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Colombia no ha tenido malos resultados cuando ha encontrado la determinación para superar obstáculos a su desarrollo. Ha mantenido la inflación a raya, erradicó varias enfermedades humanas y, aunque todavía falta mucho por hacer para mejorar la calidad, ha conseguido darle cobertura en salud y educación básica a casi toda la población.
Sin embargo, hemos sido más eficaces en juntar las voluntades y aunar esfuerzos privados y públicos para combatir la fiebre aftosa de las vacas, que para resolver el más grave problema nacional: el homicidio.
Los sucesivos procesos de desmovilización y desarme a lo largo de estas dos décadas del siglo XXI bajaron la matazón considerablemente. De tasas de homicidios rondado los 76 por 100.000 habitantes con las que inauguramos siglo, hoy llegamos a la tercera parte (25,4).
No obstante, pareciéramos conformes con el saldo pacificante de los acuerdos en materia de homicidios. Corremos el riesgo de que los 12 o 13 mil homicidios al año de los últimos dos años se nos normalicen o, peor aún, se nos crezcan, y volvamos a encabezar la vergonzosa lista mundial del fratricidio.
¿Qué país que se quiera a sí mismo deja que maten 250 amas de casa, como sucedió el año pasado? ¿Cuál, que considere su prioridad detener las muertes a balazos (el 73 % de los casos son con armas de fuego), permite que le quiten la vida a 43 pensionados, 358 estudiantes y 106 defensores de los derechos humanos?
Las cosas para adelante pintan peor. Según un estudio que hizo la Fundación Ideas para la Paz en abril pasado, el homicidio de jóvenes entre 15 y 19 años había alcanzado, en los primeros meses de 2019, la astronómica tasa de 479,2 por cada 100.000 habitantes. Y en ese rango de edad fue más alta que en 2018.
¿Por qué no conseguimos unirnos y acabar con la muerte prematura de estos adolescentes? Porque, sumadas a las batallas ideológicas, la pequeñez política y la indiferencia de las élites frente a lo que casi nunca los pone a llorar (la mayoría de las víctimas son pobres y sin educación, incluso 213 analfabetas, dice la estadística policial), no conseguimos vislumbrar siquiera que esa debería ser una meta común.
El gobierno Duque no tiene aún estrategia contra el homicidio. Manda tropas a las zonas calientes, pero según los expertos, es difícil decir si incidieron en las leves mejorías que arrojó el 2019. Es que no es un asunto de ejército. La mayoría de los homicidios son en las ciudades y se concentran en unos cuantos barrios. Suceden los domingos por las noches. En centenares de casos, quien ataca llega y se va caminando.
Como con cualquier problema, primero hay que unificar criterios para medirlo. Medicina Legal, Fiscalía y Policía, todas dan cifras distintas. Ayudaría también que coordinaran estrategias diferenciales por lugar, por comportamiento, y siempre, cultivar la confianza ciudadana en la autoridad. Podrían, además, rastrear las armas asesinas. En Medellín, por ejemplo, donde según dijo el alcalde Quintero, con apenas 70 pistolas mataron a 170 personas, la alcaldía está urgida de incautar la mayor cantidad de armas.
Tenemos que dejar la miopía. Mirarnos desde afuera, y preguntarnos, si es este el problema nacional, el que causa el mayor sufrimiento, desangra la economía, espanta la inversión y el turismo, impide el desarrollo social y socava la democracia, qué estamos esperando para traerlo a primer plano, debatir y acordar una estrategia que en cinco años nos lleve, al menos a niveles argentinos de tranquilidad, que no es Japón, pero donde matan seis veces menos personas que en Colombia.
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