Dictan orden de captura contra dos oficiales (r) por masacre de Trujillo

El operador jurídico revocó así la determinación de primera instancia de la Fiscalía, que se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra de los altos militares, quienes deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir.

La masacre de Trujillo, perpetrada entre 1988 y 1994, dio lugar a la ejecución de cerca de 342 crímenes, en los que fueron asesinados centenares de campesinos y militantes de organizaciones cívicas relacionadas con el trabajo de la tierra, en la mayoría de los casos por acciones que involucran a grupos paramilitares y efectivos de la Fuerza Pública.

El hecho concreto al que fueron vinculados los militares (r) está relacionado con la desaparición de varios civiles, que se produjo tras el arribo de un grupo de uniformados a esa zona del Valle del Cauca, luego de una alteración al orden público provocada por guerrilleros del ELN en marzo de 1990.

Contreras Peña, quien comandó el Batallón Palacé, adscrito a la Tercera División, también hizo las veces de Juez Penal Militar y conoció casos como en el del Holocausto del Palacio de Justicia, frente al cual determinó que la competencia legal reposaba en esa jurisdicción y no en la ordinaria; el uniformado ya fue capturado y deberá permanecer en el Cantón Norte, en Bogotá.

A su turno, el coronel Ruiz Silva también prestó sus servicios a la Regional No. 8 de la capital colombiana y de momento se encuentra en agregación militar en el Perú.

Los militares deberán permanecer privados de su libertad mientras se desarrolla el proceso jurídico qen su contra frente a su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior homicidio de más de dos decenas de personas.