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Tras diez días de hostilidades, decenas de muertos y miles de desplazados en El Catatumbo, así como de largas jornadas de análisis jurídicos y choques políticos en la Casa de Nariño, el Gobierno del presidente Gustavo Petro logró definir una ruta legal para enfrentar la escalada violenta del ELN y otros grupos criminales que desataron una dura crisis en 19 municipios de Norte de Santander -incluyendo el área metropolitana de Cúcuta– y Cesar.
En 19 páginas, el mandatario y todos sus ministros argumentaron que la emergencia humanitaria era “imprevisible”, ya que la cifra de muertos asciende a 38, entre estos cinco firmantes de paz, y la de desplazados superó los 36.000; sin embargo, organismos de derechos humanos advirtieron que esas cifras ya se sobrepasaron. Así mismo, explicaron cómo el panorama ha afectado la prestación de servicios básicos (salud y educación) y que existe un riesgo inminente de crisis alimentaria y de ataques contra la infraestructura petrolera y eléctrica que podrían afectar a todo el país. De hecho, el viernes Petro tuvo un encuentro con autoridades de este último sector para analizar el panorama.
Así las cosas, según se lee en el decreto publicado este viernes, “se hace imprescindible la adopción de medidas extraordinarias que permitan conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como garantizar el respeto de los derechos fundamentales”.
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Ahora la tarea recae directamente sobre los ministros y la cúpula militar, pues durante los varios consejos a los que fueron citados esta semana en el palacio presidencial, Petro les delineó lo que busca con los decretos de desarrollo, que deberán estar listos desde este fin de semana. El tema, sin embargo, no será tan sencillo, pues en las reuniones saltaron a la luz diferencias en materia jurídica e incluso ideológica con la declaración, a lo que por supuesto se suma la tensión del cuarto remezón ministerial, que ya produjo tres cambios y tendría en pausa al menos dos más.
En cualquier caso, las órdenes del mandatario son claras. En primer lugar, se espera una ofensiva contra las unidades del ELN en los 11 municipios de la subregión, pues incluso el jueves Petro pidió “derrotar” a esa agrupación ilegal, para lo cual este mismo viernes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se trasladó a Cúcuta y Tibú junto con las cabezas de la Fuerza Pública. Hasta el momento, en la zona se han reposicionado 10 pelotones del Ejército y se han puesto a disposición de las operaciones varios helicópteros; sin embargo, como indica el decreto, se requieren más recursos.
La orden de mano dura contra el ELN, las disidencias y otras bandas que operan en la región abrió un debate político en el interior del gabinete, pues muchos han resaltado que la decisión implica enterrar la política de paz total. De hecho, varios ministros le están pidiendo a Petro dar un giro radical en su discurso de seguridad, pero otros, más cercanos a la izquierda, así como organizaciones sociales e incluso la Iglesia Católica, piden no desechar los procesos y mantener –hasta donde se pueda– los canales de diálogo.
Según voces de la Casa de Nariño, el presidente llegó a un punto medio al ordenar la contraofensiva, pero también la intervención social y la aceleración del programa de inversiones “Pacto por el Catatumbo”. De hecho, el propio mandatario dijo en un mensaje de X que uno de los objetivos de la intervención es atacar las economías ilegales.
“La primera tarea es pagar la erradicación voluntaria y hacer las obras públicas con las organizaciones populares. Queremos sembrar maíz, cacao y café y que se exporte al mundo por la carretera al mar”, explicó. En este punto, Petro aprovechó para lanzar pullas a la oposición por las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que a su juicio son responsabilidad del gobierno de Iván Duque –su antecesor– y hacen parte de las causas de la violencia estructural en esa y otras zonas.
El presidente reconoció que para lograr una apuesta como esa necesita más recursos, lo que plantea un dilema en medio de la crisis fiscal derivada del hueco de $12 billones en el presupuesto de esta vigencia. Por esa razón, durante toda la semana le pidió al ministro de Hacienda, Diego Guevara, evaluar de dónde podrían salir esos recursos, lo que en otras palabras implica definir a quiénes se les cobrarán impuestos extraordinarios para atender la conmoción.
