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El presidente de la República, Gustavo Petro, subestimó lo difícil que es hacer la paz en Colombia. Las consecuencias de ese mal cálculo, sumadas a la indiferencia con los grandes avances que trajo el Acuerdo con las FARC, tienen en cuidados intensivos su política de “Paz Total” y al Catatumbo en conmoción por el recrudecimiento de la crueldad. Con el agravante de que la situación se puede repetir en otros puntos críticos. Utilizar el espejo retrovisor y hablar de problemas estructurales es un diagnóstico a medio camino. La hoja de ruta estaba trazada, pero la Casa de Nariño insistió en inventarse todo desde ceros.
La discusión sobre si lo que ocurre en el Catatumbo es un hecho sobreviniente muestra que nuestro país sigue en medio de un conflicto normalizado. Que más de 80 personas asesinadas y cerca de 40.000 desplazadas en una semana se pueda considerar un hecho previsible arroja un diagnóstico preocupante. ¿Por qué, siete años después de la esperanza que produjo el Acuerdo con las FARC, hoy parecemos caer en las mismas trampas del pasado?
Una primera respuesta, que sin duda respaldan en la Casa de Nariño, es que los años anteriores al actual gobierno fueron de abierta hostilidad a lo pactado. Eso es cierto. A la administración de Juan Manuel Santos se le acabó el tiempo y la gobernabilidad aprobando reformas apuradas, mientras que el gobierno de Iván Duque decidió sabotear muchos de los avances. La estrategia de seguridad de la administración pasada se concentró en dar golpes mediáticos que, en la práctica, poco hicieron para frenar la consolidación de los grupos ilegales a lo largo y ancho del territorio. Mientras tanto, los firmantes de la paz se sintieron abandonados a su suerte y la promesa de un Estado llenando los vacíos que dejaron las FARC se fue diluyendo.
Lo que no esperábamos era que un gobierno de izquierda siguiera con las malas prácticas. Tal vez por asociar torpemente el Acuerdo de La Habana con la “oligarquía” colombiana, desde el principio el gobierno Petro se rehusó a aprender de los negociadores y no sintió la implementación como una oportunidad para construir sobre lo construido. Si el presidente creía que con solo su llegada el ELN haría la paz y el resto de procesos avanzarían a paso firme, ¿para qué perder tiempo en los logros de otra administración? Dos años y medio después, la implementación del Acuerdo que sí tenemos sigue en la precariedad y el proyecto propio de paz del petrismo hace agua.
Lo dijo Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia: “El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia, que aún esperan los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado. La implementación del Acuerdo de Paz es más central que nunca”. Entre líneas está la pregunta: ¿por qué el gobierno Petro se dejó distraer y ha tenido una implementación tan lenta? Culpar al pasado no es suficiente. La seguridad del país entero está en riesgo y los firmantes de paz están siendo asesinados. Diego Tovar, excombatiente de las antiguas FARC, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que “el 80 % de los firmantes se desplazaron de los espacios territoriales y el 66 % están desempleados”.
Si no les cumplimos a quienes dejaron las armas, ¿cómo vamos a aterrizar otros procesos de paz? El mismo Tovar nos da señales: “Para nosotros, en medio de las dificultades, es más gratificante como país y menos doloroso seguir recorriendo el camino de la implementación del Acuerdo de Paz”.
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