Piedad Córdoba condena el «orgullo disfrazado de ‘razón de estado’»

"El camino hacia la solución política se construye con el avance de acuerdos humanitarios como el intercambio de prisioneros de guerra puesto hoy sobre la mesa. El sufrimiento de militares retenidos, los presos políticos y de sus respectivas familias debe aliviarse cuanto antes, convirtiéndose en un paso certero hacia verdaderos diálogos de paz. Ningún orgullo y ninguna tozudez disfrazados de ‘razón de estado’ puede estar por encima de la libertad de nuestros compatriotas. El intercambio humanitario es, de seguro, la llave para el avance en otros acuerdos que avancen en la finalización de la guerra", aseguró la congresista en su extenso discurso, que Elespectador.com da a conocer:

El presente congreso del Partido Liberal se enmarca en una coyuntura histórica fundamental para Colombia y la región. Las amplias bases liberales se encuentran a la expectativa de los debates sustantivos que podamos abordar en nuestro Congreso, en aras de aportar soluciones reales a las más acuciantes problemáticas sufridas por la población de nuestro país, que representen un viraje radical a la política implementada por el actual gobierno desde hace mas de 7 años.

Sin negar la importancia de las decisiones de tipo mecánico que el Congreso debe abordar con respecto a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, desde Poder Ciudadano vemos como un deber con el pueblo liberal y la opinión pública colombiana ofrecer una propuesta programática verdaderamente alternativa de cara a representar los intereses de la inmensa mayoría de los colombianos como aporte fundamental de nuestro Congreso.

Nuestro partido, desde los tiempos de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán, ha representado los anhelos de cambio y progreso de los sectores democráticos de la nación, expresando los intereses de los sectores excluidos. La libertad de los esclavos, la promoción de la educación laica, la conquista de las libertades individuales, el reconocimiento de la legislación laboral y la función social de la propiedad, la lucha beligerante contra las dictaduras, la descentralización política entre otras gestas de gobiernos liberales son expresión clara de la orientación históricamente progresista del liberalismo colombiano.

Esta realidad enmarca la vinculación de nuestro partido con la Internacional Socialista, justo en el momento histórico en el que el debate sobre el Socialismo se torna el de mayor actualidad en toda la región latinoamericana. A nuestro congreso le corresponde fijar postura sobre éste y otros temas claves de caracterización de nuestro partido como parte de la izquierda democrática, para lo que presentamos un aporte desde nuestra corriente de opinión, PODER CIUDADANO:

SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO

Nuestro largo conflicto social y armado que alcanza ya las cuatro décadas es un problema que debe ser resuelto de raíz, aprendiendo de las experiencias fallidas durante tanto tiempo. La única salida posible a éste, es la solución política mediante la apertura de un diálogo de paz con la insurgencia armada.

Esta apuesta política consagrada como tal en nuestra declaración ideológica como liberales[1], significa una ruptura con la ilusoria salida guerrerista en la que se ha insistido en los últimos dos gobiernos, y parte de un reconocimiento del carácter eminentemente político del conflicto armado interno y de la irrefutable raíz social del mismo.

En tal sentido, la apertura de diálogos debe iniciarse con la constitución de una verdadera Agenda de Paz que integre los aspectos propios del desarrollo de la guerra, pero también sus causales y combustibles. Deben tratarse entonces los grandes temas nacionales que creen garantías para la paz que incluyen la apertura democrática de nuestro sistema político y la resolución de problemáticas sociales acuciantes como las de la tierra y el empleo.

La solución política al conflicto armado requerirá de la participación y acompañamiento de todas las fuerzas vivas del país, afectadas e involucradas dentro de esta guerra. Así mismo, se deberá contar con el apoyo y facilitación de los representantes de la comunidad internacional, en especial de la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR, si la entidad y las partes así lo aceptan.

