El camino más largo

Muchos aseguran que la crisis de seguridad que azota a Venezuela empezó a tomar las proporciones indomables que la caracterizan actualmente cuando el entonces Presidente Hugo Chávez encaró a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y le dijo delante de las cámaras que transmitían el encuentro en el Congreso, palabras más palabras menos: “si yo tuviera hambre o mis hijos tienen hambre, también robaría”. Las madres que ahora lloran a sus hijos muertos en las calles a manos de delincuentes que roban desde celulares hasta apartamentos, aseguran que ese fue el preciso momento en que las necesidades individuales tuvieron una bendición Presidencial para sobreponerse a las colectivas e incluso a la vida propia. Fue el instante en que se justificó delinquir.

Este episodio se me vino a la mente cuando en Caracol Radio entrevistamos a Leornardo Mejía, socio de la mina en Riosucio donde perdieron la vida 15 trabajadores. Las primeras informaciones señalan que los mineros murieron luego de que el socavón en el que se encontraban se empezara a llenar de agua cuando las motobombas que evacuaban el líquido dejaron de recibir energía producto de una falla. El corte, según los voceros de la Chec, la empresa proveedora local, se dio como resultado de una sobrecarga provocada por las múltiples conexiones ilegales que pesan sobre la red. En la entrevista, Mejía reveló que usaba la energía de la Chec sin pagar. En el momento de preguntarle como definía el hecho de estar tomando el servicio sin autorización ni pago se negó a decir de que se trataba de un robo y justificó su acción diciendo que se trataba de una mina de pocos recursos y en proceso de legalización. La misma justificación utilizó para responder las razones por las que su mina tampoco tenía una planta de electricidad alterna para actuar en caso de emergencia y por que su empresa tampoco tenía afiliados a sus empleados a la seguridad social.

El señor Mejía, antes que aceptar el error, dijo que quería aprovechar el momento para hacerle un llamado a las autoridades a que acompañen a los mineros ilegales durante la formalización ya que según él, hay mucha cosas que se requieren, pero poco dinero para conseguirlas. Dijo que se trataba de un tema social, ya que cuando hay más de mil personas haciendo lo mismo no se puede mirar a través de lo que se considera un aprovechamiento individual.

Tiene razón el señor Mejia al sugerir que deberían existir mejores oportunidades para que los pobladores de la zona puedan tener mejores alternativas de trabajo, pero de ninguna manera esta situación debería servir como excusa para justificar automáticamente su accionar ilegal.

Lo preocupante es que su lógica es la de muchos, incluso la de algunos políticos que entienden que es mucho más efectivo echarle consistentemente la culpa al estado y no asumir la responsabilidad individual. La táctica del «pobrecito» siempre funciona mejor desde palestra pública que la del llamado responsable a obedecer la norma. Igual ocurre desde las columnas de opinión. El problema es que sólo la segunda de estas actitudes, por medio del camino largo, nos lleva hacia una sociedad más ordenada y equitativa, mientras que la primera representa un viaje directo hacia Venezuela con dolorosas escalas en la Bogotá humana.

Entretanto dos preguntas:

¿Por qué el Fiscal reveló las fechas y detalles del levantamiento de las órdenes de captura de Timochenko? Conciencia o jugada política?

¿Qué es Timochenko? ¿Negociador cómo dice el Fiscal, representante c’mo dice el Gobierno o negociador de facto como revelan los dos? 

Twitter @lcvelez