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El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad que resguarda a la población en riesgo en el país, es quizá una de las personas más amenazadas en Colombia. El pasado miércoles 23 de agosto llegó hasta el Congreso a rendir cuentas sobre su entidad, rodeado de escoltas y hombres que se encargan de protegerlo, pues sus denuncias sobre mafias dentro de la Unidad han sido tales, que el mismo exdirector fue imputado por corrupción en junio y está en la cárcel.
Esta entidad, que ha estado en el ojo de la opinión pública por las constantes denuncias del director sobre mafias de corrupción de funcionarios, escoltas, contratistas y sindicalistas, entregó una presentación ante la Comisión Primera y Segunda de la Cámara de Representantes con la finalidad de rendir cuentas sobre su gestión.
En diálogo con El Espectador, Augusto Rodríguez habló sobre el plan para proteger a los candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y juntas administradoras locales. Las elecciones del próximo 29 de octubre, según han advertido todas las autoridades, podrían ser de las más violentas en el país, por cuenta de los actores armados que hacen presencia, sobre todo, en zonas rurales y que en algunos casos parecieran querer incidir directamente en los comicios.
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¿Cuánto van a invertir en la protección de candidatos para las elecciones de octubre?
Se van a invertir $97.000 millones. Para este proceso electoral tenemos que ha habido un incremento del 11 % de candidatos frente a las elecciones pasadas, de 2019. En ese momento tuvimos 117.000 candidatos, ahora hay 128.105.
¿Y cuántos de esos están en riesgo y tendrán protección de la UNP?
Hemos proyectado que para este año vamos a proteger a 1.764 candidatos, eso es un incremento significativo, porque en 2019 protegimos a 947 personas. Esa protección ya empezó, de hecho. A través de un comité ya estamos asignando los esquemas.
Es decir, ¿en este momento cuántos candidatos tienen esquema de protección?
Tenemos 791 candidatos que ya están siendo protegidos porque venían desde otra protección como líderes sociales o concejales, los cargos que ocupaban desde antes. En este momento hemos gestionado 461 solicitudes que nos han llegado; hasta ahora, de esas, cumplen con los requisitos 93 personas. Hay 59 casos presentados ante el comité de análisis de la UNP. Hemos ratificado medidas a 10 de ellos y entregado medidas a 49 más, hasta el momento. Esta semana tenemos comité para revisar nuevas solicitudes.
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¿Tienen casos de riesgo inminente o muy graves para atender de esos candidatos?
Hay un caso especial que es el caso de Manuel Antonio Garcés, candidato a la Alcaldía de López de Micay, que mencionaron en la comisión de la Cámara. Es candidato y tuvo que salir de ese municipio en Nariño por múltiples amenazas que ha recibido de parte de grupos armados.
Además ha sido víctima de cinco atentados desde que empezó su vida política. Ese es un caso especial que atenderemos con urgencia.
Usted ha hablado de un nuevo esquema justamente para elecciones que pretende responder a necesidades de personas con un riesgo menor
Eso se llama esquema ligero, consiste en entregar una persona de protección y un apoyo económico de transporte, de hasta por dos salarios mínimos, para la movilidad del escolta y del protegido. Eso es para candidatos que tengan un riesgo medio-bajo y es una estrategia también para mitigar la escasez de vehículos que tenemos. Los que tienen riesgo alto ya tendrán medidas con asignación de vehículos convencionales y blindados.
Usted ha hablado de la escasez de vehículos que tiene la Unidad y en El Espectador hemos documentado varios casos de corrupción con los contratistas, ¿cómo van a mitigar esos riesgos?
Bueno, nos acaban de aprobar $66.000 millones más para compra de nuevos vehículos. Justo acabamos de comprar 54 carros propios, que son de la UNP y no vamos a tener que alquilar. Con ese dinero que nos aprobaron la idea es comprar 130 vehículos más para completar casi una flota de 200 carros. Esto es apenas un comienzo, pero nos ayuda a mitigar el problema de tener que alquilar una flota o parque automotor en mal estado. El efecto de esto es que vamos a tener que alquilar menos y así no darles más plata a las mafias.
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Mucha gente reclama que los programas de protección deben ser preventivos y no reactivos. ¿Usted qué piensa?
Yo creo en la seguridad integral. Y para eso hay que ir a los territorios. Yo voy, y en las lejanías tan enormes, donde están los grupos violentos haciendo de las suyas, uno encuentra que hay dos países. Allí el Estado tiene que cumplir con una misionalidad (…) Yo he estado hablando con entidades, convocándolas a que nos ayuden a presentar un programa de protección integral y colectiva en las regiones. Soy más amigo de la protección colectiva que de la individual.
¿Y cuál es esa estrategia de prevención o de protección colectiva?
Hay que aclarar algo y es que los primeros intervinientes en temas de protección son autoridades distintas a la UNP. Nosotros no somos una autoridad de prevención de seguridad. Tenemos una misión que hace parte de eso, pero para ello necesitamos intervención de todo el Estado.
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