El camino hacia la solución política se construye con el avance de acuerdos humanitarios como el intercambio de prisioneros de guerra puesto hoy sobre la mesa. El sufrimiento de militares retenidos, los presos políticos y de sus respectivas familias debe aliviarse cuanto antes, convirtiéndose en un paso certero hacia verdaderos diálogos de paz. Ningún orgullo y ninguna tozudez disfrazados de ‘razón de estado’ puede estar por encima de la libertad de nuestros compatriotas. El intercambio humanitario es, de seguro, la llave para el avance en otros acuerdos que avancen en la finalización de la guerra.

La resolución del conflicto no es solamente la entrega de armas. El fracasado proceso de paz con los paramilitares así lo demuestra. Es un proceso truncado porque no existe ni verdad, ni reparación a las víctimas, ni al país. La extradición de los máximos jefes desmovilizados ha dificultado en extremo esclarecer los crímenes de guerra cometidos y la continuidad de la violencia paramilitar en la actualidad.

Proponemos el retorno de los jefes paramilitares a Colombia a rendir cuentas a nuestra justicia, a pagar por sus crímenes cometidos en nuestro país y a cumplir con su deber de informar toda la verdad oculta hasta hoy, en torno a su financiación, apoyo y sus relaciones en los distintos estamentos de la sociedad. Las tierras y demás bienes arrebatados a los campesinos y al pueblo colombiano, a través de diversos mecanismos de coacción, deben volver a sus verdaderos dueños y no seguir extraviadas entre testaferros y el Estado.

Finalmente, requerimos de unas FF.AA para la paz. Nuestras FF.AA requieren una reingeniería para la paz tan profunda como la que tuvieron para la guerra. No es sostenible para un país que aspira saldar la brecha social, que ha sido combustible del conflicto armado, mantener un presupuesto militar que bordea el 7% del Producto Interno Bruto y requiriendo cada año el aumento de la carga tributaria para alimentar la guerra. El Ejército requiere reducirse –con las garantías necesarias para los veteranos de guerra– y readecuarse técnica y operacionalmente para la preservación de paz en las fronteras; la Policía deberá reorganizarse para garantizar la seguridad ciudadana.

Se requiere reeducar un nuevo mando militar formado en la defensa de nuestra soberanía nacional y el respeto a las libertades ciudadanas, desintoxicado de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la visión maniquea y antidemocrática del enemigo interno, partiendo de la depuración necesaria de toda la oficialidad, envuelta en violaciones de derechos humanos, contubernio con el paramilitarismo y el narcotráfico, casos de corrupción, ‘falsos positivos’ y demás.

DEMOCRACIA REAL Y RADICAL: PODER CIUDADANO

La exigua democracia colombiana se encuentra en peligro como nunca antes en los últimos 50 años. Los pilares básicos de la institucionalidad democrática más formal, que es la que ha caracterizado nuestro régimen político, están hoy en vilo, ante la hipertrofia del poder ejecutivo, gestada desde la figura del actual Presidente de la República y su equipo de asesores. El equilibrio y autonomía de las ramas del poder público, la independencia de los organismos de control, la alternancia en el gobierno y las garantías mínimas para la oposición han sido alteradas por la progresiva concentración de poder en el Presidente. El Partido Liberal debe hacer un llamado a la defensa de la figura del Estado Social de Derecho y la institucionalidad democrática ante los verdaderos ribetes dictatoriales que empiezan a apreciarse en Colombia. No sólo debemos oponernos a los embelecos jurídicos que apuntan hacia la asunción de un poder ejecutivo omnímodo sino que se debe resarcir el desequilibrio institucional creado por la primera reelección, validando el papel de las cortes y organismos de control dentro de una verdadera democracia.

Los ideólogos de la derecha política han remozado disfrazadas de democracia las viejas teorías jurídicas que dieron pie al ascenso de las dictaduras fascistas en Europa. Pretenden presentar como un estado sublime de la democracia, el denominado ‘estado de opinión’ o ‘democracia plebiscitaria’, que no es otra cosa que el manoseo de un electorado manipulado, mientras efectivamente cierran cualquier posibilidad de participación ciudadana sobre decisiones trascendentales –los TLC o las bases norteamericanas, por nombrar algunas–. De manera coherente con nuestra filosofía, apostamos por una democracia real y radical que no se circunscriba al mero ejercicio electoral sino que incluya el fortalecimiento de los mecanismos de participación –bastante cercenados por su reglamentación en la Ley 134–, y posibilite una efectiva descentralización política hacia las regiones y comunidades locales.

