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Perú debate con un enorme sentido de urgencia qué hacer para enfrentar la inseguridad en el país. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75 % de los ciudadanos dice sentirse muy inseguro en las calles del país. El 42 % consultado también dice haber sido víctima de la delincuencia desde 2020. Solo el 7 % de las personas encuestadas dice sentirse seguro en la zona que habita.
En primer lugar, este problema se le atribuye al aumento del desempleo, producto de la crisis por la pandemia, pero también a la falta de una hoja de ruta efectiva desde el Gobierno para resolver la crisis. Los constantes cambios en el poder, tres presidentes en solo tres años, hacen que sea difícil adoptar soluciones en cualquier ámbito. También está la inoperancia del Congreso, que se concentra en tratar de mantener la estabilidad política.
A estos problemas de gobernabilidad se suma la falta de confianza de la población en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para salir de la crisis, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, propuso la semana pasada una solución inmediata y definitiva: imitar un modelo del exterior que considera exitoso, el del presidente Nayib bukele en El Salvador.
“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, dijo Arévalo.
Con la instalación de un controvertido ‘Plan de Control Territorial’, que consiste en decretar un estado de excepción y el encarcelamiento de miles de personas a las que se relaciona con las pandillas, Bukele logró cerrar 2020 con la tasa más baja de homicidios en 16 años. Así, su modelo ha empezado a ser aplaudido en otros países en la región, entre ellos Colombia.
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Sin embargo, esos resultados que muestra Bukele, y que para muchas organizaciones maquillan los números, vienen con un enorme costo social. Los derechos humanos en El Salvador de Bukele han sido suspendidos. Dentro de estos se encuentra la libertad de asociación y el derecho a la defensa ante las detenciones arbitrarias. Además, las autoridades han adquirido el poder para intervenir las telecomunicaciones sin autorización judicial. Y cabe destacar que la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha documentado desapariciones forzadas, torturas, procesos sin garantías y más de 150 muertes bajo custodia estatal de los presos bajo este régimen de excepción.
Muchos políticos y funcionarios de Perú parecen no tener en cuenta los costos de este modelo. El primer ministro, Alberto Otálora, también elogió el plan de Bukele, asegurando que por este “El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina”. Otálora manifestó que ve con buenos ojos la adopción de medidas similares en Perú. A él se han sumado congresistas, como el fujimorista Hernando Guerra, y alcaldes como el de Callao, Pedro Spadaro, quien citó a Bukele como un “ejemplo para el mundo”.
Este lunes, de hecho, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien también ha alabado el modelo Bukele, recibirá a una delegación de El Salvador que explicará a los alcaldes de Perú cómo funcionan sus medidas contra la inseguridad. La delegación, encabezada por el alcalde de Santa Ana (El Salvador), Gustavo Acevedo, luego visitará el Congreso de Perú, en donde se reunirá con congresistas que están a favor de adoptar el controvertido programa de Bukele.
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Pero no todos ven con buenos ojos las medidas de El Salvador. El exministro del Interior de Perú, Gino Costa, ha dicho que ese modelo es “inaplicable” para su país. “El Salvador es un país 60 veces más chiquito que Perú, con dos grandes maras (pandillas) que ocupan el territorio y están identificados los lugares con su presencia; entonces la política de control territorial, paso previo a la detención masiva, es relativamente fácil”, le dijo Costa a la emisora peruana RPP.
En esto coincide Enrique Castro Vargas, docente de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana. Las lógicas de la delincuencia en Perú giran en torno al robo de celulares, extorsión, trata de personas y minería ilegal, por lo que “hay que perseguir mercados criminales” y no a las personas.
Costa también añadió que, si bien ambos países comparten el problema de la criminalidad, Perú no cuenta con dos organizaciones criminales de gran magnitud, como lo son la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 de El Salvador. Habría, entonces, que atacar la crisis desde otros ángulos. El exministro señala que Perú ya sufrió en un momento por el terrorismo, y logró combatirlo con una política distinta que no tuvo que arrasar la institucionalidad para tener éxito.
“El éxito contra el terrorismo, en parte, fue la inteligencia policial que logró desarticular a la organización terrorista y en otra mano también el trabajo de la sociedad y el Estado en general para desterrar de algunos territorios a Sendero Luminoso”, señaló Frank Casas, experto en políticas de seguridad ciudadana, en El Comercio de Perú, destacando que lo esencial para resolver la crisis es generar mayor seguridad sin que cueste las libertades ciudadanas.
La de Bukele, además, no sería una solución inmediata para Perú. Cabe destacar que el modelo del presidente de El Salvador se sostiene principalmente por la encarcelación de miles de personas. Perú no cuenta con las megacárceles que tiene El Salvador, una de las cuales fue inaugurada este año y tiene la capacidad para 40.000 personas. El país suramericano ya cuenta con una superpoblación en las cárceles. Con la infraestructura actual, adoptar el modelo Bukele conduciría a un drama humanitario en las prisiones, que ya vive su propia crisis.
Otra crítica de adoptar el modelo Bukele en Perú ha sido la propia presidenta, Dina Boluarte, quien manifestó que “la situación de El Salvador tiene su propia particularidad. Los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia; en consecuencia, nosotros de la mano con nuestra Policía y de acuerdo a políticas y lineamientos del Gobierno, conforme de nuestra peculiaridad y particularidad del país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad”.
Luego de cerrar la puerta al modelo Bukele, Boluarte ha propuesto, en cambio, adoptar un paquete de 30 normas para enfrentar el crimen, que incluye la penalización del uso de celulares robados, la expulsión de ciudadanos extranjeros en casos de flagrancia y mejorar la eficiencia de la policía. Estas medidas deberán ser aprobadas por el Congreso.
A pesar de la poca viabilidad que tienen los planes de Bukele en otras naciones, estas ideas son altamente populares. Esto es preocupante para Juan Carlos Ubilluz, profesor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que permite a la ultraderecha afianzar su discurso.
“(Es posible que el modelo de Bukele cale) no porque la alta criminalidad conduzca a la gente directamente a la solución de mano dura, sino porque la ultraderecha viene tratando durante años de instalar la narrativa de que la mano dura es la única solución”, le dijo Ubiulluz a Infobae.
Fuerzas como la de la excandidata presidencial Keiko Fujimori o el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enmarcan esa derecha radical y populista que presenta la “mano dura” como única solución y que, sin duda, hará campaña por el modelo Bukele en las próximas elecciones. Antes de eso, dependerá del Congreso y otras instituciones del Perú ceder ante estos planes que, según documentos, han violado los derechos humanos, y cuyo éxito no ha sido suficientemente estudiado.
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