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En este punto el tema vuelve a tomar tintes políticos porque, según confirmó Guevara, parte de los nuevos gravámenes recaerían sobre dos sectores que ya habían estado bajo la lupa del Gobierno en el fallido trámite de la ley de financiamiento: los juegos de azar y los hidrocarburos. El anuncio desató una ola de críticas en el Congreso, donde voces de la oposición advirtieron que, en su función constitucional, vigilarán que el decreto de conmoción no le abra la puerta a una suerte de reforma tributaria justificada por la ola de violencia.
Lo cierto es que en el decreto sí queda demostrado que el Gobierno utilizó la coyuntura de la falta de financiamiento para argumentar la emergencia. “En el PGN para la vigencia 2025, la limitación en los ingresos legalmente autorizados, así como las inflexibilidades en el gasto, dificultan el redireccionamiento urgente de los recursos del PGN requeridos para superar la grave situación de orden público, sin afectar de manera significativa el gasto público social”, se lee en el documento.
El Legislativo, según anunciaron los presidentes de Senado (Efraín Cepeda) y Cámara (Jaime Salamanca), analizará el decreto desde el próximo martes. “Ejerceremos control político y el Congreso, o cada cámara, tiene un plazo de 15 días para el pronunciamiento de fondo”, dijo Cepeda. Por ahora, este poder no podrá tocar el contenido de la medida, pues solo si el Gobierno quiere prorrogar la conmoción por otros 90 días en una segunda oportunidad tendría la opción de no autorizarla. Aún así, la convocatoria a sesionar muy seguramente generará un debate espinoso en el que oficialismo y oposición buscarán quedar bien parados, puntualmente los últimos, que ya anunciaron una serie de debates de control político y mociones de censura por la inseguridad en los territorios.
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El jefe de Estado se reunió este viernes con integrantes de su bancada del Pacto Histórico para analizar cómo será este 2025 preelectoral, pero también para afianzar el respaldo en las discusiones que se llevarán a cabo en el Capitolio.
La situación de seguridad, según el decreto y los mismos funcionarios del alto gobierno, también le abre la puerta a un acercamiento con otros países en busca de cooperación, y en este caso especialmente al diálogo con Venezuela. Petro confirmó que habló con Nicolás Maduro y que los ministros de Defensa de ambos Estados trabajarán conjuntamente para impedir que el ELN controle la frontera y se refugie de la Fuerza Pública en la vecina nación. El tema aviva las tensiones diplomáticas por cuenta del no reconocimiento de la victoria del líder del régimen y muy seguramente le abrirá otro frente político al jefe de Estado.
A pesar del decreto, al Ejecutivo le quedan pendientes las soluciones para las amenazas de seguridad en otras regiones, como en Arauca, donde el ELN también ejerce control territorial. Aunque hasta última hora el presidente Petro planteó la opción de incluir a ese departamento en la conmoción, desde la oficina jurídica de la Casa de Nariño, que toda la semana manejó el tema con pinzas, señalaron que en este momento no se cumplen los tres elementos exigidos por la Corte Constitucional: el fáctico, el valorativo y el de suficiencia.
Por otra parte, en las últimas horas han llegado amenazas sobre una posible guerra entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en el Magdalena Medio. Según el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, los tres grupos quieren avanzar hacia su departamento y en cualquier momento se puede desatar un choque por el control de ese corredor estratégico. Además, a todo se suma la situación del Cauca, Guaviare, Chocó, Huila y otros departamentos.
Así, con la conmoción interior, Petro pone en juego el legado de su paz total, la relación con los poderes Legislativo y Judicial e incluso el balance de las cargas en su gabinete. Ineludiblemente, de esos tres factores también dependerá la suerte de su administración en los 18 meses que le restan y la apuesta de repetir un triunfo en las elecciones de 2026, para el que se prepara con los cambios, la conformación de un bloque progresista y la muestra de ejecución en las regiones.
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