Creemos efectivamente en la ampliación del mecanismo del voto para la elección de autoridades locales, magistraturas y organismos de control, pero acompañados del fortalecimiento y poder decisorio de las organizaciones sociales, del poder ciudadano, como mecanismo efectivo de participación y autogobierno de las comunidades.

Será imposible una democracia real si sus protagonistas van en contravía de la misma esencia democrática. Abogamos por una reglamentación y democratización de los partidos políticos y de los medios masivos de información.

Una sociedad democrática requiere partidos fuertes y democráticos. En tal sentido, ratificamos los avances realizados dentro del Partido Liberal como punto de partida para la pronunciación de la participación de los afiliados en las decisiones y dirección del Partido, sendero por el que debemos seguir avanzando en el presente Congreso.

De igual forma, en una sociedad mediatizada como la actual, los medios masivos de información se convierten en protagonistas y gestores claves dentro de cualquier proceso democrático. Los medios masivos no pueden estar fuera de la reglamentación que los comprometa con los principios democráticos constitucionales, con los criterios profesionales de veracidad y objetividad, así como con la garantía de representar el conjunto del espectro político dentro del debate democrático. Es necesario elaborar en Colombia una ley que democratice el acceso a los medios masivos de información, al tiempo que garantice su veracidad y responsabilidad social.

Una democracia real y radical no tolera ninguna forma de dictadura: ni expresa en la estructura de su régimen político, ni soterrada a través del recorte legal y para-legal de las libertades políticas y ciudadanas. Desde el Partido Liberal debemos exigir garantías reales para la asociación y movilización ciudadana, así como para el ejercicio de la oposición política, fundamentos de cualquier democracia.

En la actualidad las libertades sindicales son impracticables en Colombia pese al reconocimiento formal de nuestro país de los Convenios de la OIT.

Tenemos el deshonroso primer lugar en asesinatos de dirigentes sociales del mundo y hay centenas de líderes populares e intelectuales recluidos en condiciones infrahumanas en las cárceles, convertidos en auténticos presos de conciencia como en las peores dictaduras.

La desquiciada batalla contra el denominado ‘terrorismo’ ha dejado de ser un problema realmente jurídico para convertirse en una maniquea cacería de brujas a los opositores políticos del actual gobierno.

Para esta demencial andanada contra la oposición ha sido dispuesto un verdadero tinglado institucional que encabeza la policía política del Presidente, el DAS, hundido hasta el fondo en la persecución de la oposición a través de chuzadas y montajes, en connivencia con narcotraficantes y paramilitares. Esta deformación de nuestras instituciones ha alterado cualquier transparencia en las investigaciones judiciales y violado el derecho al debido proceso, haciendo realmente irregulares y viciados de nulidad los procesos penales contra importantes líderes sociales.

Exigimos las garantías mínimas para la oposición política y las organizaciones sociales. Respeto al derecho de asociación de las comunidades, el cese de la persecución jurídica en contra de los dirigentes opositores, las garantías de seguridad requeridas contra la persecución paramilitar, así como la libertad inmediata de los presos de conciencia.

Nuestra apuesta por una democracia real y radical tiene un compromiso indeclinable con la búsqueda de la igualdad efectiva de los diferentes sectores sociales sobre los que históricamente ha pesado la condena de la exclusión y la opresión en nuestro país.

Postulamos la participación igualitaria de la mujer en la vida política, económica y social como condición fundamental para su autodeterminación y emancipación plenas y como principio esencial de una democracia real. Llamamos a recoger las avanzadas ideas de los socialismos y los feminismos que caracterizan la situación de la mujer en nuestras sociedades y plantean alternativas efectivas de reconocimiento de sus derechos y de mecanismos de equidad.

Así mismo apostamos por el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, indígenas y rom, víctimas de racismo, expropiación, discriminación racial y exclusión social, haciendo real los postulados liberales de un Estado multicultural y multiétnico.

