Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En buena hora el Gobierno Nacional cambió su posición y decidió suscribirse al Acuerdo de Escazú, un compromiso serio para enfrentar de manera pacífica, y con participación de las comunidades, las disputas ambientales que cada vez irán aumentando en número. Ahora el tratado deberá ser tramitado sin dilaciones por parte del Congreso para que Colombia pueda mostrar que sus promesas a nivel internacional serán respaldadas en lo local.
El Acuerdo de Escazú es uno de esos tratados, cada vez más inusuales en la diplomacia incapaz de comprometerse, que vincula a los Estados y crea obligaciones tangibles para sus miembros. Surgió de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y es el primero en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Por eso es considerado uno de los instrumentos más importantes de una región donde se ha vuelto común ver asesinatos y amenazas contra los activistas ambientales.
Colombia no es ajena a esa realidad. Según la ONG Global Witness, el año pasado fueron asesinados 24 líderes ambientales, lo que ubicó a nuestro país como el segundo más peligroso para ese tipo de activismo en el mundo. Solo nos supera Filipinas. Eso, además, ocurre en el marco de los cientos de asesinatos a líderes sociales. Es imposible entender las luchas contra el narcotráfico y la ilegalidad sin ver que de por medio está la protección del medioambiente y los recursos naturales nacionales.
El representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, dijo que “la firma de este instrumento ratifica el indeclinable compromiso del presidente Duque con la promoción de los derechos humanos y la protección del medioambiente. Asimismo, marca un hito histórico para el cumplimiento de Colombia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas”.
Aunque, en efecto, se trata de un acto que celebramos, la posición del Gobierno no fue siempre la misma. Hace apenas unos meses, Rodrigo Uprimny escribió en El Espectador: “Más transparencia ambiental, más democracia ambiental, más justicia ambiental y más protección a líderes sociales ambientalistas. ¿Qué explica que el gobierno Duque se niegue a firmar un tratado con esos nobles propósitos?”.
La línea oficial de la Cancillería era que el país ya contaba con los mecanismos suficientes para proteger a los líderes ambientales, pero la realidad de los asesinatos invita a pensar distinto. Será interesante ver cómo el Gobierno cumplirá, por ejemplo, la obligación del tratado sobre involucrar a las comunidades en las decisiones ambientales. Esto, en un país donde las consultas contra proyectos extractivos han sido un punto de tensión constante.
En todo caso, cualquier decisión política que demuestre voluntad seria en el tema ambiental es un paso en la dirección correcta. Con el recrudecimiento inminente de la emergencia climática, los defensores del medioambiente son una pieza esencial en la construcción de una Colombia sostenible.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Conoce más