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El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe es de una importancia inusitada. Su conexión con la reunión enseguida entre el mandatario y José Félix Lafaurie, donde los ganaderos manifiestan su interés de vender tierra al Estado para llevar a cabo la reforma agraria, debe leerse con cuidado.
¿Por qué los colombianos debemos financiar la compra de tierras con presupuesto nacional? Es mejor utilizar la supremacía estatal que otorgan la Constitución y el Acuerdo de Paz, con instrumentos claros en el artículo 58 de la Carta Política, que establece que la propiedad privada debe cumplir una función social y ecológica, y que cualquier conflicto de ella con el interés general se debe resolver a favor de este.
Ahora que se presenta el proyecto de ley de reforma agraria, es la oportunidad precisa para cumplir ese artículo constitucional y establecer normas para su eficacia directa.
¿Y cuáles son esas tierras que deben ser objeto de intervención del Estado? Primero, aquellas que no están explotadas, concepto que incluye la actividad de protección ambiental, porque es de utilidad pública; segundo, que además de no estar explotadas son aptas para propósitos de reforma agraria, pues allí está el interés social de los poderes del Estado; tercero, si son cercanas a infraestructura pública —distritos de riego y dobles calzadas— el Estado no tiene que sacar dinero para construirla; cuarto, la conducta que se extingue acaparaba tierras sin cumplir una función social o ecológica; quinto, la tierra permite a las agencias acompañar con asistencia técnica a campesinos beneficiarios para asegurar su productividad.
Antes de comprar tierras a ganaderos, debe usar las tierras que ya tiene extinguidas al narcotráfico. Desde la justicia transicional, debe expedir un decreto que le permita contar con una sala judicial especializada para resolver los casos de recuperación de baldíos. Debe usar el catastro multipropósito ya consolidado y expedir un decreto que permita a los municipios ajustar el impuesto predial a pagar en 2023. Debe priorizar la reforma agraria en municipios PDET y focalizar allí la intervención del sector rural. El Plan Nacional de Desarrollo debe orientar la acción de las agencias (ANT, ART, ADR, UPRA, URT). Por ejemplo, la de la Agencia Nacional de Tierras, hacia procesos de extinción de dominio en tierras que reúnan las condiciones anotadas.
El problema a resolver es la concentración de la tierra en pocas manos y el déficit en la redistribución. Faltaba más que ahora les vamos a comprar tierra a los acaparadores.
Sergio Roldán.
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