Los libertadores

Ahora ya no verá pasar las horas inertes en el patio 2 de La Picota, donde compartió hacinamiento con 250 presos más. Ni tendrá que esperar a que otros reos salgan para heredar la ropa que le quede buena. Ya no tendrá que aguantar ese frío que se le metía en los huesos y no lo dejaba dormir. Ahora cuenta las horas para saborear la libertad gracias a un fallo de revisión de tutela de la Corte Constitucional que decreta su libertad por considerar que le violaron sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad personal y al buen nombre.

Por fin podrá volver a Cartagena junto a su esposa y los cinco hijos que debe mantener y podrá sobrellevar mejor la hipertensión y la diabetes que, según él, se ganó en estos tres años de infierno. “Yo llegué aquí buenecito, pero en este lugar cualquiera se enferma”. Se nota que alguna vez fue corpulento, como todos los afrocolombianos, pero ahora Manuel Mena camina encorvado, usa gafas y tiene canas. El 3 de mayo pasó su tercer cumpleaños en la cárcel: el número 58.

Los únicos que lo saludaron ese día fueron sus abogados: un pool de estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán que hace casi dos años trabajaba en su caso. Francisco León es algo así como el titular. Tiene 26 años y no se ha graduado. Es uno de los miembros del Proyecto Inocencia, que reúne a estudiantes de noveno y décimo año de Derecho para ayudar a personas que están injustamente encarceladas.

“Desde la primera vez que vi a Manuel supe que era inocente”, dice Francisco. Se conocieron en septiembre de 2008, en La Picota, lugar que visitan los estudiantes dos veces por semana buscando inocentes. El proyecto se creó en enero de 2008 y desde ese momento reciben adiestramiento para realizar entrevistas judiciales para “pescar” las mentiras o detectar que un preso sólo busca compañía.

“Uno percibe cuándo está ante un delincuente o a un inocente. Los entrevistamos, hablamos con la familia, estudiamos el expediente, buscamos las pruebas. Es un ejercicio dispendioso”, explica. Y cuenta que cuando habló con Manuel descubrió la mirada de una persona limpia, incapaz de matar a otro hombre cortándolo en pedazos con un hacha. “Es imposible que una persona como él actúe con la sevicia que describe el expediente”.

Durante meses Manuel vio impasible que estos jóvenes se entrevistaban con los presos, mientras él se resignaba a pagar los 16 años de cárcel que un juez promiscuo de Yolombó había proferido en su contra por homicidio. Cuando un compañero le contó del proyecto, se acercó y, con la esperanza refundida, se entrevistó con Francisco.

Le contó su historia, que se puede resumir en una fatídica serie de coincidencias: el 4 de junio de 2007, Manuel llegó a Bogotá a trabajar con una empresa de construcción. Cuando se bajó del bus en la Terminal de Transportes fue detenido e informado de que estaba acusado de homicidio agravado y fue trasladado a La Picota.

“Me dijeron que había matado a un minero en Yolombó, en 1988. Yo les expliqué que ni siquiera sabía dónde queda ese sitio y que nunca he sido minero, pero la orden de captura tenía mi nombre y mi número de cédula. En el momento del homicidio vivía en mi pueblo, San José del Buey, en Chocó, dedicado a sembrar arroz y a criar a mis hijos. En 1991 me fui a Cartagena a visitar a una hermana, me quedé y me fui a vivir con la que hoy es mi esposa”. El calvario que describe es para no creer:

Ya en la cárcel le asignaron un abogado de oficio que hizo trasladar el proceso penal de Yolombó a Medellín y luego a Bogotá. Después de varios meses para conseguir copia del expediente, descubrieron que en la Registraduría hay tres hombres con el nombre de Manuel Mena (con un solo apellido) y que fue a este Manuel, al de nuestra historia, al que le tocó la suerte de que le achacaran el proceso.

