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En Cartagena (Bolívar) hay un grupo de “chicas superpoderosas, ya casi todas abuelas”, que luchan por la justicia. Así es como describe la abogada Ángela Patricia Guerrero a la Liga de Mujeres Desplazadas (LMD), una organización compuesta por mujeres víctimas del conflicto armado en ese departamento y que desde que la fundó a finales de los años 90 viene documentando y presentando a las autoridades casos de desplazamiento forzado, violencia sexual, homicidios y otros crímenes, buscando que haya justicia. Sin embargo, en más de 25 años de arduo trabajo, no han cosechado casi ningún logro judicial en del país. Aun así, cada derrota y decepción que se ha atravesado en su lucha es un argumento de peso para una estrategia que avanza en escenarios internacionales y estaría cerca de dar un giro drástico.
Durante más de dos décadas, la LMD ha recopilado más de 140 casos que, con pruebas, ha presentado ante la Fiscalía General, pero de los cuales casi ninguno ha tenido avances significativos. Incluso, hace menos de una semana, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena confirmó un incidente de desacato en el que la justicia determinó que, pese a haber ordenado desde 2022 la creación de un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) para atender a las mujeres de la Liga, distintas entidades estatales no lo ha cumplido. Aunque fue una decepción para la organización, no fue una sorpresa. De hecho, esperaban que eso pasara, para tener una prueba más de que al Estado colombiano no le han importado lo suficiente las mujeres víctimas en Bolívar.
El origen de la lucha
La abogada Guerrero, o la “doctora Patricia”, como la llaman la mayoría de las mujeres de la LMD, es la fundadora de la organización. La génesis del grupo de mujeres se dio cuando la abogada regresó de Estados Unidos a Colombia en 1998. Estuvo un año en el país norteamericano, precisamente, huyendo de la violencia, pues un familiar suyo tenía amenaza de secuestro. Al volver, se instaló en la capital de Bolívar, donde casi de inmediato conoció historias de varias mujeres desplazadas por la violencia que habían perdido a sus padres, hermanos, esposos e hijos a manos de los grupos armados que competían por el control de la zona en ese entonces. La mayoría de ellas estaban refugiadas en barrios marginales de Cartagena y a la abogada le costó encontrarlas.
“En este momento todo era completamente silenciado, todo era amenazado y había un silencio sobre ese asunto terrible, pero el desplazamiento forzado de las mujeres era un desplazamiento desgarrador, era un desplazamiento silencioso”, dijo la abogada Guerrero a El Espectador. Aun así, poco a poco fue acercándose a cada una de ellas en el barrio El Pozón, en el que durante casi un año recopiló historias de mujeres indígenas, afrocolombianas y campesinas que habían sido víctimas de amenazas, violaciones, tortura y, por supuesto, desplazamiento forzado. En 1999 finalmente formó el grupo con ocho mujeres que desde entonces tuvieron la misión fundamental de defender los derechos de quienes fueron desplazadas tanto dentro como fuera del país a causa de la violencia.
La organización inicialmente partió con la meta de que los casos de desplazamiento fueran resueltos por la justicia, pero rápidamente la dinámica del trabajo entre las mujeres amplió el foco. Guerrero, quien ya tenía experiencia en temas relacionados con la violencia contra las mujeres, le enseñó a las víctimas de Bolívar que la mujer era un pilar, que si era atacado, la violencia era más dañina. “Empecé a documentar y empecé a enseñarles a ellas el tema de derechos humanos de las mujeres, de por qué nos pasaba a las mujeres esto en los conflictos armados. A todas las mujeres, negras, blancas, indígenas, o sea, qué era lo que era la violencia de género en la guerra”. También, les expuso que de allí podrían derivar otros problemas relacionados con la “prostitución forzada, la vinculación a los cultivos ilícitos de droga y la integración directa a grupos armados ilegales”.
La LMD considera que el Estado debe reconocer que el desplazamiento forzado en Colombia es fundamentalmente de mujeres. Por eso, dice la organización, debe implementarse una agenda y una serie de políticas públicas que “reconozcan explícitamente las necesidades de las mujeres en todas las etapas de restablecimiento, emergencia (humanitaria), reasentamiento y retorno”, como asegura Guerrero. La Liga de Mujeres Desplazadas, aunque insiste, solo ha encontrado oídos sordos en administraciones locales, departamentales o nacionales a todas sus peticiones. Según escribió la jurista en una tesis de maestría que presentó ante la Universidad de Cartagena, “la falta de voluntad y de políticas públicas que involucran los derechos de las mujeres es evidente”.
