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Pese a los escándalos, el ascenso otorgado esta semana al comandante del Ejército Nacional, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, es entendible dadas las justificaciones dadas por el Gobierno y los partidos que lo acompañaron en el Senado. Sin embargo, y sin vulnerar la presunción de inocencia, es necesario preguntarnos por la manera en que el Ejército, el Ministerio de Defensa y sus aliados vienen contestando a los múltiples escándalos que rodean al general.
Hubo protestas por parte de la oposición, que abandonó el recinto, pero de todas maneras el Senado de la República ascendió a general de cuatro soles a Martínez. La votación fue de 64 votos a favor y uno en contra, hablando de un apoyo amplio, aunque no unánime. Junto con él, fueron 12 los militares que recibieron reconocimientos por el desempeño de sus funciones.
Las últimas semanas, el debate público ha estado concentrado en el Ejército Nacional y, particularmente, en el general Martínez. Primero fue la muerte del desmovilizado Dimar Torres a manos de un miembro del Ejército, que generó preguntas desde el principio. Después, The New York Times prendió las alarmas sobre el regreso de una política similar a la que, en su momento, fomentó las ejecuciones extrajudiciales a cambio de recompensas. Luego, tanto la Associated Press como El País, de España, indicaron que, como en su momento también lo denunció Human Rights Watch, el general Martínez era el segundo al mando en una de las brigadas que tuvo casos de falsos positivos.
Sobre esto último, El Espectador tuvo acceso a un documento firmado por Martínez en el 2005 donde se autorizaba el pago de una recompensa por información que llevó a la muerte de personas identificadas como guerrilleros, pero que en realidad eran indígenas.
En respuesta a todo esto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo en Caracol Radio que él cree “en la presunción de inocencia de los generales”. El mismo general ha dicho que su hoja de vida está disponible al público y que no hay ninguna investigación en su contra. Lo propio dijo Jaime Durán, senador liberal y ponente del ascenso de Martínez, quien dijo que concederle el rango de cuatro soles “permitirá generar más seguridad en el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y respeto a las instituciones, en especial de nuestra democracia”.
Estamos de acuerdo en que las investigaciones no vinculan al general Martínez y que su disposición a responder todas las preguntas que se han hecho públicamente denota buena voluntad. Comentario aparte merece la actitud adoptada por el Ministerio de Defensa y los líderes políticos afines al Gobierno.
Los símbolos importan. En un país que todavía no ha pasado la página de sus crímenes recientes, episodios como los de las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo una herida abierta. Que se prendan las alarmas es apenas natural. Ante eso, la manera de responder no es con una actitud desafiante y con ascensos promovidos sin debate, sino entendiendo que las preocupaciones de los ciudadanos son válidas y hay que construir confianza. En vez de fomentar el conflicto retórico, la transparencia y la mesura son los caminos a adoptar.
El Ejército es una institución esencial para Colombia. Por eso, estos escándalos no se deben ver como una amenaza, sino como una oportunidad para aclarar las cosas y crear más confianza.
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