Proponemos para ello, el impulso de políticas públicas y programas de acción afirmativa para reconocer los derechos de estos pueblos partiendo de la promoción y fortalecimiento de sus organizaciones sociales.

Fieles a la tradición liberal más prístina, no podemos vacilar en nuestra apuesta por la defensa y el fortalecimiento de las libertades individuales atacadas hoy por un neoconfesionalismo que realmente raya en lo cavernario. Como liberales, defendemos la autonomía individual en el libre desarrollo de la personalidad, la libertad sexual y de comportamiento. Luchamos por el reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad LGTB y contra cualquier forma de discriminación hacia ésta.

Aunque respetuosos de la conciencia individual, abogamos por el apoyo estatal a la promoción de programas de salud sexual y reproductiva para toda la población sin las talanqueras moralistas y legales actuales. Condenamos la carrera anticonstitucional contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad expresada en la ley de re-penalización de la dosis personal y la creciente creación de opinión inquisitorial como la que promueven en la actualidad la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Precisamente, ante la profundidad de los cambios requeridos para rescatar nuestra democracia (cambios que deben incluir reformas políticas e institucionales sustanciales, además de los aspectos ya mencionados) se hace necesaria la proyección de una nueva Constituyente. No en función de un interés personalista, como lo proponen algunos sectores uribistas, sino en la apuesta de repensar integralmente el país teniendo en cuenta las diversas aristas planteadas en este documento, y teniendo en cuenta ante todo a los sectores sociales que hoy no se consideran incluidos en el actual orden de las cosas.

UN MEDIO AMBIENTE PARA LA VIDA

La ambición del capitalismo está llevando a la humanidad y al planeta al abismo. Desde el inicio de la era industrial, la voracidad del capital ha roto con muchos límites naturales, aumentando en proporciones inimaginables la polución, la generación de desechos y el arrasamiento de recursos naturales no renovables, poniendo en peligro la continuidad de la vida en la tierra.

El fenómeno del calentamiento global y un aparente agotamiento de recursos naturales han prendido las alarmas sobre la situación ecológica global en las últimas décadas. Sin embargo, muchas lecturas pretenden presentarnos el desastre ecológico del capitalismo como un fenómeno natural y/o de responsabilidad de todos. La actual crisis ambiental global y la ostensible mengua de recursos naturales tan importantes como el agua para consumo humano son producto, ante todo, del actual modelo de explotación propio del

más salvaje capitalismo que ha antepuesto la ganancia a la vida humana. Los principales responsables son las grandes multinacionales beneficiadas del modelo y los gobiernos pusilánimes.

La vida y el medio ambiente se han convertido en mercancías, bien para su destrucción o para su conservación.  Las mismas corporaciones que han devastado el ecosistema se enriquecen paralelamente a través de la venta de servicios ambientales, compra de certificados de oxígeno, mercados verdes, administración en concesión de parques naturales o zonas de reserva, el canje de deuda por naturaleza, entre otros inventos del gran capital para hacer rentable para ellos la crisis ambiental. La apropiación de las riquezas naturales, incluyendo esta última perversa forma de despojo disfrazado de ecología, se hace destruyendo el medio ambiente y las comunidades que han sido sus guardianas, o desarrollando políticas de cooptación y funcionalización de éstas.

El capital busca mantener un desarrollo sostenible de sus ganancias, sin importar la sostenibilidad de la vida misma en el mediano plazo. El desarrollo sostenible no considera que la naturaleza tenga un límite de uso, basando sus políticas en un supuesto ilimitado crecimiento económico.

En resumen, el desarrollo sostenible sigue poniendo el centro en la ganancia, proyectada mediante la conservación y exacerbada por la mercantilización de la ecología, sin apuntar hacia el centro del problema: un nuevo modelo social y ambiental que enfatice en la vida y su disfrute, antes que en la ganancia.

