Cambio en la Procuraduría

Elaboró el código único disciplinario, que contempla inhabilidades de hasta por 20 años a funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos —bautizado por los propios congresistas como “Código Talibán”—, y puso en cintura a más de uno entre la clase política de la Costa Atlántica. En el neurálgico tema de las regalías, a través de la delegada para la Moralidad Pública, enfrentó a alcaldes y gobernadores de los municipios productores de petróleo —en el Meta, Casanare y Arauca— y produjo históricas destituciones. Retomó casos de invasión de playas y recuperación de islotes en poder de particulares y supo proteger, con criterio de avanzada, el derecho a la diferencia. No vaciló, cabe recordarlo, en el momento de reconocerles a las parejas de homosexuales los mismos derechos de los que gozan los heterosexuales en el tema del pago de las pensiones.

En su defensa de los derechos humanos procesó desde soldados hasta altos mandos militares involucrados en asesinatos cometidos por el paramilitarismo. Y, aunque quizás de manera insuficiente, reaccionó a los denominados falsos positivos: se sabe hoy de 2.000 miembros de la Fuerza Pública implicados en 920 procesos por este cruel delito.

Con todo, en asuntos como los de la yidispolítica y la parapolítica, bajo su mandato la Procuraduría no llegó lo suficientemente lejos y algunos estiman que actuó sin la misma independencia política demostrada en otros aspectos. Un nuevo pliego de cargos contra el hoy embajador en Roma, Sabas Pretelt; el ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el viceministro del Interior y Justicia, Hernando Angarita, revivió a última hora la yidispolítica, pero no despejó las dudas frente a la lentitud con que ha avanzado el proceso. El fenómeno de la parapolítica, que en su momento amenazó con derrumbar al saliente Procurador en razón a su entorno familiar y cuyo balance es hoy bastante pobre, también le fue en esencia delegado a su sucesor.

Llega ahora Alejandro Ordóñez a la Procuraduría, precedido tanto de su vasta trayectoria jurídica como de la polémica por sus posiciones de derecha y sus extremismos religiosos, a más de la desmotivante intención expresada en sus primeras declaraciones de quitarle competencia al Ministerio Público en la investigación de congresistas, justo en momentos en que avanzan procesos tan cruciales como los de la parapolítica. A lo cual hay que sumar las sospechas de posibles acuerdos burocráticos que despertó su elección abrumadora en el Congreso, con el apoyo mayoritario de partidos políticos muy alejados ideológicamente de sus posiciones.

Contra ese ambiente inicialmente adverso con que comienza sus labores, el procurador Ordóñez deberá demostrar, primero, que sus profundas convicciones religiosas —absolutamente respetables— se mantendrán claramente desligadas de sus funciones y, segundo, que sabrá preservar el legado de independencia que hereda de su antecesor, tanto más ahora cuando la concentración de los poderes alrededor de la figura presidencial se hace cada vez más dramática.