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Después de analizar minuciosamente el salario de los congresistas, el candidato al Senado por el Partido Liberal Felipe Zuleta, concluyó que un legislador gana 38 veces más que un empleado con salario mínimo y, lo peor, es que trabaja la mitad del tiempo. El hallazgo fue motivación suficiente para que el aspirante político radicara ayer ante el Consejo de Estado tres acciones de nulidad.
Los artículos cuestionados por Zuleta son los: 2, 3 y 4 del Decreto 801 de 1992. El 2 les garantiza a los miembros del Congreso una prima de localización y vivienda mensual, equivalente a $700 mil en esa época, pero ajustada de acuerdo con el salario mínimo, es decir, esa prima es hoy de $5’496.999.
El artículo 3 habla de que los congresistas tendrán derecho a percibir una prima de transporte equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los intereses mensuales causados para la adjudicación de vehículos de uso particular hasta por $40 millones.
El último artículo sobre el cual se pide nulidad es el 4, que da derecho a los congresistas de reconocimiento y pago mensual de una prima de salud, equivalente a $1’413.508 mensuales.
Felipe Zuleta citó la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional, según la cual se debe dar el reconocimiento de gastos de representación, de salud y de primas de localización, de vivienda y de transporte, pero cuando las circunstancias lo justifiquen. “Es razón suficiente para declarar la nulidad de los artículos el desconocimiento por parte del Gobierno Nacional, pues no se cumple con la exigencia legal de señalar las circunstancias que razonablemente darían lugar al reconocimiento de las primas”, dijo el aspirante al Congreso.
Las reacciones no se hicieron esperar, el secretario de la Cámara Jesús Rodriguez aseguró que en caso de dársele la razón a Zuleta habría una gran confusión, porque de acuerdo al salario de los congresistas se fijan los sueldos del Procurador, del Fiscal, del Defensor del Pueblo y otros funcionarios.
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