En este marco proponemos concretamente iniciativas relacionadas con:

La creación de un nuevo código ambiental alternativo a las irresponsables iniciativas legislativas del actual gobierno: Ley de Aguas, ley de páramos, ley forestal, y código minero, enfocadas todas a la mercantilización de los recursos naturales, al beneficio de las transnacionales y a la destrucción de las comunidades originarias. Este nuevo código ambiental requerirá por demás profundizar las restricciones necesarias sobre la emisión de agentes contaminantes.

Una política de promoción estatal a la agricultura orgánica en el marco de nuestra política de soberanía alimentaria. Se requerirá así mismo, un replanteamiento de la legislación relativa a los transgénicos, las patentes a la biomasa, los fungicidas y la producción de agrocombustibles, poniendo al centro un estudio estricto de las nefastas consecuencias de estos fenómenos en la alimentación, medio ambiente, economía y salud del pueblo colombiano.

Nuestra política ambiental popular tendrá como principio otorgar un papel decisorio a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, recogiendo las experiencias que vienen ejecutando a manera de normas comunitarias para el uso adecuado y la recuperación de los recursos naturales, el respeto por la naturaleza, la fraternidad, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos.

Teniendo en cuenta el carácter global del problema, la gestación de un ambiente para la vida traspasa las fronteras de nuestro país y pasa por la exigencia a las principales potencias contaminantes para acogerse a disposiciones efectivas que representen un viraje frente al actual modelo de explotación de recursos naturales y un rechazo a las disposiciones y políticas internacionales que promueven la mercantilización de la naturaleza disfrazada falazmente como ecología.

RUPTURA CON EL NEOLIBERALISMO: HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Las políticas económicas neoliberales, implementadas en Colombia desde hace veinte años y profundizadas durante estos dos últimos períodos presidenciales, han conducido al debilitamiento del aparato productivo nacional, de su capacidad para la generación de empleo en condiciones de dignidad para las trabajadoras y los trabajadores. Han provocado el aumento de la concentración de la riqueza, de la desigualdad de oportunidades para la satisfacción de las necesidades de las colombianas y los colombianos y, por la misma vía, han llevado a magnitudes escandalosas los fenómenos de la pobreza y la indigencia en nuestro país.

Continuar por el mismo camino implica profundizar semejante problemática, implica seguir fragmentado los tejidos sociales de las diferentes comunidades que hacen parte de la Nación colombiana y, con ello, implica aplazar todavía más la solución estructural del conflicto social y armado que padece el país.

En ese sentido, es necesario llevar a cabo una ruptura con respecto a este modelo económico, es necesario replantear las relaciones entre el Estado y la economía, es necesario abandonar la dogmática neoliberal según la cual los mercados se regulan a sí mismos y, por lo tanto, constituyen el mejor mecanismo para la asignación de los recursos. Por el contrario, debemos reconocer que la actual crisis económica mundial es la crisis de dichos mercados autorregulados y, a partir de este reconocimiento, debemos afirmar que la existencia del Estado no puede tener sentido sino en virtud de su función social, en cuanto que es promotor de las capacidades productivas y en cuanto que es garante efectivo de la realización de los Derechos Sociales de la población colombiana.

Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos:

POLÍTICA PARA LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES:

El replanteamiento de la apertura comercial y del énfasis exportador del modelo económico vigente, fortaleciendo los vínculos con América Latina; puesto que la apertura unilateral de 1990, condujo a una inundación de importaciones en nuestro medio y, por esa vía, a una situación cada vez más complicada para los productores nacionales quienes competían con dichas importaciones y, como su consecuencia, las pérdidas irrecuperables de empleos en buena parte del sector manufacturero durante los últimos veinte años. Del mismo modo, los gobiernos que inician en 1990 han venido poniendo el énfasis en las exportaciones de recursos mineros y productos agrícolas que no requieren un proceso significativo de transformación y no vinculan otros sectores de la economía, haciendo evidente que el sector exportador colombiano no ha sido capaz de generar empleos masivamente y, mucho menos, empleos de calidad.

