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La Procuraduría General le solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que exonere a la Nación de responsabilidad en el atraco que sufrió un taxista en Socorro, Santander, a manos de soldados Batallón José Antonio Galán del Ejército, que se encontraban evadidos del servicio.
El Organismo de Control sostuvo que, a pesar de que los agentes de la fuerza pública sí despojaron a la víctima Nelson Ariel Plata Velasco de sus bienes y le causaron heridas con arma cortopunzante, no se trata de una actividad que estuvieran cumpliendo en nombre de sus deberes como servidores de las fuerzas estatales.
Para el demandante, el Estado, en cabeza del Ejército Nacional para este particular, debió mantener en estado de acuartelamiento a los responsables del hecho, los soldados soldados Helman Nates Alfonso, Jorge Luís Suárez, Luís Gustavo Campos, y Reynel Becerra, y nunca lo hizo.
"La jurisprudencia ha definido tres escenarios en los que se puede imputar la responsabilidad, extracontractual y patrimonial al Estado: la falla probada del servicio, el riesgo excepcional por actividades peligrosas y por la ruptura de cargas públicas", dice la Procuraduría, para la que no se ha acreditado ninguna de tales causales en este caso.
Para el procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, Wilson Ruiz Orejuela, sí pudo haber una falla de parte de las fuerzas del orden al permitir el abandono de deberes en el que incurrieron los implicados, pero que no fue esta omisión la directamente causante de la actuación, que calificó como personal.
En consecuencia, solicitó al Consejo de Estado que ratifique la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de no admitir la demanda de reparación instaurada por el taxista.
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