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El gobierno del presidente Gustavo Petro apuesta a convertir en votos en 2026 la estrategia digital que, durante los últimos tres años, ha cimentado y apalancado con, entre otros, influenciadores que hoy aspiran a cargos públicos. Mientras eso ocurre, en la recta final del cuatrienio, el Ejecutivo fortalece su apuesta comunicativa, con una inversión que supera, solo para el segundo semestre de 2025, los COP 120.000 millones.
Se trata de una estrategia a dos bandas en la que el Gobierno quiere, no solo tener un control de la narrativa sobre los logros de su administración –en medio de los constantes señalamientos del jefe de Estado contra los medios “tradicionales”–, sino que, además, esto se traduzca en apoyos que permitan materializar el propósito que en varios eventos públicos y privados ha manifestado: la necesidad de que el progresismo siga teniendo el control de la Casa de Nariño.
Para entender cómo se ha movido ese plan y su relación con la movida digital, El Espectador realizó un rastreo en las bases de datos públicas para indagar cuántos, de los más de 500 nombres que se presentaron en la consulta del pasado 26 de octubre para buscar una curul en el Senado o en la Cámara, celebraron contratos en 2025. Para enfocar la búsqueda, este medio indagó los nombres de los 30 que sacaron mayores votos al Senado y de los diez con mejores resultados en las listas a la Cámara por Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca.
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Además, también se buscó la información de los contratos celebrados en los últimos meses por centrales de medios –que suelen ser canales públicos, teniendo la posta la RTVC a cargo de Hollman Morris– con entidades públicas del orden nacional. En total, se encontraron 29 contratos que suman COP 121.000 millones.
Influenciadores en las urnas
Algunos de los precandidatos al Congreso tienen la doble categoría de influenciadores y excontratistas. Es el caso de Walter Alfonso Rodríguez Chamorro, conocido como “Me dicen Wally”. El creador de contenido, abogado y quien tomó relevancia en los últimos años como youtuber, pasó de las pantallas a convertirse en el tercer precandidato al Senado más votado, con 137.821 apoyos, detrás de los senadores Pedro Flórez (185.029 votos) –cercano al Clan Torres y al ministro del Interior, Armando Benedetti– y Wilson Arias (171.354 votos).
Pero además de ello, Rodríguez fue contratista. Desde 2024, y hasta abril de este año, tuvo un espacio de opinión en RTVC llamado “Política al revés”, con otro conocido influenciador de sectores de izquierda: el caleño Levy Rincón. El último contrato que firmó con el canal público duró tres meses –hasta el pasado 30 de abril– por COP 23,9 millones.
Además de Rodríguez, en RTVC también estuvo contratada Sandra Claudia Chindoy, quien suscribió tres acuerdos con la Radio Televisión Nacional de Colombia en 2025 que suman COP 168 millones, siendo presentadora; entre tanto, en sus redes sociales ha defendido los programas del gobierno, como las reformas “sociales”. El último terminaría este martes, 18 de noviembre, pero lo terminó de manera anticipada para hacer campaña. Chindoy, en la consulta, obtuvo 42.010 votos, siendo la 14 votación más alta de la lista al Senado.
También aparece en ese listado Laura Daniela Beltrán, “Lalis”, quien obtuvo la segunda votación para la Cámara por Bogotá con 26.718 votos, detrás de la representante María Fernanda Carrascal (65.547 votos). Este año suscribió un contrato para trabajar en comunicaciones de la Cancillería por COP 100 millones. Aunque iba hasta el próximo 31 de diciembre, Beltrán, como Chindoy, solicitó la terminación anticipada del contrato. Y en la lista de Valle del Cauca aparece Laura Isabel Vera (15.920 votos), una ingeniera de alimentos –cercana al ministro de Educación, Daniel Rojas– y que hasta julio pasado trabajó en la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), con un convenio por COP 17 millones.