Para la organización de mujeres, que en estos años ya ha sumado más de 500 integrantes a sus filas, esa falta de voluntad política contribuye a perpetuar factores de discriminación y violencia históricos que se agravan en el conflicto armado. “No puede haber restitución de derechos mientras no se respeten los derechos de las mujeres desplazadas”, asegura la abogada Guerrero.
Los pocos logros en Colombia
En 2004, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre la protección a personas desplazadas por el conflicto armado. En palabras sencillas, lo que identificó el alto tribunal en ese momento fue que había una grave y continua vulneración de derechos fundamentales, como la seguridad y la vida, de la población desplazada por la violencia. Para esa decisión, fue clave la participación de la Liga de Mujeres Desplazadas, las que, en sus años de trabajo, se han enfrentado a amenazas de grupos armados y, según afirman, autoridades de distintos niveles que no han visto con buenos ojos sus reclamos de justicia y verdad.
Dentro de los argumentos que expuso en su momento la organización a la Corte Constitucional estuvieron varios informes y alertas de riesgo de la Defensoría del Pueblo que llamaban la atención sobre del Programa de Protección de los ministerios del Interior y de Justicia. La entidad señalaba que ambas carteras debían adoptar medidas urgentes de protección para las mujeres de la Liga. El alto tribunal en esa ocasión encontró que se venía vulnerando, dentro de otros, “el derecho a la seguridad personal, puesto que el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios derechos fundamentales de los afectados.”
Desde ese momento, se dictaron nuevas órdenes al Estado para que a las víctimas de desplazamiento forzado, sobre todo las mujeres que luchaban por conseguir justicia sobre esos hechos, no les costara la seguridad y, en algunos casos, la vida. Después de esa decisión, siguieron cuatro autos que fueron logros para el trabajo de la Liga. Durante 2007, 2008, 2009 y 2011, el alto tribunal emitió autos en los que amplió las órdenes y medidas de protección que debían garantizarles a las víctimas. Por ejemplo, un auto de la corte de 2007 expuso que “las directivas e integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, ubicadas en la urbanización ‘la Ciudad de las Mujeres’ de la vereda El Talón – municipio de Turbaco, Bolívar, han sido objeto de reiteradas amenazas y violaciones de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal y seguridad personal”.
El expediente clave: el litigio en la CIDH
A pesar de las órdenes de la Corte Constitucional, la situación no mejoró significativamente para las mujeres de la Liga. Por eso, en 2009, cuando algunas de las pioneras de la organización ya habían fallecido sin tener ni una sola respuesta de la justicia colombiana, Guerrero buscó vías internacionales. Como siempre lo hizo la organización, se llenaron de evidencia lo suficientemente diciente para que no hubiera duda de que el Estado colombiano las estaba dejando solas, no solo en su búsqueda de justicia, sino en la protección de sus vidas y las de sus familias. La abogada y fundadora de la LMD presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición para que fuera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que pusiera la lupa sobre su caso, ya que ninguna autoridad nacional lo había hecho.
Ante la CIDH, las mujeres alegaron el Estado es responsable “por la falta de investigación de los hechos que originaron los desplazamientos forzados de mujeres desde 1992, el de sus familias, entre otros delitos que incluyen violencia sexual, en el conflicto armado interno”. Según documento y dijo la Liga en el escenario internacional, la impunidad que persiste propicia “nuevas vulneraciones y amenazas a los derechos de las integrantes de la LMD y sus familiares”. Sin embargo, la respuesta de Estado ante la CIDH fue que “ha hecho esfuerzos para garantizar y proteger su seguridad”, pero reconoció que “han existido deficiencias institucionales y dificultades para la adopción de nuevas líneas de investigación”. Aunque en ese momento el Estado colombiano manifestó su compromiso para adelantar las investigaciones y juzgar a los responsables, hasta ahora eso no ha ocurrido.
