“El nivel de sanciones que tiene Colombia es bajo”

Justo cuando empieza el Tercer Congreso Internacional de Competencia Económica, donde se hablará en detalle de la libre competencia como principal eje en el desarrollo de la economía y el fortalecimiento de los mercados, El Espectador habló con Ana Paula Martínez, exdirectora del Departamento de Protección y Defensa Económica de Brasil y exsecretaria adjunta de la Secretaría de Derecho Económico del Ministerio de Justicia, para comparar qué tan duras son las multas impuestas a los carteles empresariales en su país frente a la reciente sanción que recibieron los ingenios y su gremio por lo que, según concluyó la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, fue la configuración de un cartel para manipular los precios del azúcar.

¿Cómo funciona la libre competencia en Brasil en materia de sanciones?

Como política, la autoridad de competencia tiene como foco solucionar el tema de carteles, y para eso puede imponer sanciones que varían con penas de entre el 15% y 20% de la facturación del grupo económico involucrado en el año anterior al inicio de la investigación.

¿Allá tienen prácticas de denuncia? ¿La ley incluye la delación?

Tenemos un programa muy importante en Brasil. El primer acuerdo fue celebrado en 2003 y desde entonces hay más de 40 acuerdos de clemencia o delación compensada, que es más o menos lo mismo que tienen aquí en Colombia. De esa forma se hace la detección de los carteles, y para la construcción de casos muy sólidos, porque en general es muy difícil unir e identificar pruebas y evidencias del ilícito en el que incurre el cartel, por eso hay que contar con la colaboración de alguien que esté adentro. Existe basado en la experiencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que el programa colombiano va por buen camino, va por la misma línea.

Estuve hace un par de años en Colombia, ayudando a construir ese programa de detección de carteles, y deben invertir en el programa de delación, con multas que sean efectivas, disuasorias y también sancionatorias en casos específicos. Para que tenga una idea: en Brasil se detectó un cartel del cemento y este año el Cade, que es la autoridad brasileña en la materia de competencia, impuso una multa de más o menos un billón de dólares estadounidenses. Fueron 3,1 billones de reales.

En Colombia está cursando un proyecto de ley que busca elevar las sanciones a las empresas cartelizadas. ¿Cuál es su opinión?

En general, la idea de aumentar las sanciones tiene sentido. El nivel de multas, de sanciones posibles que tiene el ordenamiento colombiano es demasiado bajo. La multa es fijada por salarios mínimos, y al final mi impresión es que eso no permite sancionar adecuadamente cuando tiene una práctica muy lesiva en las empresas que además son de un porte muy grande involucradas en el cartel. Lo más adecuado sería hacer un tipo de valoración de los daños causados por ese cartel o con el tamaño de las empresas y su facturación. Para el caso de Estados Unidos, la sanción es el 10% de la facturación global de la organización si es una multinacional. En Brasil podemos llegar al 20% de la facturación, pero sólo de Brasil.

¿Los empresarios que incurren en cartelización deberían pagar su sanción con cárcel también?

Ese es el tema de mi tesis doctoral. Estoy convencida de que, para disuadir la práctica de carteles y de crímenes económicos en general, se deben tener unas sanciones combinadas de penales, con la privación de la libertad, y pagos económicos a manera de multa. Hay que encontrar un balance, pero yo creo que quienes lo hacen bien son los norteamericanos. Ponen multas significativas, pero no excesivamente grandes, con penas de cárcel de hasta 10 años. Lo ideal es un equilibrio entre los dos. Aquí se está intentando algo así.

Después de detectar los carteles en Brasil, ¿lograron la libre competencia, que es lo que se busca desde el comienzo?

Hay algunos estudios en relación a casos específicos. Por ejemplo, uno en el que se concluyó que el precio de la gasolina estaba en 2,74 reales porque existía un cartel. Después de la investigación, esa misma gasolina bajó hasta los 2,20 por varios años. Sólo en este caso el beneficio para el consumidor superó los US$10 millones. Era un caso pequeño, pero eso indica lo importante de la detección de los carteles. El Banco Mundial dice que, si se tiene que escoger una práctica ilegal para combatir, esa debe ser la de la cartelización. La OCDE indica que cuando hay un cartel en licitaciones públicas el precio será 33% más alto, y cuando hay un cartel pero no en licitaciones públicas será 15 a 20% más de lo que sería en un mercado competitivo.

¿Esas sanciones servirán para que los empresarios con malas conductas dejen de practicarlas?

Es un desafío que Brasil también enfrentó. No sólo está pasando con acciones de represión sino con campañas de concientización, intentando demostrar cómo funciona en otros países. Colombia está en el mismo paso en el que estuvo Brasil hace cinco o diez años. Los beneficios son palpables, hay que seguir. Los sectores en el mercado tienen que acompañar a la SIC, al aparato judicial, en que sí tiene sentido invertir recursos en la persecución a los carteles con sanciones elevadas.