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El debate internacional suscitado por la brutalidad policial en países como Estados Unidos —que según el Bureau of Justice Statistics ha cobrado 7.424 vidas durante los últimos ocho años— y Brasil —en donde el Foro Brasileño de Seguridad Pública estima en 11.197 el número de muertes civiles entre 2009 y 2013— se ha enfocado principalmente en la correlación entre ésta y la discriminación racial, étnica y socioeconómica.
Menos discutida, pero igualmente importante, es la normalización de este tipo de prácticas por parte del neoliberalismo. A pesar de basarse en la idea general de que el bienestar individual es producto de más libertad de mercado y menos Estado, la consolidación de este modelo alrededor del globo ha implicado una mayor intervención por parte del Estado en las actividades de control social, entre ellas la lucha contra el crimen, que ha crecido de la mano de la eliminación de los servicios y redes de apoyo sociales típicos del keynesianismo. Como institución dedicada al policing —entendido no sólo como la prevención del crimen y la defensa de la ley, sino la aplicación de códigos y estándares de conducta “apropiados”—, la policía se ha convertido en un nodo crucial de gobernanza neoliberal.
La inseguridad pública o ciudadana ha sido el discurso principal empleado por el neoliberalismo para justificar la necesidad de contar con más Estado y mayor coerción, llevando al uso generalizado de estrategias punitivas como la encarcelación y la represión violenta a sectores “indeseables” de la población, entre ellos pobres, negros, desempleados e indigentes. Por ejemplo, el International Center for Prison Studies indica que no sólo en Estados Unidos, en donde la población carcelaria ha crecido 400% desde 1980, sino en China, Rusia, Brasil, India, Tailandia, México, Irán, Indonesia, Turquía, Sudáfrica, Vietnam y Colombia, la vigilancia con cárcel se ha disparado.
Más significativo por su impacto en la vida cotidiana general, el control social se ejerce también mediante el policing del espacio, una de las áreas en las que las policías del mundo se han homogeneizado. Además de la gentrificación y la “limpieza social”, diseñadas para asegurar e higienizar determinados espacios, estrategias como “cero tolerancia” y “ventanas rotas”, en combinación con prácticas como las requisas —supuestamente diseñadas para desincentivar la actividad delincuencial y acercar a la policía a las comunidades—, tienden a criminalizar distintas conductas no criminales, como la protesta social, la indigencia, el grafiti, el merodeo, la prostitución y el consumo de sustancias ilícitas, estigmatizando aún más a determinados sectores sociales vulnerables.
Uno de los resultados más nefastos de la neoliberalización de las funciones policiales es que la línea divisoria entre crimen, desorden y aquello que simplemente choca con las formas de vida dominantes se ha tornado muy difusa. La mayor paradoja de las distintas prácticas de vigilancia y castigo que se desprenden de lo anterior es que son contraproducentes como mecanismos de control. En la medida en que penalizan la marginalidad social e irrumpen de forma agresiva en la cotidianidad, reducen aún más la legitimidad de la policía como institución, y con ello la disposición de las personas de respetar la ley y de respaldar los esfuerzos estatales de combate al crimen.