Es decir, al contrario de lo que plantean los portavoces del neoliberalismo, podemos observar cómo este modelo no ha contribuido con el aumento del bienestar de las mayorías sino al aumento de las ganancias de unas pocas empresas exportadoras de bienes primarios. Y, esta dinámica se profundizará con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, puesto que las empresas que integran la poquísima base industrial sobreviviente quedarían expuestas a condiciones más difíciles en cuanto a la competencia con empresas transnacionales, mientras que las empresas de exportación de productos primarios seguirían beneficiándose: ni más ni menos que el retorno al modelo primario–exportador del siglo XIX, el cual está marcado por relaciones de dependencia entre el país subdesarrollado y la potencia hegemónica o metropolitana.

Por el contrario, podría llevarse a cabo una construcción de relaciones económicas internacionales más democráticas a partir de la profundización de nuestro comercio y demás relaciones económicas con nuestros vecinos más cercanos, con Sudamérica en particular y América Latina en general, por supuesto, sin plantearnos una ruptura con el resto del mundo: con ellos, hasta el momento y en la medida en que se trata de países con niveles de desarrollo similares, son dinámicos tanto el comercio de manufacturas como las inversiones y, paulatinamente, en el futuro cercano es necesario pensar en la elaboración de planes multinacionales de desarrollo que reconozcan explícitamente la complementariedad de estas economías y aprovechen las oportunidades que esta complementariedad sugiere.

Apoyando esta nueva forma de gestión de nuestro sector externo, es bastante conveniente el establecimiento de un sistema de control de cambios y de administración de las reservas internacionales a partir del interés público nacional: su propósito debe ser, por un lado, el desestímulo al ingreso de capitales internacionales especulativos y el favorecimiento de aquellos que se destinen a la inversión productiva; por otro lado, su objetivo es fortalecer las exportaciones y promover las importaciones de máquinas e insumos que no se producen internamente y que pueden contribuir con el progreso de la producción industrial y agropecuaria nacionales.

POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL:

El rediseño o reorientación del sistema financiero, cerrándole el paso a los comportamientos especulativos y poniéndolo al servicio del financiamiento de las actividades productivas. Más que el asunto del mejoramiento de los sistemas de supervisión bancaria, que también es preciso hacerlo, se trata de no seguir permitiendo que ganancias astronómicas de unos pocos se fundamenten en la miseria y el sufrimiento de las mayorías. Ha llegado el momento en que el sector financiero distribuya una buena parte de los recursos que le ha extraído ininterrumpidamente a la sociedad colombiana durante los últimos veinte años y que se han venido acumulando en sus manos. Con tal propósito, debe organizarse un sistema financiero que facilite el acceso al crédito con criterios de justicia económica y en concordancia con las necesidades de financiamiento de las diferentes actividades económicas y de los diversos sectores sociales. Esto significa que la tasa de interés no puede seguir siendo un instrumento de expropiación de la riqueza a favor del sector financiero y, por lo tanto, que el Estado debe diseñar mecanismos de control sobre la misma.

Parte clave de este rediseño o reorientación del sistema financiero pasa por la reestructuración de la política de endeudamiento público, trascendiendo los meros criterios de sostenibilidad financiera y posibilitando la autonomía del gasto público respecto del pago de la deuda. Para ello, debe llevarse a cabo un riguroso proceso de auditoría de la deuda pública, con el objetivo de determinar la naturaleza de las obligaciones financieras en que ha incurrido el Estado colombiano en los últimos veinte años y, en particular, durante los últimos dos períodos presidenciales. Su resultado será la discriminación entre, por una parte, deuda ilegítima, que debe repudiarse y no pagarse y, por otra, la deuda legítima, que será objeto de renegociación en términos de que la prioridad de gasto público debe ser la financiación de la política social, de la inversión en infraestructura y de la promoción de las capacidades productivas nacionales.

