Organismos electorales le piden a Uribe recursos para evitar fraudes

A menos de un mes de las elecciones de Congreso y Parlamento Andino, el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, y el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Dr. Marco Emilio Hincapié Ramírez, enviaron este miércoles al presidente, Alvaro Uribe Vélez, una comunicación conjunta en la que reiteran la solicitud de asignación de recursos para identificación biométrica de los sufragantes en las elecciones del próximo 14 de marzo, como garantía de transparencia electoral para evitar el fraude por suplantación de sufragantes.

“Con fundamento en el mapa de riesgo de fraude electoral elaborado por la Entidad y con la finalidad de evitar suplantación de sufragantes, se han solicitado recursos al Gobierno Nacional por valor de $22.000 millones para implementar esta tecnología en las elecciones de 2010 y aplicar los controles biométricos en las zonas de mayor vulnerabilidad, básicamente en las capitales de departamento con mayor índice de riesgos”, señala la comunicación.

De acuerdo con las sentencias del Consejo de Estado sobre las elecciones de Congreso de los años 2002 y 2006, la suplantación de sufragantes es la modalidad de fraude electoral más frecuente en el país. 

“Con base en lo ordenado por las leyes 892 de 2004 (implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones –voto electrónico), y 1227 de 2008 (votación bajo techo), durante el año 2009 la Registraduría Nacional del Estado Civil ha venido implementando  de forma exitosa la tecnología biométrica para identificar plenamente a los sufragantes al momento de ingresar a los puestos de votación. El uso de la identificación biométrica se ha realizado a la fecha en 19 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores, cuyo censo global de ciudadanos plenamente identificados fue de aproximadamente un millón”, explican el Registrador y el Presidente del CNE.

“Como resultado de uso de la identificación biométrica para la individualización plena del elector, la Registraduría Nacional pudo controlar la comisión de malas prácticas electorales (como la suplantación de los votantes), rodeando el proceso electoral de mayor transparencia, seguridad jurídica (en los comicios en donde se practicó no se presentaron demandas de nulidad por suplantación) y legitimidad democrática”.

“En resumen, en cada uno de los procesos electorales en donde se ha puesto a prueba el uso de la identificación biométrica, cada uno de los sufragantes (independientemente del tipo de cédula que portaran), eran plenamente identificados antes de ingresar al puesto de votación. Allí, se ubicó un segundo control, el cual consistió en instalación de dispositivos de entrega de documentos para autenticar la identidad de los votantes mediante su huella dactilar. En aquellos casos en donde se pudo detectar una posible suplantación de identidad, o cuando se constató que los datos del documento de identidad no correspondían con los arrojados por el componente biométrico que funcionaba en cada puesto de votación (posible falsedad en documento público), se remitía a la mesa de justicia ubicada en cada uno de ellos. Es a este procedimiento de validación al que denominamos individualización del elector”.

“Mediante el uso de la biometría (cotejo dactilar), es posible establecer la plena identidad del elector, tecnología que evita la suplantación de ciudadanos, ya que al momento de efectuar los cotejos se pudo establecer si la cedula de ciudadanía presentada por el sufragante correspondía realmente con la del titular de la misma, como quiera que se realiza un cruce inmediato con el Archivo Nacional de Identificación –ANI-“, concluye la misiva.

En el primer semestre del año 2009 se solicitaron recursos al Gobierno Nacional por $100.000 millones para implementar esta tecnología en las elecciones de 2010. Sin embargo, dichos recursos no fueron aprobados, y en consecuencia en diciembre la entidad solicitó la asignación de al menos $30.000 millones para aplicar los controles biométricos en las zonas de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con el mapa de riesgo de fraude electoral.

Se espera que el Gobierno Nacional asigne los $22.000 millones solicitados en la comunicación remitida este miércoles, teniendo en cuenta que la Registraduría hoy cuenta con la plataforma tecnológica y las bases de datos que permiten evitar de manera efectiva y segura el fraude por suplantación, como quedó demostrado en las elecciones atípicas del año 2009, en donde no se presentaron demandas por suplantación de electores con posterioridad a la celebración de los comicios.