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Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, para recordar a los Estados sus deberes de proteger los derechos humanos de estas personas que cruzan fronteras buscando futuro, como lo han hecho millones de venezolanos que huyen de la dictadura y de la catástrofe humanitaria en ese país.
Por una dolorosa ironía, ese mismo día, Migración Colombia expulsó arbitrariamente a Miguel Ángel Calderón, un administrador de empresas venezolano que había salido de su país con su familia creyendo poder encontrar acogida en Colombia. Y durante un tiempo lo logró: recibió el PEP (Permiso Especial de Permanencia) y pudo trabajar para subvenir a las necesidades de su familia, que es colombo-venezolana pues su esposa y su pequeña hija son colombianas. Durante esos años no cometió ninguna falta ni ninguna autoridad cuestionó su comportamiento, y por eso su PEP fue renovado hace pocas semanas.
¿Cuál fue entonces su “crimen” para que fuera expulsado y le prohibieran volver a Colombia durante cinco años, separándolo abruptamente de su familia, que perdió además su sustento material pues Miguel Ángel era quien aportaba el dinero al hogar? Conforme a la resolución de expulsión, fue haber realizado, el 22 de noviembre, aproximadamente a las 4 p.m., “un video frente a la residencia presidencial y de la seguridad de ese lugar, poniendo presuntamente en riesgo la seguridad del señor Presidente” (sic).
Ese día, Miguel Ángel vio que había protestas frente al condominio donde vive la familia del presidente Duque y decidió compartir ese hecho con su esposa, por lo cual filmó, a unas dos cuadras de distancia y por algunos segundos, esos edificios. Eso es todo. Ese inocente video es la “prueba reina” de que Miguel Ángel es un espía, que amenaza la seguridad nacional y debía ser expulsado. Recordemos que ninguna norma prohíbe realizar esas filmaciones, a tal punto que ese día salieron en varios noticieros videos de esas protestas, que mostraban con mayor precisión la residencia de la familia Duque. ¿Será que todos esos noticieros son amenazas a la seguridad nacional?
Migración Colombia expulsó a Miguel Ángel conforme a un procedimiento especial en casos de seguridad nacional, previsto en el Decreto 1067 de 2015, y un juez de tutela, en primera instancia, consideró que no había irregularidades pues se había aplicado ese decreto. Pero esa tutela está apelada y ese procedimiento especial del decreto es probablemente inconstitucional, pues no garantiza el mínimo debido proceso. Además, Migración Colombia desconoció precedentes de la Corte Constitucional, como la Sentencia T-500 de 2018, que ordena que en cualquier expulsión debe tomarse en cuenta el impacto sobre la unidad familiar, algo que no se hizo. ¿Por qué no haber esperado entonces la decisión de la apelación de la tutela y la eventual revisión por la Corte Constitucional para aclarar la legitimidad de ese tipo de expulsiones?
El 25 de noviembre, otros 59 venezolanos fueron también expulsados, con base en el mismo procedimiento de seguridad nacional empleado contra Miguel Ángel. La información de prensa sugiere que en esos casos las pruebas y el procedimiento fueron igualmente precarios.
Es obvio que si un migrante incurre en conductas indebidas, Colombia puede activar un proceso de deportación. Pero debe respetar el debido proceso, que es lo que no ha ocurrido en estos casos.
El gobierno Duque ha hecho esfuerzos significativos para facilitar la incorporación de los migrantes venezolanos a la sociedad colombiana. Es difícil entender que empañe estos esfuerzos con expulsiones arbitrarias, que alimentan la xenofobia al hacer creer, sin fundamento, que estos venezolanos eran peligrosos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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