Junto con ello, es primordial la realización de una reforma tributaria estructural, la cual promueva una equitativa distribución de la riqueza; es decir, una reforma que marque el acento en los impuestos directos más que en los indirectos: no puede seguir sucediendo que la mayor parte del peso del financiamiento del Estado repose en los hombros de los más pobres mientras que las élites siguen siendo los beneficiarios de la actividad estatal. O sea, no puede seguir ampliándose la base y la tasa de cobro del IVA, no puede seguir existiendo indefinidamente el impuesto a las transacciones financieras, no puede seguir incrementándose la sobretasa a la gasolina, impuestos que terminan pagando la totalidad de las colombianas y los colombianos, mientras que la reducida minoría de grandes propietarios son favorecidos con exenciones, excepciones, subsidios y demás.

Más bien, la función de la tributación debe ser la redistribución de la riqueza en pos de la equidad, dándole contenido al mandato constitucional de construcción de un Estado Social de Derecho para Colombia, traduciéndose en el hecho de que quienes más riqueza reciben de la sociedad le retribuyan a la misma una parte de esos recursos y ésta, a través del Estado, asigne dichos recursos abriendo oportunidades a quienes no cuentan con ellas, en procura de la superación de las dinámicas de pobreza, miseria y exclusión.

Sin embargo, con el fin de fortalecer estas nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad colombiana y el sector financiero se hace fundamental la reforma del régimen del Banco Central, ampliando sus funciones hacia la articulación de la política monetaria con las políticas de industrialización, de promoción de las exportaciones y de fomento a la producción agropecuaria. Por tal motivo, a la Junta Directiva del Banco de la República debe permitírsele abandonar su obsesión con la lucha contra la inflación y comprometérsele con el desarrollo de las fuerzas productivas de la Nación. Para ello, aun conservando su autonomía, esta entidad debe estar más articulada al diseño y ejecución de la política económica y, a su vez, contar con herramientas más potentes para el desempeño de sus funciones, en particular en lo que respecta a los temas crediticios y cambiarios. Así mismo, a partir de múltiples mecanismos, deberá ejercerse un control democrático sobre la gestión de la misma.

POLÍTICA SECTORIAL:

La generación de una política de industrialización articulada con una política de fomento a la producción agropecuaria: es necesario fortalecer una base industrial que, aparte de proveer las mercancías necesarias para el consumo de los colombianos y para la exportación, también sea una fuente de generación masiva de empleo y, en particular, de empleo de calidad. Una base industrial que, a su vez, tenga como uno de sus criterios básicos de funcionamiento, el respeto y el mejoramiento del ecosistema en cada una de las regiones y localidades en que se establezca, a través de la utilización cada vez más intensa de sistemas tecnológicos no contaminantes: por supuesto, esto último exige un esfuerzo por el desarrollo de este tipo de tecnologías, en términos tanto financieros como investigativos, de aprendizaje, implementación y asistencia. Así mismo, es imprescindible la conformación de una política de promoción a la micro, pequeña y mediana empresa en articulación con grandes empresas privadas y públicas, en los sectores de producción de alimentos, de materias primas y de manufacturas, propiciando encadenamientos productivos intersectoriales.

Del mismo modo, la producción agropecuaria debe tener como propósito la seguridad y soberanía alimentarias, esto es el pleno abastecimiento interno de alimentos y también buena parte del abastecimiento de materias primas. En este sentido, la política estatal debe privilegiar los cultivos para la producción de alimentos y garantizar la posibilidad de llevar a cabo este tipo de producción combinando diferentes formas de propiedad privada, estatal y colectiva, favoreciendo condiciones de vida digna para las comunidades campesinas y de mejoramiento continuo de la situación laboral de los trabajadores asalariados rurales. Por supuesto, como requisito de esta nueva organización del campo colombiano se hace ineludible la realización de una reforma agraria, la cual no sólo distribuya la

propiedad territorial sino que también permita la apropiación de herramientas y formas de producción que faciliten y hagan más fructífero este tipo de actividad.

También, se hace obligatoria la reestructuración de la política de hidrocarburos y de la política referente a los demás recursos mineros, con miras al manejo soberano de estos recursos estratégicos, pues se debe pasar de la simple extracción y exportación a la transformación industrial de los mismos, procurando la vinculación de empresas nacionales, privadas y públicas, a estas actividades. Con ese propósito, es urgente la revisión de los términos de los contratos de concesión de su explotación, renegociándolos o cancelándolos en los casos a que haya lugar, en la búsqueda de proteger y mejorar la calidad del empleo de los trabajadores de esas explotaciones, el bienestar de las comunidades circundantes y el ecosistema de las regiones en cuestión.

