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En su última columna, Piedad Bonnett sostiene que la designación de Leopoldo Múnera como rector es una especie de toma petrista de la Universidad Nacional (UNAL), que arrasó la autonomía universitaria; además, considera que yo me equivoqué al haber demandado la designación previa de Ismael Peña en ese cargo. Por el respeto que me merece mi vecina de opinión, porque me menciona expresamente y por la importancia del tema, considero pertinente responderle.
Esta tesis defendida por Bonnett es también sostenida por otras personas que respeto, como los exrectores Wasserman o Mantilla, o la profesora Edna Bonilla en una columna en Cambio. Pero es una narrativa llena de imprecisiones. Por limitaciones de espacio me limito a mencionar tres: primero, nunca aclaran que Petro anunció que apoyaría a quien ganara la consulta en la UNAL antes de que ésta se realizara; no era entonces un respaldo a Múnera sino al vencedor en la consulta, lo cual no parece un atentado a la autonomía universitaria.
Segundo, para mostrar a un Múnera petrista, estas narrativas resaltan que este, ya como rector, dijo que el “proceso constituyente no para”; sin embargo, no mencionan que en ese mismo discurso Múnera aclaró que ese proceso es de vieja data en la UNAL y “no está ligado a ningún gobierno”.
Tercero, esos enfoques muestran una total indiferencia frente a las irregularidades en la designación de Peña por el Consejo Superior Universitario (CSU). Son meras “arandelas jurídicas”, me dijo Wasserman en una discusión del tema en A Fondo. Pero no es así; son graves irregularidades jurídicas que explican por qué, junto con el exconsejero de Estado Alberto Yepes y el profesor Múnera, demandamos la designación de Peña.
En varios documentos disponibles en la web, como la propia demanda, un artículo en La Silla Vacía, varias columnas en este diario, o una reciente entrevista en Blu Radio, he explicado en forma sistemática esas irregularidades. En esencia, el vicio es el siguiente: el CSU, en la sesión del 21 de marzo en que designó a Peña como rector, adoptó un método de votación (el llamado cálculo Borda con rondas eliminatorias) que es contrario a la regla de decisión del estatuto de la UNAL, lo cual ya invalida el proceso. Además, ese método, combinado con el voto secreto, se presta a manipulaciones, las cuales ocurrieron: sin ninguna discusión y en cuestión de minutos, dos consejeros pasaron de considerar a Múnera como el mejor entre los cinco aspirantes en la primera ronda a calificarlo como el peor entre los tres restantes en la segunda. Esto eliminó a Múnera y permitió la designación de Peña. Esos consejeros querían apartarse así de la consulta y evitar que Múnera fuera rector pero sin dar explicaciones y sin que se notara, por lo cual el representante profesoral propuso que nunca revelaran siquiera como había sido el método de votación. Voto secreto y sin ninguna explicación: vaya trasparencia.
Por eso, contrariamente a lo sostenido por Bonnett, no creo que haya sido un error demandar la designación de Peña: ha sido una forma de defender que las autoridades universitarias respeten los estatutos y reglamentos de la institución, que es un componente esencial de la autonomía.
En un artículo reciente en La Silla Vacía en que analicé la designación de Múnera reiteré que hubiera preferido una salida más consensual, como el nombramiento de un rector provisional mientras el Consejo de Estado decidía las demandas sobre Peña. Pero no fue posible y seguimos viviendo una situación difícil en la UNAL, que requiere de todos grandeza y voluntad de entendimiento. Por eso creo que el yerro es otro: analizar lo que sucede en la UNAL como si fuera una disputa entre el petrismo y el antipetrismo. No lo es.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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