoso -en lo económico, administrativo y político- quedará plasmado en el proyecto de ley que se radique formalmente en las próximas semanas. Allí también entrarán en juego otros factores, como si el Gobierno está dispuesto a negociar algún tema de fondo con las organizaciones criminales que han manifestado su interés de entrar a la “paz total”.
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De la misma manera, entrarán al foco las voces de las regiones. El senador Iván Cepeda, por ejemplo, considera que se presta “más atención a lo formal y lo jurídico que al fondo político de la ‘paz total’”, como escribió en Twitter hace unos días. “La cuestión también es el nuevo enfoque de la paz territorial que se construye con el diálogo nacional”, añadió Cepeda, refiriéndose a la estrategia del gobierno Petro para escuchar las demandas de los distintos sectores sociales y materializarlas en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, ese camino por ahora no despega: ya el primer diálogo, que iba a ser ayer, fue reprogramado para “mejorar la metodología”.
El proyecto es tan ambicioso, que antes de aterrizar en el Congreso ya tiene al Gobierno pensando en reformas adicionales que ayuden a reducir la sobrepoblación carcelaria. El ministro Osuna ha hablado, por ejemplo, de cambios en el Código Penal, un tratamiento diferente de la protesta y de impulsar un modelo de justicia restaurativa para que delitos leves no siempre impliquen prisión. Mucho menos en un contexto de violación de derechos humanos, cuyo efecto directo es la reincidencia, como asevera Tobón. Si la propuesta cuaja, como está planteada, se ratificará la esencia de la cárcel: que estén allí personas que han cometido delitos muy graves.
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