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El crimen del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, secuestrado y asesinado presuntamente por las Farc, lleva hoy a analistas y políticos a replantearse la eficacia de la política de “mano dura” del presidente Álvaro Uribe, que suscita odios y elogios al mismo tiempo.
De un lado están los que, como el analista Vicente Torrijos, creen que esa política, lejos de modificarse, debe “consolidarse”. La llamada política de seguridad democrática, insignia del Gobierno de Uribe y que aboga por combatir militarmente a las Farc, “debe seguir su rumbo”, dijo Torrijos al argumentar que ha tenido “éxito” pese a no estar exenta de “altibajos”.
Ese éxito se refleja en que las Farc no muestran, a juicio de Torrijos, tres signos que son clave para hablar de su eventual reactivación: control territorial, apoyo popular y traducción de sus golpes de fuerza en capital político. La “mano dura” de Uribe parte de la base de que hay una “amenaza” real de las Farc, que en estos momentos obtienen “todo su poder del exterior, de los auxilios de la alianza bolivariana” que conforman varios países encabezados por Venezuela, sostuvo Torrijos
El presidente Uribe “no puede aminorarse, todo lo contrario (…) tiene que actuar como siempre, con vehemencia, con mucho carácter (…) tiene que imponer el orden en el país de la mano de la Fuerza Pública”, subrayó, por su lado, el gobernador del departamento del Tolima, Óscar Barreto. “Tenemos que fortalecer estos procesos de seguridad democrática para podernos defender”, comentó en la misma línea el gobernador de Caldas, Mario Aristizábal.
Otros creen que esa política de seguridad democrática ha entrado en crisis por la reactivación de las guerrillas y el surgimiento de grupos de “neoparamilitares”. Así lo afirmó en un reciente informe la ONG Corporación Nuevo Arco Iris, que alertó de que las Farc han incrementado durante este año sus acciones contra civiles y las Fuerzas Armadas, e incluso han regresado a centros urbanos de importancia en el departamento del Cauca.
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