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Al respecto, en entrevista para La Mesa Redonda de El Espectador, Beltrán aseguró que “los contratos que he tenido con el Gobierno, y que ya no tengo, se hacen bajo el marco contractual y el objeto contractual de mi profesión. Allí no hay ninguna irregularidad. Con o sin contrato hemos estado de pie, hemos estado en la lucha y hemos estado haciendo pedagogía, desmintiendo. El trabajo se puede ver a lo largo del tiempo que llevamos. Justo para la época en la que empiezo a trabajar, dejo de subir contenido. Entonces se les baja el discurso de: ‘A Lalis le pagan por hacer contenido’”.
También dijo: “la primera meta es demostrar que estamos preparados para eso. Lo que pasa es que creo que se quedaron en encasillarnos en que somos creadores de contenido en internet, casi que deslegitimando nuestra profesión. Por ejemplo, Wally es abogado, yo soy periodista y estoy terminando una maestría en Política Pública. Entonces, ¿por qué decirse desde el inicio que nosotros no estaríamos preparados para ejercer algún desarrollo en esto?”.
Hay otros candidatos que, sin ser influenciadores (algunos sin incluso ser activos en redes sociales), fueron contratistas. Uno de los casos más notorios es el de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, con quien peleó durante las elecciones regionales. Antes de lanzarse a la consulta, Patricia Caicedo trabajó durante varios meses en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) –su último contrato, de COP 94 millones, fue hasta el pasado 31 de julio–. Luego de su paso por la entidad, se convirtió en la mujer más votada de la lista al Senado, con 74.982 votos, lo que le garantizaría, según lo acordado por el Pacto, el tercer renglón en la lista del Pacto el 8 de marzo de 2026, detrás de Carolina Corcho y Pedro Flórez.
Sin embargo, esta semana han quedado en duda esos acuerdos. La representante María del Mar Pizarro –la tercera mujer con la votación más alta en Bogotá– ha dicho que los primeros renglones deberían ser para mujeres y no se intercalen los candidatos por género.
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Más allá de la especificidad de cada contrato, lo que muestra la presencia de los influenciadores y exfuncionarios –que, según constató El Espectador, suman 13 contratos por más de COP 600 millones solo en 2025– en las listas al Congreso es una apuesta del Pacto Histórico por mover nombres que lleguen a nuevas bases, a través de su alcance en redes sociales. Y esa es solo la punta del iceberg más reciente en una estrategia que, como se dijo, se ha mantenido durante todo el gobierno. De hecho, tal y como lo ha contado este medio en dos entregas anteriores en abril de 2024 y abril de 2025, se trata de una red de defensores del gobierno que, de manera coordinada, posicionan tendencias en redes sociales que le son favorables al gobierno o cuestionando a la oposición –que también cuenta con influenciadores que hacen lo propio–.
Una millonaria Escuela Digital
El pasado 4 de agosto, un nutrido grupo de influenciadores afines al Ejecutivo se reunió en la Casa de Nariño con el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. En la reunión, en la que el polémico pastor Alfredo Saade (entonces director del Dapre) habló de reelección, estuvieron, entre otros, los influenciadores Fanny Esperanza Peña, Uldarico Ramírez Chilito y Juan Carlos Arredondo.
Los tres, además de ser creadores de contenido que se mueven a favor del petrismo, figuran en uno de los contratos más cuantiosos de este año en lo que tiene que ver con medios. El pasado 3 de junio, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (adscrito al Ministerio de las TIC) suscribió un convenio interadministrativo con Telecafé –uno de los medios regionales que más se ha beneficiado de la contratación pública en el actual cuatrienio– por COP 10.942 millones. El objeto de dicho contrato es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el diseño y ejecución de una estrategia integral que promueva el fortalecimiento para los medios de comunicación alternativos en Colombia”.
En la práctica, lo que se busca con ese convenio, que en un principio fue revelado por Revista Cambio, que termina –si no se prorroga– el próximo 31 de diciembre, es crear, como la nombra el convenio, una Escuela Digital, llamada Medios en red. Y en el primer informe de ejecución del acuerdo, los tres funcionarios aparecen como parte del equipo encargado de la implementación de este proyecto, que se define como “una iniciativa nacional que busca empoderar a los comunicadores, periodistas, creativos y colectivos comunitarios, brindándoles recursos de formación, innovación tecnológica y acompañamiento personalizado para que puedan crear y difundir contenidos de alto impacto social”.
