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La instalación formal de la mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc —a realizarse en Oslo (Noruega)— no se llevaría a cabo el lunes 8 de octubre, como se ha dicho hasta este momento de manera extraoficial, sino que se aplazaría dos o tres días. No se trata de crisis ni de problemas de la agenda acordada. Según conoció El Espectador, tendría que ver con complicaciones logísticas.
En concreto, las dificultades han surgido en torno al tema de la suspensión de las órdenes de captura de los miembros de la guerrilla que hacen parte de la comisión de negociación y que deben trasladarse a Noruega. A lo largo de la semana, en La Habana se han llevado a cabo varias reuniones para definir la situación y todo parece indicar que la instalación de los diálogos sería entre el miércoles 10 y el viernes 12 de octubre, aunque incluso se ha hablado de correrla hasta el lunes 15.
“El asunto ha resultado muy complejo y los mismos miembros de las Farc lo han entendido. Por ejemplo, hay algunos de ellos que están judicializados bajo el régimen anterior al Sistema Penal Acusatorio. Estamos analizando todos los casos y seguramente hoy se definirá la fecha”, le dijo a este diario una fuente cercana al proceso, que además recalcó que no se trata de ninguna crisis y que las intenciones de comenzar a hablar del fin del conflicto siguen intactas en las dos partes.
De hecho, durante su reciente viaje a Nueva York para participar en la asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Santos habría tenido una reunión privada con el primer ministro laborista de Noruega, Jens Stoltenberg, para tratar la herramienta jurídica que utilizará el Gobierno para levantar la orden de captura de por lo menos cinco negociadores de la guerrilla y permitir su trasladado hasta Oslo en la primera semana de octubre.
Asimismo, la idea era abordar la duración de la instalación de las negociaciones. Lo que se ha dicho en el Gobierno es que se quiere que ésta no dure más de dos o tres días y que tampoco haya shows mediáticos. Lo claro es que una vez surtido el inicio formal de los diálogos, a la semana siguiente los negociadores se trasladen a La Habana (Cuba) para entrar de lleno y de manera ininterrumpida con la agenda acordada.
La verdad es que las preocupaciones en el Gobierno y en la guerrilla por el tema de las órdenes de captura son bien infundadas. Cuando se conoció el inicio de un proceso de paz en firme, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que los jefes guerrilleros nombrados por las Farc para estar en la mesa de diálogo tienen un total de 340 medidas de aseguramiento, órdenes de captura y condenas en su contra en Colombia.
Por ejemplo, de acuerdo con el barrido realizado por el ente acusador en todos los juzgados y fiscalías del país, Iván Márquez, miembro del Secretariado y vocero de las Farc en la mesa, tiene un total de 66 medidas de aseguramiento, 132 órdenes de captura y 28 condenas. Por su parte, Ricardo Téllez, mas conocido como Rodrigo Granda, tiene 10 órdenes de captura, cuatro medidas de aseguramiento, fue condenado a 15 años de prisión y es acusado por los delitos de rebelión, enriquecimiento ilícito, reclutamiento ilícito y desaparición forzada.
En cuanto a Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París, tiene tres ordenes de captura, acusado por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, rebelión, desaparición forzada y desplazamiento forzoso. Luis Alberto Albán Urbano, alias Marco León Calarcá, tiene 15 órdenes de captura y sobre él pesa una condena de 32 años de prisión y siete medidas de aseguramiento. En el caso de Simón Trinidad, detenido actualmente en Estados Unidos y a quien las Farc han pedido como negociador, registra en su contra 11 medidas de aseguramiento y 28 órdenes de captura.
Lo anterior sin contar a los otros cinco integrantes del equipo de apoyo (miembros no plenipotenciarios) en el proceso: Jesús Santrich, Hermes Aguilar, Bernardo Salcedo, Rubén Zamora y el Sargento Pascuas. Lo cierto es que hoy debe haber humo blanco sobre la fecha de la instalación de la mesa de diálogo en Oslo y también sobre la resolución que se debe expedir reconociendo a los negociadores de las Farc y que le permitiría al fiscal general suspender las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en su contra, por el término que el Ejecutivo considere conveniente.