El proceso penal comenzó con un rumor. El expediente señala que alguien escuchó que una persona contó que en una broma al supuesto homicida, habían visto que en su cédula decía Manuel Mena. Con esa referencia “de oídas”, el juez buscó en la Registraduría y terminó condenando (en ausencia) al Manuel que está en La Picota. Como Manuel no asistió al juicio, el juez no se enteró de que sus características físicas no corresponden con la descripción que hicieron los siete testigos directos sobre el homicida: un hombre con quemaduras en medio cuerpo, incluida la cara, y sin dientes en la mandíbula inferior.

Cuando aparecieron Francisco y sus compañeros, del Proyecto Inocencia, Manuel llevaba ya nueve meses sin abogado, habían transcurrido 14 años desde su condena y llevaba casi año y medio preso. Y tuvo que esperar cinco meses más para que los estudiantes superaran varios tropiezos legales y pudieran asumir legalmente su defensa.

El Proyecto decidió que interpondría una acción de tutela. “El Tribunal Superior de Antioquia la negó argumentando que Manuel había tenido oportunidad para demostrar su inocencia y no lo había hecho. Apelamos ante la Corte Suprema de Justicia y fue negada”, dice Francisco.

“Lo increíble es que al parecer en ninguno de los dos tribunales leyeron el caso, no lo entendieron. Incluso la Corte dice que como Manuel huyó una vez cometió el asesinato no utilizó los recursos que le daba el sistema judicial para defenderse. Además, el abogado de oficio pidió la condena de Manuel. Es absurdo”.

Actuaciones como la del juez que expidió una orden de captura sin tener certeza del culpable o la de los magistrados negaron las tutelas son “fallas en el servicio jurisdiccional”, que se traducen en que gente inocente pasa años en una cárcel sin poder defenderse. Ninguna entidad del Estado sabe cuántos de estos casos se presentan cada año ni cuánto dinero paga la Nación (los contribuyentes) en indemnizaciones por estos errores.

Por eso no es fácil imaginarse a unos jovencitos recorriendo los pasillos de La Picota, la cárcel que alberga a muchos de los más peligrosos delincuentes y que tiene un hacinamiento del 200%, buscando inocentes, cuando lo habitual es que en esta etapa de su carrera estén en las aulas atiendo casos de hurto simple o inasistencia alimentaria. Muchos salen de la cárcel llorando, conmovidos con las historias que escuchan en cada consulta.

La labor social de este grupo es popular en la cárcel. Así como Manuel se enteró por otro interno, él mismo promovió el proyecto entre sus compañeros y le contó a Apolinar León Munévar. En ocho meses, el Proyecto demostró a los jueces que Apolinar fue suplantado por un sujeto que cometió varios delitos a su nombre y logró revocar una condena de seis años de prisión por porte ilegal de armas y hurto agravado.

Apolinar quedó libre en noviembre, después de pagar 18 meses de prisión y se convirtió en uno de los casos de mostrar del Proyecto, junto con el de Alexánder Amaya, otro referenciado de Manuel, víctima de suplantación por un medio hermano que lo hizo pasar seis meses en una celda.

En ambos casos, explica José Manuel Díaz, director del Proyecto, “los funcionarios judiciales fueron negligentes porque no realizaron una prueba judicial elemental, que es la plena identificación del acusado, con la cual jamás hubieran cometido el error de encarcelar a personas inocentes. Incluso, en el proceso penal de Amaya se presentó el exabrupto de tener dos hombres presos por el mismo delito. Mientras Alexánder estaba en La Picota, su medio hermano, el verdadero autor del delito de hurto agravado, estaba en la cárcel Picaleña de Ibagué”.

Manuel despidió a Alexánder y a Apolinar. Los acompañó hasta la puerta de la cárcel el día en que lograron la libertad. Fueron despedidas cálidas, tristes, llenas de buenos deseos. Ahora le toca el turno. No tiene muchos planes: “Me dicen que demande al Estado, pero lo único que anhelo es salir de aquí. Sé que afuera soy capaz de mantener a mi familia”.

Su resignación aturde. Habla sin odio. No exige. Está completamente solo en una ciudad de la que sólo alcanzó a conocer la terminal de transportes, la cárcel y un hospital. Cuando el guardia vuelve para llevarlo al patio, Manuel se devuelve y se despide con una frase lapidaria: “Por favor, diga que todavía hay muchos inocentes en la cárcel”.