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El Espectador buscó en bases de datos abiertos la información sobre los tres influenciadores, pero no aparecen vinculados con otros procesos contractuales con el Ejecutivo.
Al frente de la Escuela Digital está Faber Burgos, un creador de contenido que en 2022 se hizo famoso por enviar un globo con helio a la estratósfera, permitiéndole grabar al tiempo el sol y la luna. Hoy, como líder de la implementación del programa, tiene un contrato por COP 51 millones.
El contrato de esta escuela, el de los COP 10.942 millones, es uno de los 29 celebrados por entidades del orden nacional para la ejecución de la estrategia de comunicaciones de cada una, cada vez más enfocada, como lo ha ordenado el mismo presidente Petro, en hacer una defensa más férrea de los logros del gobierno. Sobre todo, por como dice el jefe de Estado, para responder a lo que ha tildado como una “persecución de los medios tradicionales” en su contra y de sus políticas.
En ese rastreo, El Espectador encontró que, como pasó en los dos años anteriores, RTVC fue el principal receptor de contratos para fungir como central de medios. En ese papel, el canal público nacional realiza y ejecuta los planes de medios de la entidad contratista. En 2025, consiguió 13 convenios para ese fin. Uno de los más cuantiosos fue con el ICBF por COP 7.121 millones, seguido por uno con el Ministerio de las Culturas (COP 6.214 millones), el de Educación (COP 4.900 millones) y Prosperidad Social (COP 3.000 millones). Este diario también encontró un convenio celebrado por RTVC con Fontur por COP 8.171 millones para la promoción de la cumbre de la Celac – UE realizada en Santa Marta los 9 y 10 de noviembre.
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El segundo gran ejecutor del plan de medios es Teveandina (Canal Trece), con siete convenios. De hecho, es el que recibió el principal contrato, uno celebrado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Felipe Harman, que inició el pasado 10 de julio e irá hasta el 31 de diciembre por COP 17.003 millones. Y con la ANT también tiene otro por COP 13.324 millones. Es decir, solo con la entidad encargada de la reforma agraria y la entrega de tierras son más de COP 30.000 millones.
Además, Canal Trece también celebró contratos con los ministerios del Interior (COP 4.791 millones), de Relaciones Exteriores (COP 3.492 millones), de Ambiente (COP 3.200 millones), del Deporte (COP 700 millones) y de Defensa (COP 680 millones).
Y el tercer canal regional que ha fortalecido su posición como central de medios es Televisión Regional de Oriente (Canal TRO), con cuatro acuerdos. El Fondo Único de las TIC suscribió con este un convenio por COP 14.191 millones con una particularidad: busca “promover el desarrollo de material multiformato e incentivar la divulgación de contenidos de interés público y cultural por parte de grupos étnicos y sujetos de especial protección constitucional, en aras de fortalecer el uso y apropiación de las TIC”. Los otros tres son con el Ministerio de Salud (COP 11.512 millones), la Supersalud (COP 2.576 millones) y el MinAgricultura (COP 750 millones).
Algunos de los más cuantiosos son con el MinTIC, pese a la inestabilidad en la cabeza de esta cartera, por donde han pasado cuatro personas, incluyendo al hoy precandidato presidencial Mauricio Lizcano –quien impulsó la “ley de tercios”, en la que se decretó que el 33 % de los recursos iría a medios comunitarios y que el Consejo de Estado– y Julián Molina, que salió por las divisiones en La U, partido que durante este gobierno ha tenido burocracia en esa oficina.
Con esta millonaria estrategia, el Gobierno busca promover sus logros. Y, de manera paralela, avanzan las movidas para fortalecer al Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026. El objetivo, al final, es el mismo: la reelección del progresismo para que se mantenga en la Casa de Nariño después del 7 de agosto.
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