La más reciente decisión
Tras la solicitud de la CIDH, la justicia en Colombia se movió un poco. Por ejemplo, en mayo de 2022, el juzgado sexto civil de Cartagena falló a favor de la Liga una tutela en la que, nuevamente, pedían la protección de sus derechos y exigían que las autoridades investigaran sus casos. Esa instancia ordenó que la Unidad para la atención y reparación integral a las Victimas, el departamento de Bolívar, el distrito de Cartagena de Indias, el municipio de Turbaco, Carmen de Bolívar y San Jacinto debían crear un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Dicho plan tenía la finalidad de que las mujeres, además de tener protección para avanzar en su lucha, pudieran buscar mecanismos para acceder a la justicia que siempre han pedido.
Sin embargo, lo que encontró el mismo juzgado fue que “se evidencia abiertamente el incumplimiento a la orden emitida en el fallo del 5 de mayo de 2022, puesto que, si bien algunas de las accionadas han desplegado acciones tendientes al cumplimiento del fallo, lo cierto es que hasta la fecha no se ha determinado o no existe prueba en el plenario de las medidas y acciones para la implementación del porcentaje restante de cumplimiento y mucho menos se han estimado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ejecutaran dichas medidas y sumado a ello, no existe prueba de los trámites en materia presupuestal que las citadas entidades se encuentren adelantando”.
En el documento también quedó registrado que “lejos de evidenciar el serio propósito de las entidades accionadas y de sus funcionarios de dar cabal cumplimiento al citado fallo, muestran, por el contrario, una actitud negligente frente a lo en él ordenado”. Asimismo, se resaltó que “lo único que les correspondía era acatarla sin reservas” y aun así no lo hicieron. Por eso, el juzgado decretó el desacato de todas las autoridades y les dio la orden de que en el menor tiempo posible se sentaran seriamente con la LMD para buscar soluciones y establecer, de una vez por todas, el plan para protegerlas.
Aunque no fue una victoria, la abogada Guerrero considera que no pudo haber mejor decisión para ellas que esa. “Es la prueba reina, como la llaman algunos, de que el Estado no ha hecho nada para darnos justicia ni para protegernos. Esa decisión acá no dice nada, pero ante la CIDH es una prueba de mucho peso para que se tomen medidas y nuestro caso sea completamente aceptado y, tal vez en algunos años, si esto no mejora, pueda ser revisado hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Las mujeres que han muerto esperando justicia
Las más de dos décadas de trabajo no han sido fáciles para la organización que poco ha visto justicia. Incluso, algunas de las mujeres que conformaban la Liga murieron esperando que el Estado colombiano volteara a verlas y les diera alguna respuesta sobre los más de 400 casos que documentaron y denunciaron. Por ejemplo, las seis mujeres de la foto (ilustración dos) hicieron parte de las primeras que se integraron para pedir justicia, no solo para ellas, sino para las más de cuatro millones de mujeres que están registradas como víctimas de desplazamiento forzado en el país en el Registro Único de Víctimas (RUV). Todas ellas, según le confirmó a este diario la abogada Patricia Guerrero, murieron sin recibir siquiera una decisión de fondo en alguno de los procesos.
Una de las historias que más marcó a la organización fue la de Silvia Rosa Baltaza. Esta mujer, quien estuvo casi 20 años como integrante de la LMD, pasó gran parte de ese tiempo llevando su lucha desde una silla de ruedas. “Murió en la miseria absoluta”, le dijo a este diario Patricia Guerrero, quien manifestó que ella, y la mayoría de las otras mujeres de la organización que fallecieron, perdieron la esperanza al ver que el Estado les daba la espalda. “Es terrible porque la realidad es esa, que se mueren sin conocer por qué las desplazaron, quién las desplazó, por qué no las repararon, por qué no investigaron, por qué el Estado las abandonó”, expresó la jurista.
Incluso, ante la CIDH, Juana Brugman, profesional en salud mental y neuropsicóloga de la Universidad de Amsterdam, quien colabora con la Liga de Mujeres Desplazadas, explicó que “la ausencia de esperanza de una vida libre de violencia, de enfermedad y miseria, es lo que la neuropsicología denomina como la desesperanza condicionada”. Las consecuencias que esto produce, afirma, son las que desembocaron en la muerte por pena moral de 10 de las mujeres de la organización.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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