POLÍTICA SOCIAL:

La organización de un régimen de contratación laboral fundamentado en la promoción de la estabilidad y el reconocimiento y garantía de las demás condiciones y derechos característicos del trabajo decente: en la medida en que reconocemos que la riqueza no surge sino a través de la aplicación del trabajo sobre diversos objetos, materias primas, información, etc., en esa misma medida, reconocemos que debe promoverse el mejoramiento permanente de la calidad de vida de los seres humanos que realizan este ejercicio. Porque son las trabajadoras y los trabajadores quienes crean la riqueza: entonces, no solamente deben ser bien remunerados sino que deben contar con garantías técnicas, económicas y sociales para el cumplimiento de su labor y para el pleno desarrollo de sus capacidades y el disfrute de su vida misma. Del mismo modo, la política estatal debe tener como uno de sus objetivos más importantes la eliminación del desempleo, sin descontar la ayuda que puede brindar una política amplia de ingreso mínimo o subsidio a los desempleados, puesto que este fenómeno no sólo se traduce en una ausencia de ingresos para las desempleadas y los desempleados sino también en un atentado a su autoestima y dignidad.

En ese sentido, es precisa la realización de una reforma al sistema de protección social, en donde los recursos financieros del mismo sean controlados por el Estado y su administración tenga como objetivo, en lugar de la obtención de ganancias para los especuladores privados, la mejoría del bienestar de la población. Es decir, un sistema de protección social fundamentado en principios de universalidad y de solidaridad intersectorial, intergeneracional y entre los diferentes sectores sociales; un sistema en el cual se contemplen y atiendan en su integridad las diversas problemáticas propias de los momentos de la niñez, la juventud, la madurez y la vejez de mujeres y de hombres; un sistema que haga énfasis en la prevención de la enfermedad y en donde el ser humano no se considere como un usuario o un cliente sino como un paciente a quien debe respetarse su dignidad.

Además, es fundamental la edificación de un sistema nacional de educación que integre los niveles básico, medio y superior técnico, tecnológico y profesional, un sistema en el cual se fortalezca la educación pública y el acceso por parte de todas y todos las niñas y los niños, las y los jóvenes. Un sistema que promueva la generación de competencias y la apropiación de los valores democráticos de la sociedad contemporánea. Pero que contribuya no sólo con las competencias laborales sino también con la formación de ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y creativos, más allá de tratar a estas colombianas y estos colombianos como simples datos que presentan éxitos en cuanto a aumentos de la cobertura y contribuyen con la mentirosa legitimación de la gestión de la política social. Un sistema educativo que no excluya a quienes no poseen recursos y que no los condene a ingresar en instituciones, mercantiles más que educativas, que ofrecen programas de baja calidad y que, por eso mismo, reproducen las brechas de ingresos entre las distintas categorías ocupacionales.

El fortalecimiento del Sistema Nacional de Planeación desde una perspectiva no tecnocrática, en la que cobre cada vez mayor importancia la participación ciudadana y se puedan expresar las dinámicas regionales en la elaboración, ejecución y control de los planes de desarrollo locales y nacionales. En este sistema deben expresarse los intereses de los diferentes sectores sociales y económicos, los intereses de las distintas regiones y de la diversidad de comunidades que integran la Nación colombiana, con el objeto de que la concepción, el diseño y la ejecución de la política económica sea el resultado de la discusión política en torno a ella, y su puesta en marcha y mecanismos de control sean lo más representativos y participativos posibles. Aquí ratificamos que no se trata de soslayar las diferencias existentes o de rechazar la pluralidad de formas de vida y de pensamiento en función de una homogeneización autoritaria, por el contrario de lo que se trata es justamente de la construcción de una sociedad en donde se asegure a sus ciudadanos “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana*”.